Por Florencia Abelleira
El abogado Edgardo González es el responsable del Centro de Atención Jurídica Gratuita para Productores Agropecuarios Familiares. Ante las consultas jurídicas que le hacían desde distintos proyectos universitarios vinculados con productores familiares del cordón hortícola, decidió conformar este espacio desde el que organizan talleres, charlas informativas, jornadas de trabajo y también brindan asesoramiento jurídico. Desde allí, han ayudado a que trabajadores rurales puedan constituir sus propias asociaciones civiles o cooperativas.
En diálogo con Contexto, hizo un análisis de la situación en la que se encuentra hoy este sector y cuáles son sus desafíos una vez que Mauricio Macri asuma como presidente.
– El 24 de noviembre la Corte Suprema de Justicia atendió la denuncia de Gerónimo Venegas y declaró inconstitucional el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), organismo estatal mediante el cual se fiscalizaban campos para controlar el trabajo en negro y esclavo. ¿Qué implica la disolución del RENATEA y la vuelta del RENATRE para los trabajadores agrarios?
– Esto es un retroceso muy grande para los trabajadores teniendo en consideración cómo se había comportado el RENATRE. Uno puede discutir si el mejor mecanismo es que sea un organismo autónomo o que esté bajo órbita del Ministerio de Trabajo; lo que está claro es que, mientras fue autónomo, claramente estuvo al servicio del sector patronal y no en defensa de los trabajadores.
Desde ese punto de vista, uno dice que es un gran retroceso en demérito de los trabajadores agrarios, que es un sector que por sí tiene grandes problemas; en su mayoría están de manera ilegal.
– ¿Por qué cree que, a pocos días de que Mauricio Macri asuma como presidente, la Corte atendió la denuncia que Gerónimo Venegas venía haciendo desde hacía tres años para recuperar el RENATRE?
– La cuestión es que cuando se sanciona el nuevo régimen del peón a fines de 2011 se modifica la Ley 25.191 que había creado en su momento el RENATRE como un organismo autárquico que estaba en cabeza de las cuatro entidades de la mesa de enlace, más el gremio UATRE como representación de los trabajadores agrarios. Esta nueva legislación hace que este organismo pase a la órbita del Estado en dependencia del Ministerio de Trabajo para realizar un mejor control y manejar la caja de ingreso de ese organismo para hacer frente a problemáticas que tengan los trabajadores agrarios.
Esa decisión fue resistida por UATRE y su representante, que es Gerónimo «Momo» Venegas. Y este retardo en la Justicia en resolver tiene que ver con que en este caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación se acomoda a los tiempos políticos vigentes.
En este sentido, se desempolva un expediente y toma una decisión a tono con el nuevo gobierno. En la plataforma de Cambiemos estaba claramente que el RENATEA vuelva a ser RENATRE. Siempre lo dijeron y fue un acuerdo entre Venegas con Cambiemos.
– Desde la sanción en 2011 del nuevo Estatuto del Peón Rural, ¿cómo cambió la situación de los trabajadores agrarios en el país?
– La legislación que teníamos desde la última dictadura respetaba muy poco los derechos de los trabajadores y hasta violaba directamente cuestiones centrales, como que los trabajadores temporarios no tenían derecho a huelga, cuando es una garantía constitucional. Hubo una legislación extremadamente flexible, favorable al sector patronal.
Cambiar esto es muy difícil. Lo que es necesario es tener una ley acorde que defienda los derechos de los trabajadores. Entonces, esta legislación fue en ese camino con la implementación del RENATEA o con las intervenciones del Ministerio de Trabajo y de Justicia respecto a trabajo en negro y trata de personas.
Este avance se puede comparar con el Estatuto del Peón de Campo del primer peronismo, donde uno veía que era difícil de cumplimentar, pero claramente lo que marcó fue una conciencia de los trabajadores, que no es poca cosa.
Esta ley lleva muy poco tiempo en práctica y lo que hizo principalmente fue sembrar conciencia en los trabajadores de los derechos que tienen.
– El sector de la Agricultura Familiar se vio fortalecido mediante distintas políticas públicas e iniciativas por parte de organismos estatales como el INTA o el IPAF. ¿Cómo es la situación laboral hoy de este sector?
El sector de la Agricultura Familiar venía siendo un sector muy diezmado por las políticas neoliberales y el Consenso de Washington de la década del noventa, con lo cual uno encuentra que en el proceso agropecuario de 1988 a 2002 desapareció una gran parte de las explotaciones agropecuarias, y ese porcentaje está vinculado a la Agricultura Familiar. En ese sentido, lo que se hizo en los últimos años fue frenar la dispersión de esos productores, que permanentemente iban desapareciendo.
Luego se crearon algunos instrumentos para favorecer al sector, como el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, la creación del monotributo social agropecuario, la sanción de una ley de microcréditos, la ley de marcas colectivas, la participación de la Argentina y el impulso para la creación de la reunión especializada de la agricultura familiar en el MERCOSUR. La semana pasada se hizo la última en Paraguay, donde el Estado Argentino y las organizaciones de productores participaron activamente.
– ¿Cómo ve el futuro de este sector de la producción agraria con el nuevo cambio de gobierno?
Viendo los actores que están en cierne, muchos de ellos anunciados en la campaña electoral –con lo cual no es que es novedoso que ahora un representante de la mesa de enlace esté al frente del Ministerio de Agricultura–, lo que uno ve es que el sector de la Agricultura Familiar, que es el más desprotegido, puede instalar y mantener en agenda lo conseguido y lo que se estaba luchando por conseguir. Esto va a ser una tensión entre las políticas de Estado y el nivel de organización que tengan los pequeños productores agropecuarios, para no retroceder en las conquistas logradas, sino avanzar en tantas otras que son necesarias.
