Por Miguel Croceri (*)
El título de esta columna de opinión tiene el propósito de llamar la atención de las/los lectores (quizás de manera tonta o frívola, pero eso carece de importancia) para reflexionar acerca de los resultados arrasadores que están provocando las llamadas “facultades delegadas” que el Congreso le otorgó a Javier Milei a través de la “ley Bases” (cuyo ampuloso nombre oficial completo, emulando al texto escrito por Juan Bautista Alberdi de 1852, es “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos).
“Artículo 1º- Declárase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año – Deléganse en el Poder Ejecutivo nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia (…)”, dicen algunos conceptos fatales de la norma sancionada a mitad de este año por una mayoría de diputados/as y de senadores/as de la Nación. (Puede accederse al texto completo de la ley Bases, publicado en el Boletín Oficial de la Nación).
Traducidos a los hechos políticos contantes y sonantes, esos términos significan haberle concedido atribuciones especiales al presidente de ultraderecha y al conjunto del régimen institucional y corporativo que él encabeza.
Dichas atribuciones, si se combinan que otras condiciones que en el actual escenario nacional resultan factibles y muy probables, eventualmente se transformarían en la suma de los poderes públicos y privados.
Esto último podría ocurrir porque el gobierno nacional y la mayoría parlamentaria que lo han apoyado en las votaciones más trascendentes, disponen además del manejo de reparticiones armadas del Estado (policías, militares, aparatos clandestinos dentro de los servicios de inteligencia, etc.), la complicidad de funcionarios que ocupan cargos estratégicos en el Poder Judicial, la propaganda constante de las estructuras de comunicación que influyen fuertemente para conformar creencias y opiniones en la sociedad, el sostén de fracciones dominantes del empresariado local y trasnacional (aquí se incluyen instituciones como el Fondo Monetario Internacional y los conglomerados financieros conocidos como “fondos buitre”), y el respaldo global de sectores claves de Estados Unidos y de aliados como Israel, entre otros.
Es decir, la suma de los poderes públicos y privados.
Décadas presionando por una “reforma laboral”
Con la impunidad que le garantizan las corporaciones y factores de poder del país y del exterior (como los ejemplificados en el párrafo anterior), Milei se toma muy en serio las “facultades delegadas” y arremete para imponer el modelo de sociedad que él denomina “capitalismo de libre empresa”.
Hasta el momento, el más ambicioso intento para modificar la estructura económica y social a favor de las clases propietarias y en contra de las/los trabajadoras/es, es la “reglamentación” dispuesta por decreto el pasado jueves (26/09) a partir del capítulo de “reforma laboral” establecido en la ley Bases.
Entre otras cláusulas, la disposición presidencial amplía el periodo “de prueba” durante el cual una empresa puede mantener a un empleado nuevo sin garantizarle estabilidad; autoriza la puesta en marcha de los “fondos de Cese Laboral” que podrían sustituir en ciertos casos el pago de indemnizaciones por despido; refuerza la figura del “trabajador colaborador” o “colaborador independiente” a través de la cual se encubre una relación de dependencia y también tiende a evitar el pago de indemnizaciones; y bajó las multas que regían legalmente para empresas y otros empleadores que cometieron fraudes laborales. (Una breve reseña de la reglamentación fue publicada en el portal de noticias InfoGremiales, nota del 26/09/24).
Una vez conocido el decreto de “reforma laboral”, la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina (CTA) advirtió contra su “manifiesta inconstitucionalidad”. Detalló transgresiones legales como por ejemplo legislar “otra vez” en contradicción con la propia “ley Bases”; violar el principio de “irretroactividad” de las leyes al disponer que las futuras relaciones entre empleador y empleado/da pueden cambiar los términos de la histórica Ley de Contratos de Trabajo (LCT) y reemplazarlos por esta nueva normativa; y denunció que el Estado abandona su obligación constitucional de garantizar la “protección contra el despido arbitrario”.
Además, como asunto de máxima importancia, la central sindical destaca que la reglamentación apunta fundamentalmente a fomentar los “fondos de Cese Laboral” similares -aunque “peores”, según su alerta- a los que rigen desde la época de la dictadura en la actividad de la construcción.
