Por Miguel Croceri (*)
Desde comienzos de 2021, es decir hace casi cuatro años, Javier Milei instaló a los insultos y la violencia explícita como parte del discurso político. Ese año se postuló como diputado nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires, mientras que José Espert lo hizo por la provincia de Buenos Aires. Ambos consiguieron acceder a sus bancas. De ese modo los dos superaron su periodo de “economistas” que hacían propaganda fanática del capitalismo salvaje y violento pero disfrazando su prédica con la palabra “libertad” u otras relacionadas con la misma, como “libertario”, y ocuparon funciones en uno de los poderes del Estado (el Parlamento nacional).
En aquel tiempo Milei aparecía en medios de comunicación, redes digitales o actos públicos mostrando su desequilibrio emocional y su desquicio psíquico, y vomitando agresividad. Decía por ejemplo que a “los políticos” los “vamos a sacar a patadas en el culo”, profería insultos contra los “zurdos genocidas” y contra “los asesinos hijos de puta” que entonces estaban en el gobierno, e instigaba a “quemar el Banco Central” por considerarlo culpable de los males de la economía. A un dirigente lo calificó como “zurdo de mierda”, “gusano asqueroso y arrastrado” y además “sorete”, y le dijo públicamente que lo iba a “aplastar aun en silla de ruedas”.
(Estos y otros ejemplos fueron reseñados por el autor de esta columna en otra similar que publicó Vaconfirma hace más de tres años. El artículo, titulado “Impedir la violencia política en cualquiera de sus formas”, alertaba que eran “prácticamente nulas las críticas que se hacen no solo a su ideología extremista sino al discurso violento y antidemocrático […] El resultado de ese accionar es que se violentan los ánimos y los espíritus, y entonces las disputas de poder y por intereses divergentes o contrapuestos -que en eso consiste la política- en lugar de resolverse mediante procedimientos racionales y reglas parejas para todos y todas, pueden convertirse en ataques físicos, emocionales, psicológicos o de cualquier tipo contra personas que tienen ideas -o ideologías- contrarias o diferentes a las de sus agresores/as”, decía el texto. Nota del 30/08/2021).
Actualmente, la violencia sembrada a lo largo de los años va dando resultados. Uno de los últimos episodios fue el hostigamiento sufrido por un equipo de docentes y estudiantes platenses que viajaron a Potrerillos, provincia de Mendoza, para realizar trabajos de relevamiento geológico. Los/las afectados/as desarrollaban tareas como parte de su formación en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
En la localidad mendocina fueron insultados y amenazados por personas que se identificaron como partidarias de Milei. “Estuvieron los zurdos del Conicet y de la UNLP en Potrerillos”, manifestaron un hombre y una mujer que reivindicaron el ataque mediante un registro audiovisual casero difundido en sus propias redes. (Información del diario cooperativo Tiempo Argentino, nota del 19/11/24). El agresor y la agresora dijeron ser “pizzeros” y haber trabajado para la campaña del actual presidente. (Un fragmento de 3 minutos del video consta en un informe del portal La Política Online. Nota del 20/11/24).
El fin de semana anterior, en la localidad de San Miguel (cercana a la capital federal) se había realizado el acto de funcionarios, legisladores, dirigentes y activistas ligados al gobierno nacional -en su casi totalidad varones- que lanzaron una agrupación llamada “Las Fuerzas del Cielo”, a la cual presentaron como “el brazo armado” de Milei. (Una imagen de dicho acto ilustra esta nota).
El personaje que se destacó en esa ocasión fue el agitador en redes y plataformas digitales Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, pero su prédica violenta fue avalada por las presencias del subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez; el diputado provincial bonaerense Agustín Romo (presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara respectiva); y el politólogo, docente y escritor de extrema derecha Agustín Laje. (Crónica del portal elDiarioAR, nota del 17/11/24).
Un año atrás, apenas Milei ganó el balotaje presidencial, Mauricio Macri instigó por televisión a la violencia juvenil callejera como forma de respaldo al mandatario que acababa de ser elegido. Calificó como “orcos” a quienes protestaran contra el nuevo gobierno, y dijo que iban a tener que “medir muy bien cuando quieran hacer desmanes” porque “los jóvenes” del mileísmo “no se van a quedar en su casa”. (Un resumen de sus declaraciones puede verse en Perfil, nota del 21/11/2023).
Prédica destructiva en la pandemia
La prédica destructiva contra la convivencia democrática pacífica no fue fomentada solamente por Milei y por Macri, sino que fue una práctica habitual de representantes políticos y figuras mediáticas de la derecha y la ultraderecha, fundamentalmente desde el comienzo de la pandemia de covid.
En los primeros meses de la propagación del virus que provocó la muerte de millones de personas en todo el mundo y modificó la vida de la humanidad, fue descomunal la retórica violenta de dirigentes de primera línea dedicados a la política, así como de animadores/as y periodistas de televisión y radio que influyen la opinión pública de todo el país.
Algunos ejemplos. La entonces presidenta del Pro, Patricia Bullrich (actual ministra de Seguridad) definió como “casi terrorista” a Pedro Cahn, uno de los expertos en Infectología más importantes de Argentina y con reconocimiento mundial (también pionero en la lucha contra el sida desde fines de los años ‘80), quien formaba parte del comité científico asesor del gobierno durante la pandemia. Miguel Pichetto, el actual diputado que se reivindica como “dialoguista”, “moderado”, “republicano”, “peronista racional”, etc., calificó de “Doctor Muerte” al entonces ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán (quien antes desempañó el cargo equivalente en Nación en el último tramo de la presidencia de Cristina Kirchner, y hoy es diputado nacional).
