1 de cada uatro inquilinos tuvo que mudarse en 2024 por no poder afrontar el pago del alquiler. La cifra, se desprende de la Encuesta Nacional Inquilina del mes de diciembre, que tuvo por objetivo dar cuenta de la situación habitacional a un año de la gestión de Javier Milei, y de la eliminación de la Ley de Alquileres bajo el decreto 70/2023.
Realizada por Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos, la encuesta indagó sobre diferentes aspectos en los hogares de inquilinos: los ingresos, el monto de alquiler y expensas que pagan por mes de acuerdo a la cantidad de ambientes de la vivienda y por provincia, la frecuencia de actualización del precio y la duración del contrato, la necesidad de endeudamiento para hacer frente al pago, las expectativas y preocupaciones alrededor de la situación de la vivienda, las condiciones de trabajo y violencia en el hogar.
El impacto de la derogación de la Ley de Alquileres es notable. De ese 25% que se tuvo que mudar, el 94% declaro tener condiciones contractuales por fuera de la ley de alquileres. Es decir que el o la ley no se cumplio en esa oportunidad o el acuerdo se hizo posterior. Bajo ley de alquileres sólo el 6% respondió haber tenido que mudarse por no poder hacer frente al pago del alquiler.
En diciembre de 2024, el 42,8% de los ingresos de los hogares inquilinos encuestados se destina a pagar el alquiler más las expensas, sin considerar impuestos y tarifas de servicios públicos. En el caso de aquellos alquileres que iniciaron después de la entrada en vigencia del DNU 70/2023, la incidencia del gasto de alquiler de la vivienda en el presupuesto del hogar asciende al 44,6%.
El informe señala que aquellos contratos, firmados a partir del DNU, el plazo de 3 años (como establecia la Ley) ya sólo se presenta en el 10,3% de los casos. Como contrapartida, creció fuertemente la participación de contratos de alquiler más cortos. Aquellos con un período de duración menor o igual a 1 año representan el 23,4% de los casos. Y los contratos entre 1 y 2 años son ahora los más frecuentes, en un 61,2% de los casos relevados en diciembre.
Esto también se traslada a las actualizaciones. En promedio, 7 de cada 10 inquilinos/as que firmaron sus contratos luego del decreto tienen aumentos mensuales o cada 3-4 meses. Sin la Ley de Alquileres, la actualización anual ya casi no se presenta como una posibilidad. El 94,3% de los inquilinos/as tiene actualizaciones en el precio del alquiler en plazos iguales o menores a 6 meses.
El impacto de la derogación de la ley se traslada también en las dificultades de pago: el 49,5% de los inquilinos encuestados considera que tendrá problemas para afrontar el pago del alquiler en los próximos meses y el 38,3% respondió que tal vez las tenga.
Afrontar un alquiler sin control, también hizo que muchos hogares dejar de lado otros gastos a fines de poder pagar la renta: Entre las respuestas relevadas, el 91% de los inquilinos afirmó tener que relegar varios gastos para poder pagar el alquiler. En el 44,9% redujeron gastos en alimentos y en el 48,4% de los casos en salud.
“La desregulación le entregó al mercado inmobiliario la posibilidad de elegir las condiciones”, explicó Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados en dialogo con Radio Gráfica. “Cuando el Estado se retira en realidad lo que está haciendo es entregándole al poder económico, al que tiene más poder, la posibilidad de ocupar el rol del Estado y de decidir entonces las condiciones en las que se alquile la vivienda”, agregó.
