Por Miguel Croceri (*)
“Juzgadoras y juzgadores mejor preparados, sensibles a los problemas de las personas”.
“Tolerancia cero a la corrupción y al nepotismo”.
“Defensoras y defensores públicos, verdaderos abogados del pueblo”.
“Justicia digital más ágil”.
Con esos conceptos destacados se presenta la información oficial del gobierno de México acerca de la “Reforma Constitucional en materia de Justicia Federal”, sancionada por impulso del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y que a partir de ahora deberá llevar a la práctica la nueva mandataria Claudia Sheinbaum, quien recientemente (el martes 01/10) asumió el cargo. (En la foto que encabeza esta nota, meses atrás López Obrador y la entonces candidata Sheinbaum presentaban el proyecto de reforma judicial).
Como se sabe, tanto AMLO como su sucesora pertenecen -y él además ha sido fundador y líder- al Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), fuerza política que en sentido amplio suele ser denominada “de izquierda”, o con categorías conceptuales como “de centroizquierda”, “reformista” o “progresista”, entre otras.
Más allá de cualquier precisión al respecto, desde el comienzo de la presidencia de López Obrador hace casi seis años (fue en diciembre de 2018) el gobierno de México denominó a su propio proceso político como la “Cuarta Transformación”, abreviada para los usos comunicacionales de esta época con un número y una letra: “4T”.
(El nombre y su sigla aluden a una continuidad de intereses entre la atapa actual y otras tres anteriores desarrolladas en las últimas dos centurias: la “Independencia” forjada entre 1810 y 1821, que significó la liberación del dominio de España; luego la etapa de la “Reforma” en 1858/61, cuyo contenido emblemático fue la separación entre el Estado y la Iglesia Católica; y hace algo más de un siglo la “Revolución”, que tras un conflicto armado entre 1910 y 1917, produjo radicales transformaciones en la estructura económica y social mexicana, incluidos cambios profundos en el régimen de propiedad de la tierra. Una breve explicación sobre las “4T” consta en un artículo de la cadena pública británica BBC-Mundo, publicado cuando AMLO iniciaba su sexenio presidencial. Nota del 04/10/2018).
Las transformaciones propuestas para el Poder Judicial son múltiples, pero la más trascendente es la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular. Hasta ahora el sistema estaba manejado por “una oligarquía que sirve solamente a los que tienen influencias, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de guante blanco”, dijo López Obrador el mes pasado, luego de la aprobación de la reforma. (Crónica del diario mexicano Jornada, nota del 19/09/24).
La corajuda decisión de los dos gobiernos de Morena en México (el saliente y el de la nueva presidenta), será a partir de ahora una referencia fundamental respecto de cuánto pueden conseguir las autoridades surgidas del voto ciudadano que intenten transformar estructuras corrompidas de la judicatura (mal llamada “justicia” o, peor áun, “Justicia” con mayúsculas).
Particularmente desde la segunda década de este siglo, América Latina sufre el accionar devastador de Poderes Judiciales antidemocráticos que utilizan todo su peso dorporativo y su investidura jurídica para impedir los avances populares en distintos países.
Contra gobiernos populares y sus líderes
Como pieza clave para sostener el dominio que ejercen en la región las élites económicas, las clases sociales privilegiadas y la hegemonía estadounidense, las fracciones dominantes de los sistemas de jueces y fiscales descargan la violencia jurídica en contra de gobiernos y/o líderes políticos que representan los intereses de las mayorías sociales.
El primer hecho de este tipo tuvo lugar en 2009 en Honduras, cuando el presidente Manuel Zelaya fue detenido por militares en su residencia, secuestrado por varias horas en una base militar y luego expulsado del país. El golpe de Estado fue avalado por la Corte Suprema de Justicia hondureña. (Información de Página 12, nota del 16/11/2009).
En Brasil, hacia mediados de la década una mayoría del peligroso Parlamento derrocó en 2016 a la presidenta Dilma Rousseff, con la complicidad de un aparato judicial golpista y de los poderes mediáticos hegemónicos. Posteriormente, jueces y fiscales corrompidos perpetraron la persecusión, condena, proscripción y encarcelamiento de Lula Da Silva.
El resultado fue que en las elecciones de 2018 -con Lula impedido de competir- ascendió al gobierno el ultraderechista Jair Bolsonaro. (Cuando este último había ganado la primera vuelta pero aún faltaba el balotaje, VCF publicó una columna que analizaba la función de los supuestos “jueces anti-corrupción” para abrirle paso al extremismo neofascista. Nota del 08/10/2018).
En Ecuador, desde que finalizó la presidencia de Rafael Correa en 2017, él mismo y gran parte de la dirigencia de la fuerza política que lidera (“Revolución Ciudadana”) sufren persecución, cárcel o exilio. Una de las víctimas es el ex vicepresidente Jorge Glas, acosado judicialmente con falsedades y simulacros de “juicio”, encarcelado por primera vez hace siete años.
Glas consiguió en ese tiempo consiguió salir libre durante breves periodos. En diciembre pasado se refugió en la embajada de México, pero en abril de este año fue capturado allí mismo por orden del gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa, quien para ello ordenó un asalto militar y policial al edificio diplomático. (Puede accederse a más detalles en una declaración en favor de su libertad, emitida en junio por Grupos de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Clacso. Posteo del 18/06/24).
Pero además está exiliado el propio Correa, quien reside en Bélgica, país donde cursó estudios de posgrado cuando era joven y del cual es oriunda su esposa. Ese estado de la Unión Europea le concedió asilo en 2022 (Información de la cadena pública francesa France-24, nota del 22/04/2022), mientras la judicatura ecuatoriana pretende meterlo preso. También otros/as dirigentes correístas son perseguidos/as, entre ellas/os la ex presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, hoy exiliada en México.
