El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno modificará por decreto la Ley N° 27.743 de Identidad de Género, particularmente el capítulo referido a infancias, a fin de «prohibir los tratamientos y cirugías para cambios de género en menores de edad». Esta medida fue duramente críticada por las organizaciones LGBTIQ+, que desmienten que la normativa promueva las cirugías y consideran que se trata de una contraofensiva tras la marcha del orgullo del pasado sábado.
En el comunicado oficial, en línea con los discursos transodiantes del presidente Javier Milei, se afirma que «la ideología de género llevada al extremo y aplicada en niños por la fuerza o la coerción psicológica constituye lisa y llanamente abuso infantil». «Los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procesos irreversibles que en muchos casos implican la mutilación de órganos saludables, y que son factibles de ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares, y consecuencias catastróficas en la salud mental», agrega.
La noticia, dada a conocer después de la marcha del pasado sábado, también va en línea con la noticia falsa que buscó instalar el Gobierno nacional, al afirmar que en la provincia «hay 240 centros de hormonización» en los que les amputan los genitales a los menores de edad. «No se hacen cirugías de reasignación de género en menores», desmintió el ministro de Salud bonaerense, Nicolas Kreplak.
Respecto a las personas menores de edad, la Ley Nº 27.743 señala que en cuanto al cambio registral «deberá ser efectuado a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la persona menor de edad deberá contar con la asistencia del abogado del niño prevista en el artículo 27 de la Ley 26.061». En caso de que los representantes legales se nieguen, «se podrá recurrir a la vía sumarísima para que los/as jueces/zas correspondientes resuelvan», teniendo en cuenta las mencionadas leyes. En cuanto a los procesos de hormonización, rigen los mismos principios.
En la práctica, los Gobiernos provinciales utilizan por lo general las guías desarrolladas por el Ministerio de Salud de la Nación, que indican la implementación de Consejerías especializadas, un espacio de encuentro, escucha y asesoramiento para infancias y adolescencias para que puedan tomar las decisiones de manera informada. Las guías recomiendan que en menores de dieciséis años se implementen inhibidores del desarrollo, a fin de retrasar la pubertad y sus respectivos cambios físicos, y darles tiempo a les niñes para explorar su identidad y su cuerpo. Pasada esa edad, se evalúa con médicos especialistas cómo seguir con el tratamiento. No hay cirugías, como indica el Gobierno, hasta pasados los dieciocho años.
Con la medida, los tratamientos y este acompañamiento quedan en riesgo, poniendo a las infancias trans en una situación de vulnerabilidad.
Gabriela Mansilla, referente de la organización Infancias Libres y madre de Luana, la primera niña trans en ser reconocida legalmente, indicó a Contexto que la medida «es muy preocupante, porque atenta contra la integridad de las niñeces», al tiempo que destacó las falacias del Gobierno nacional.
«No es verdad que se mutilan los genitales de las niñeces. Y las niñeces tampoco se hormonizan. Es quitarles, en base a estas mentiras, sus derechos», indicó. «Quitar el derecho que tenemos las familias de exigir que se respete la identidad de nuestros hijos, de nuestras hijas», agregó, y advirtió: «No solo es preocupante, nos pone en una situación de peligro», indicó.
Con los discursos difundidos por el Gobierno y por estas medidas, las infancias trans están en riesgo, incluso ante el sistema de salud, puntualizó Mansilla. «Si llegan a tener que hacerse atender en un centro de salud, están en peligro, porque un pediatra no tiene idea. Y ahora está como avalado que esto no se haga», señaló.
La decisión también fue repudiada por otras organizaciones, que advierten que agotarán las instancias necesarias para que la Ley N° 27.743 sea garantizada en su totalidad. «El Presidente no puede modificar una ley por decreto. Y si lo intenta vamos a recurrir a la Justicia y la Corte Interamericana si es necesario», señalaron desde la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales + (FALGBT).