A su vez, unos 300 simpatizantes de la alianza Cambiemos que fueron presentados como “intelectuales y artistas” al publicar una declaración, inventaron un ridículo neologismo para decir que el país vivía “una infectadura” (se supone que quisieron decir algo así como una “dictadura de los infectólogos”). Mientras que el periodista y agitador televisivo Jonatan Viale empezó a boicotear la cuarentena a solo 20 días de su vigencia. Y su colega Viviana Canosa intentaba hacer creer a las audiencias que si un gobierno disponía que la gente debía aislarse en los domicilios para evitar la propagación del virus, era porque tenía una maléfica y demoníaca intención de “encerrar” a las personas.
Quizás la acción pública más salvaje de la estrategia opositora para que aquel gobierno fracasara en su intento por disminuir los contagios y muertes por Covid, fue protagonizada por Elisa Carrió: casi sobre la Navidad de 2020, cuando empezaron a llegar las primeras dosis de la vacuna “Sputnik V” desarrollada por un prestigioso laboratorio de Rusia, Carrió denunció al presidente de la Nación, al entonces ministro de Salud y a su viceministra por intento de “envenenamiento” a la población.
El detalle de casos podría ser más extenso. (Los ejemplos aquí citados, con sus respectivos detalles, fechas y fuentes para ampliar la información, pueden recuperarse en un artículo titulado “Feroz salvajismo opositor en plena pandemia”, publicado en Vaconfirma cuando transcurría un año desde la aparición del virus. Nota del 05/04/2021).
Esta reseña procura contextualizar cómo se comportaba la oposición al gobierno del Frente de Todos, tanto la rama mediática como la expresión formalmente “política”, cuando la Nación y el mundo entero atravesaban sus momentos más traumáticos y dolorosos.
Odios y persecución
El clima de odios políticos sembrados en la sociedad argentina no empezó en la pandemia, pero se agravó a partir de esa etapa caracterizada por una tragedia para la salud de las personas y la propia vida humana.
La vigencia de las libertades democráticas en nuestro país, iniciada hace 41 años tras el fin de la dictadura genocida, tuvo un retroceso brusco a mediados de la década pasada. Ocurrió tras la llegada al Poder Ejecutivo de Mauricio Macri, en diciembre de 2015, cuando por primera vez un oligarca conservador y pro-estadounidense fue elegido presidente por una mayoría ciudadana desde que se estableció el voto universal un siglo antes. (Aunque al principio el sufragio era unicamente para los varones, y recién a mediados de la centuria el peronismo reconoció el derecho de las mujeres a votar).
El macrismo no fue solo un gobierno sino la cabeza institucional de un régimen de derecha, apoyado por los poderes de facto locales y del exterior -poderes económicos, judiciales, mediáticos, militares, del espionaje, etc.-, que desde los primeros días arrasó las normas del Estado de Derecho.
El ataque comenzó en ese diciembre del ‘15 con la derogación de facto de leyes de la Nación -derogaciones por decreto, de forma ilegal-, como la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (generalmente llamada “ley de medios”) y la ley Argentina Digital (que regulaba a favor de la población los servicios de internet y otros sistemas de telecomunicaciones), y asimismo con la designación por decreto de jueces de la Corte Suprema (aunque después, por complicidad parlamentaria, el atropello fue convalidado por más de dos tercios del Senado).
La persecución contra opositoras/es empezó semanas después, a mitad de enero de 2016, cuando mediante apariencias de “legalidad” fueron tomadas/os como prisioneras/os la dirigente popular jujeña Milagro Sala y otras/os integrantes de la organización Tupac Amaru. En el mes de abril siguiente, Cristina Kirchner tuvo que comparecer por primera vez ante un juez que violaba todas las garantías constitucionales (el ya fallecido Claudio Bonadío).
Así se estableció paulatinamente la violencia jurídica, ejecutada por una corporación judicial antidemocrática, y propagandizada por las más poderosas cadenas mediáticas y los estructuras clandestinas armadas para manipular a la opinión pública a través de la comunicación digital.
Pero el régimen de derecha no pudo consolidarse, Macri perdió la reelección en 2019, y le siguió el gobierno del Frente de Todos encabezado por Alberto Fernández. Su gestión estuvo determinada por la pandemia. En esos tiempos dramáticos (poco mencionados en el debate público) la derecha multiplicó su agresividad, emergió la ultraderecha encabezada por Milei, y los discursos cargados de insultos y odio se hicieron habituales.
El 1ro. de septiembre de 2022 fue perpetrado el intento de asesinato contra Cristina Kirchner. El aparato judicial corrompido se negó a investigar a los responsables políticos y empresariales.
En lo que va de este año, ya bajo el actual régimen gobernante, se produjeron crímenes políticos jamás esclarecidos, como el ataque en marzo pasado contra una militante de la organización “Hijos” (Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio) que fue ultrajada, golpeada, amenazada y abusada sexualmente en su propia casa. (Testimonio de la víctima publicado en Página/12, nota del 22/03/24).
Ahora, partidarios del gobierno atacan a docentes y estudiantes en Mendoza, mientras funcionarios y dirigentes oficialistas se presentan como “el brazo armado” de Milei, y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, sale a respaldarlos: dijo que uno de los cabecillas del grupo, Daniel Parisini, sería “un muy buen candidato” en las elecciones legislativas del año próximo. (Información del diario Ámbito, nota del 22/11/24).
Así va mostrando sus resultados la violencia política que desde ideologías contrarias a los intereses nacionales y populares, y a través de personajes extremistas como también de “moderados”, fueron sembrando a lo largo de varios años.
(*) Publicado en www.vaconfirma.com.ar
