«Cristina presa, Cristina presa», fueron los cánticos que invadieron el acto que encabezó este sábado el presidente Javier Milei en Parque Lezama, atravesado por la violencia y los discursos de odio, en que el mandatario tomó nota y dejó un mensaje al Poder Judicial: «Señores jueces, teléfono».
El teléfono sonó y fue rápidamente contestado. Así lo informó el diario La Nación: «Causa vialidad. La Justicia confirmará la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner».
El juicio por la causa vialidad comenzó en mayo de 2019 y finalizó en agosto de 2022. Para la exvicepresidenta, la condena ya estaba escrita de antemano.
Al concluir el proceso judicial, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la pena de doce años de prisión parar Cristina Fernández de Kirchner como presunta autora penalmente responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración infiel en perjuicio del Estado por la adjudicación de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015; y la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos: la proscripción.
Tras el mensaje del presidente, los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña preparan el fallo para resolver si se confirma, revoca o agrava la condena a la exmandataria.
En caso de que la Cámara confirme la condena de seis años de prisión, Cristina Fernández de Kirchner podrá apelar ante la Corte Suprema de Justicia.
El rechazo
Luego de que se conociera mediáticamente la respuesta del Poder Judicial al pedido del presidente, desde el kirchnerismo salieron a rechazar la jugada política, que consideran que se trata de una nueva persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner.
«Después de meses de dormir la causa, de pronto hay novedades justo cuando se conoce que el gobierno nacional creó más de cinco millones de nuevos pobres en sus primeros seis meses de gestión», apuntó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.
«En lo esencial, no hay derecha nueva: es la misma de siempre, que, cuando estallan los problemas que generan sus políticas desastrosas, apelan a la represión o a la persecución judicial contra quienes ejercen oposición verdadera y no solo de palabra».
Mayra Mendoza apuntó a que la persecución judicial contra Cristina es «porque es quien expresa un modelo de dignidad para la Nación Argentina y para su pueblo. El poder real (gobierno actual + macrismo + medios de comunicación + poder judicial + establishment empresarial) lo sabe y, por eso, quieren correrla de la cancha».
En esta misma línea, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, dejó expuesta la articulación entre grupos de medios, Poder Ejecutivo Nacional y un sector concentrado de la Justicia: «no es otra cosa que una impunidad sin límites».
«La sociedad en su conjunto necesita un sistema más justo, más transparente y no este mamarracho institucional que se ha vuelto, básicamente, un mero instrumento del poder real y permanente de nuestro país», recalcó el ministro de Justicia bonaerense.
Por su parte, el senador provincial de Unión por la Patria, Emmanuel Gonzalez Santalla, expresó en sus redes sociales: «Milei pidió en Parque Lezama que los jueces condenen a Cristina, y hoy los jueces le contestan en La Nación que tienen todo listo».
«El que te diga ‘Si Cristina NO QUIERE ser candidata, que se corra y deje a tal o cual’ es un miserable y en alguna joda rara debe estar».
Desde el bloque de senadoras y senadores nacionales de UP lanzaron un comunicado en donde denunciaron que la Justicia busca proscribir a Cristina Fernández de Kirchner a través de la «clara maniobra de la guerra jurídica con la que se busca sacar de carrera a CFK».
En este marco, y dentro del ámbito legislativo, resaltaron el pacto entre Milei y Macri para que el Congreso apruebe la llamada «Ley Ficha Limpia», que «conforma el otro brazo de esta maniobra de pinzas políticas, mediática y judicial, que tiene un solo objetivo: proscribir a CFK», y consideraron que es un hecho «inconcebible para la vida democrática».
Este nuevo capítulo judicial se enmarca en un contexto de feroz ajuste del Gobierno nacional, que tuvo como consecuencia que la pobreza alcance el 52,9 % de la población.
«Repudiamos este tipo de maniobras y exigimos que se terminen, de una vez por todas, situaciones como las denuncias que afectan de plano la libertad de las personas, la vida en democracia y el estado de derecho», solicitaron en el comunicado. Y agregaron: «Queremos que se haga justicia y que se respeten las garantías constitucionales».
