A pesar de no existir ninguna irregularidad en el funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el juez federal Claudio Bonadio ordenó ayer un allanamiento en las oficinas del organismo con el fin de buscar el expediente del Grupo Clarín en el que se plasma su adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, luego de que el conglomerado de medios se resistiese a adaptarse y denunciara a los directivos de la entidad por un supuesto abuso de autoridad.
Directivos de AFSCA sostuvieron que la información requerida por la Justicia es de acceso público y se entrega por pedido previo, por lo que el allanamiento fue totalmente inesperado y sin saber siquiera de qué trataba la causa. Incluso los demandantes podrían haber hecho un requerimiento judicial para obtener la documentación.
Los policías e inspectores que actuaron por orden de Bonadio e ingresaron a las oficinas también fueron en busca de “las actas del directorio del organismo que están publicadas en la web”, indicaron los mismos funcionarios.
“Este allanamiento es una decisión vergonzosa que se enmarca en el contexto político actual de la inminente asunción como presidente de Mauricio Macri, que demostró con esto no respetar los mandatos que duran hasta 2017, por lo tanto no respeta la ley”, dijo a Contexto Fernando Torrillate, director nacional de Imagen y Comunicación de AFSCA.
“Este allanamiento es una decisión vergonzosa que se enmarca en el contexto político actual de la inminente asunción como presidente de Mauricio Macri.»
Torrillate hace referencia a la reunión que tuvo antes de ayer Martín Sabbatella, titular de ASFCA, con el candidato a sucederlo en ese puesto por el macrismo, Miguel de Godoy, secretario de Medios de la Ciudad, enviado por Macri para exigir la renuncia de Sabbatella a pesar de que este último tiene cargo hasta 2017, con el propósito de desembarcar en ASFCA y así anular el cumplimiento del Grupo Clarín a la ley.
«Ayer (por antes de ayer) vino Miguel de Godoy, con quien tuvimos una reunión muy cordial, y ellos nos plantearon que querían asumir el 10 diciembre próximo. Entonces yo les leí el artículo 14 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que dice con claridad que nuestros cargos están desacoplados de los mandatos presidenciales y que no admite otras interpretaciones, por lo cual, si quieren asumir, tendrán que esperar al 10 de diciembre del 2017”, sostuvo Sabbatella en conferencia de prensa inmediatamente después del allanamiento
«la ley de medios dice con claridad que nuestros cargos están desacoplados de los mandatos presidenciales y que no admite otras interpretaciones.»
«Ayer (por antes de ayer) les dije que no voy a renunciar y hoy (por ayer) ordenan allanar; es difícil no relacionarlo», criticó Sabbatella. Consultado para dar una explicación por el atropello, contestó: “Estamos ante la sensación de un estado mafioso con la articulación de una parte del Poder Judicial en favor de los intereses económicos concentrados, y una parte de la política que responde a esos intereses».
Siguiendo esta idea de “trama mafiosa” construida entre distintos sectores con un mismo objetivo político, Torrillate agregó a este diario que “ciertas figuras de la Justicia (la misma que prorrogó hasta el 16 de enero la adecuación del Grupo Clarín a la LSCA), junto a los monopolios mediáticos de alto poder económico y comunicacional, están más que dispuestos a hacer favores al poder político que será gobierno desde el 10 de diciembre”.
“Todo allanamiento es una medida que se utiliza contra aquel que no brinda la información requerida previamente, que se resiste a hacerlo; sólo en esas ocasiones se concede, situación que no ocurrió en este caso”, cerró Torrillate.