En Argentina
Argentina es uno de los países más afectados por la embestida de la judicatura antidemocrática. Cristina Kirchner está condenada y proscripta, aunque por el momento no fue encarcelada -le dictaron una pena de seis años y medio- porque la sentencia se encuentra en instancias de apelación.
Al mismo tiempo, en el colmo de la corrupción moral e ideológica de funcionarias/as judiciales, se advierten públicamente maniobras de encubrimiento a los responsables políticos y empresariales del atentado sufrido hace dos años por la entonces vicepresidenta de la Nación. (El tema fue desarrollado en julio pasado por el abogado y militante político Juan Martín Mena, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en una entrevista para el portal Perfil. Nota del 26/07/24).
También está condenado y proscripto el ex vicepresidente Amado Boudou. Peor aún: sufrió personalmente la cárcel. Además el fallo condenatorio ya fue avalado por la Corte Suprema -o sea que existe lo que se denomina “sentencia firme”-, por lo cual tiene prohibido en forma perpetua ocupar cargos públicos o ser candidato.
La líder jujeña Milagro Sala, a su vez, fue tomada como prisionera por el régimen político y judicial de su provincia en enero de 2016. Desde entonces se ejecutaron en su contra diversos y crueles simulacros de juicio para darle apariencia de “legalidad” a la persecución.
Asimismo, han padecido la cárcel distintos ex funcionarios kirchneristas, como Julio De Vido, Carlos Zannini y Héctor Timerman. Este último no llegó a estar encarcelado en sentido estricto sino bajo prisión domiciliaria, porque estaba enfermo de cáncer. Pero a raíz de decisiones judiciales se demoró durante meses la vista para viajar a Nueva York, ciudad donde podían tratarle de forma adecuada un tipo específico de enfermedad que sufría. No pudo acceder en tiempo y forma a los cuidados médico que necesitaba, y murió el 30 de diciembre de 2017.
(Un año después de la muerte de Timerman, el martirio de quien fuera ministro de Relaciones Exteriores de Cristina Kirchner fue recordado por la abogada Graciana Peñafort, que había sido defensora suya y amiga personal. En un hilo de Twitter reproducido luego por la revista digital Zoom, respondió a un jerarca periodístico de la derecha que usó la memoria del fallecido ex canciller para atacar a la líder del kirchnerismo. Nota del 02/01/2019).
(Hace algo más de dos años, el periodista y analista internacional Héctor Bernardo publicó en Contexto un artículo titulado “Lawfare: un mismo libreto para toda la región”, donde se explican los diferentes casos en América Latina. Nota del 27/08/2022).
Ahora, Chile
Ultimamente los poderes judiciales antidemocráticos están demostrando en Chile que siempre pueden ser peor todavía. En ese país actúan de manera “preventiva”, es decir destruyendo de antemano la legitimidad política de un dirigente que nunca ocupó altos cargos nacionales pero posee condiciones para, eventualmente, llegar a hacerlo.
La víctima, que se encuentra en prisión, es el dirigente de izquierda Daniel Jadue, popular alcalde de la comuna de Recoleta. (En sentido opuesto a la resonancia que ese nombre tiene en Buenos Aires, en el caso chileno se trata de una zona urbana de clases bajas y medias. Es un área que forma parte de Santiago, la capital del país)
El alcalde ganó por primera vez allí en 2012. En la última elección municipal de 2021, fue reelegido con el 64 % de los votos. Ese año también se postuló como precandidato a presidente en la elección primaria de los espacios progresistas y de izquierda, y fue superado por quien sería luego vencedor en los comicios generales, el actual mandatario Gabriel Boric.
Jadue integra el Partido Comunista, proviene de ascendientes palestinos, es sociólogo y también arquitecto. Durante su gestión en Recoleta impulsó un sistema llamado “Farmacias Populares”, que permite al municipio adquirir medicamentos a menor precio y trasladar ese beneficio a la población. Debido a su labor de gobierno fue elegido presidente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares
También implementó una política habitacional con sentido social y un régimen de ayuda para inquilinos, mediante los cuales miles de personas tuvieron facilidades para acceder a una vivienda propia o en alquiler.
Víctima del hostigamiento de poderes que manejan el negocio de los medicamentos y el mercado inmobiliario, fue denunciado -con cualquier pretexto, como es habitual- por una compañía importadora de fármacos. Paralelamente recibió ataques del poder económico en general, de las cadenas mediáticas más influyentes y de políticos de derecha y ultraderecha.
El paso siguiente fue que funcionarios judiciales ordenaran meterlo preso, y así el conjunto de los sectores oligárquicos le pusieron freno a un líder popular emergente que amenazaba los intereses del salvaje capitalismo chileno, el primer modelo “neoliberal” que se implantó en el subcontinente, hace cinco décadas.
(El académico argentino José Salvador Cárcamo, docente universitario e investigador en temas económicos, en un artículo publicado por el diario cooperativo Tiempo Argentino explicó meses atrás las razones de la “guerra jurídica” contra Daniel Jadue. Nota del 09/06/24).
Como puede observarse en una gran cantidad de países de América Latina, las corporaciones judiciales cumplen la función de someter bajo su dominio a los poderes democráticos, para defender privilegos de las clases oligárquicas y garantizar la hegemonía de Estados Unidos en la región.
La profunda reforma judicial que empieza a implementarse en México podría llegar -eventualmente- a tener trascendencia histórica en ese país y a nivel continental. Pero eso se sabrá con el tiempo. Por el momento, es un magnífico intento que está bajo ataque de los intereses amenazados y será sometido a las duras pruebas de la realidad.
