Por Florencia Abelleira
En el Salón de Usos Múltiples de los tribunales de Comodoro Py, la fiscal Mercedes Soiza Reilly pidió que los televisores transmitieran las fotos de los detenidos-desaparecidos en la última dictadura militar. Los rostros de cada uno de ellos se vieron nítidos, con su nombre, edad y fecha en que fueron secuestrados.
Se hizo presente mucha gente, tal como habían acordado el sábado 5 de diciembre en las plazas de las principales ciudades del país: militantes de H.I.J.O.S. y organizaciones de derechos humanos, familiares de desaparecidos y muchos de los que bancaron el “Ni uno suelto. Defendamos los juicios”, un encuentro que se realizó el fin de semana en Parque Cenetenario en Buenos Aires, Plaza Moreno en La Plata, en el Pozo de Banfield, entre otras localidades, para que la sociedad sepa que no se puede retroceder en el juzgamiento a represores de la última dictadura militar. “La actividad se organizó para pensar colectivamente cómo darle fuerza a la continuidad de los juicios”, explicó Lucía García Itzigsohn, integrante de H.I.J.O.S. La Plata.
Allí concluyó ayer por la mañana la audiencia de alegatos de la megacausa Esma que ventila los delitos de lesa humanidad cometidos contra 789 víctimas, en donde la fiscalía pidió 52 prisiones perpetuas y otras cuatro penas que van de los diez a los veinticinco años de prisión. Entre los represores para los que pidió la pena máxima, se encuentran Jorge “El Tigre” Acosta (74), uno de los mandamases de la Escuela de Mecánica de la Armada, y Alfredo Astiz (60), miembro fundamental del Grupo de Tareas 3.3.2.
Para el ex secretario de Hacienda de la dictadura, Juan Ernesto Alemann, se pidieron diez años de prisión por haber presenciado en su visita a la ESMA los tormentos agravados a Orlando Antonio Ruiz; mientras que para Roque Martello se solicitó que sea condenado a dieciocho años por la privación ilegítima de la libertad agravada de Laura Di Doménico; y para Mario Pablo Palet y Julio César Binotti se pidieron veinticinco años.
“No es inédito, pero sería la segunda sentencia –la primera fue en Bahía Blanca con el diario La Nueva Provincia– que toma el rol de los medios con importancia y los obliga a hacer algo para reparar esa acción.”
Según García Itzigsohn, “el alegato fue impecable”, y también resaltó que la fiscal le haya pedido a Tribunales que le ordene a los medios de comunicación que rectifiquen las informaciones que, en dictadura, calificaban de “delincuentes subversivos” a quienes en realidad fueron “víctimas del terrorismo de Estado”.
Soiza Reilly pidió que los diarios Clarín, La Nación, Crónica, la revista Para ti y Gente publiquen, en el mismo tamaño en que publicaron durante la dictadura notas difamatorias y mentirosas, la retractación con la verdad de lo que había sucedido. Un ejemplo es el caso de Alejandrina Barry, en Para ti, donde la mostraron como una niña abandonada por sus padres terroristas, cuando en realidad ellos habían sido secuestrados.
“No es inédito, pero sería la segunda sentencia –la primera fue en Bahía Blanca con el diario La Nueva Provincia– que toma el rol de los medios con importancia y los obliga a hacer algo en el presente para reparar esa acción”, aclaró la integrante de H.I.J.O.S., que también participó de la jornada “Ni uno suelto. Defendamos los juicios” en Plaza Moreno el sábado pasado.
Entre los represores para los que la Fiscalía pidió pena máxima, se encuentran Jorge “El Tigre” Acosta y Alfredo Astiz.
La frase del presidente respecto del “curro” de los derechos humanos, la conformación del gabinete nacional, el editorial de La Nación y la decisión de intentar remover a la procuradora general Alejandra Gils Carbó –algo visto como una amenaza al proceso, ya que los fiscales son quienes articulan el avance de los juicios junto a los querellantes–, fueron el motor que llevó a las organizaciones de derechos humanos a impulsar esta jornada.
Sin privilegios
El Ministerio Público Fiscal le pidió a los jueces que, en caso de condenar, revoquen las prisiones domiciliarias de los represores y que este beneficio quede sujeto al correspondiente informe médico. También se pidió que todos sean exonerados de las fuerzas a las que pertenecen.
García Itzigsohn explicó que el arresto domiciliario es un privilegio del que muchas veces no hay sustento para practicarlo. “Ese derecho está contemplado cuando se trata de adultos mayores de setenta años con problemas de salud o cuando es una potestad de los jueces, que suelen tener lapicera fácil para firmar esas prisiones domiciliarias”, sostuvo la integrante de H.I.J.O.S., y aclaró que de manera descontextualizada parece que se exige castigo, pero “estamos hablando de tipos que fueron violadores, torturadores, represores, que ahora son personas ancianas pero que no pierden esa condición”.