Señala que “hay olor a negocio en toda esta reglamentación”, y que “eso se observa en permitir que la indemnización del trabajador/a pueda ser administrada por ‘Fondos de Inversión Abiertos de Cese Laboral’”. Explica que se trata de “fondos manejados por financieras, con claro fin lucrativo, una rémora de AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, que debido a la privatización obligatoria de las jubilaciones rigieron en el país desde 1994 hasta la recuperación pública del sistema en 2008), pero “ahora (haciendo lo mismo) con las indemnizaciones del trabajador/a”. (Acceso a comunicado de la CTA, publicación del 27/09/24). https://www.cta.org.ar/la-reglamentacion-de-la-reforma.html
La “reforma laboral” es uno de los objetivos de largo alcance más persistentemente buscados durante décadas por las élites capitalistas argentinas. Además, el planteo cuenta con importantes niveles de consenso en sectores de pequeños y medianos empresarios y comerciantes, quienes observan en ese tipo de legislación la posibilidad de reducir sus costos laborales y riesgos económicos.
Al ataque contra Aerolíneas
Puesta en marcha esa ambiciosa y estratégica medida -que de todos modos deberá atravesar recursos judiciales en su contra e infinitos laberintos legales hasta que, quién sabe cuándo, las controversias sean resueltas por la todopoderosa Corte Suprema de Justicia-, de inmediato el mileísmo y sus aliados se lanzaron velozmente al asalto de la propiedad pública de Aerolíneas Argentinas y a la destrucción misma de la empresa nacional de aviación.
El gobierno presentó un proyecto de ley que raudamente empezó a ser tratado en comisiones de la Cámara de Diputados. Pero además el presidente de la Nación emitirá en estos días un decreto para imponer que la compañía aerocomercial está “sujeta a privatizacion”, según anunció el viernes (27/09) el vocero Manuel Adorni. (Artículo del portal Parlamentario, nota del 27/09/24).
La empresa había sido excluida de la lista de privatizaciones fijada en la propia “ley Bases”, como “anzuelo” para obtener el apoyo suficiente en el Congreso (Detalles, en el sitio web Cba-24-N, nota del 12/06/24).
Sin embargo (y volviendo al título de esta columna), “Aquí están / soy por ley/ los poderes de Milei”. Burlando lo acordado con legisladoras/es y los límites del Estado de Derecho, ahora el jefe del régimen se ampara en artilugios legales de las “facultades delegadas”, del DNU-70 (Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023), y asimismo de la vieja ley de Reforma del Estado de la época de Menem, para presionar por la venta de una compañía pública determinante para el desarrollo nacional y la conexión territorial del país.
Para conseguir la aprobación de la “ley Bases” en el Senado, votaron a favor el Frente Pro, el radicalismo (UCR), La Libertad Avanza (LLA, libertarios), tres peronistas del bloque Unidad Federal, otros tres de Cambio Federal, dos del Frente Renovador de la Concordia (de Misiones), una de la bancada “Por la Justicia Social”, la única senadora del bloque Comunidad Neuquén, Lucila Crexell (aliada del gobernador Rolando Figueroa), y la única representanta de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva (aliado del gobernador Aberto Weretilneck). La votación resultó igualada: 36 a favor y 36 en contra. Desempató la vicepresidenta Victoria Villarruel. (Un relevamiento del portal Infobae puntualizó caso por caso cómo fue el voto de cada senador/a. Nota del 12/06/24).
En la Cámara baja, respaldaron la ley con su voto los/las diputados/as de la Unión Cívica Radical (UCR), La Libertad Avanza (LLA), Frente Pro, Hacemos Coalición Federal (HCF), Coalición Cívica, Innovación Federal (IF, bloque conformado por legisladores/as de partidos provinciales, entre ellos un representante de Juntos Somos Río Negro), y otras/os que actuaron en forma individual, incluyendo a Osvaldo Llancafilo (del Movimiento Popular Neuquino, MPN). En cambio, votaron en contra la totalidad de las/los legisladoras/es de Unión por la Patria, los cinco de la izquierda y tres disidentes de HFC (Hacemos Coalición Federal). Se abstuvieron una integrante de la Coalición Cívica y otro del bloque Por Santa Cruz. (El detalle consta en un informe publicado por el diario La Nación. Nota del 27/06/24).
Una mayoría -aunque muy reñida en el Senado- de integrantes de las dos cámaras del Parlamento, le concedieron atribuciones enormes a un presidente que es portador de una ideología extremista y está obsesionado con su misión de “destruir el Estado desde adentro”. Las consecuencias las paga hoy la gran mayoría de la población y en el futuro serán una carga pesada para varias generaciones.
(*) Publicado en www.vaconfirma.com.ar
