El reciente anuncio del ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre el Decreto 138/2025 ha encendido una fuerte polémica en la comunidad artística argentina. La medida, que modifica profundamente la regulación de los derechos de autor, ha sido recibida con preocupación por muchos músicos y entidades vinculadas a la defensa de la propiedad intelectual, entre ellas, SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música).
Sturzenegger defendió la iniciativa afirmando que el objetivo principal es eliminar un «perverso sistema» de control estatal que, según él, se remonta a la dictadura de Juan Carlos Onganía, vigente durante más de cincuenta años. En sus palabras, el decreto busca liberar a la cultura argentina del control ejercido por el Estado a través de las sociedades de gestión colectiva, como SADAIC y AADI, que históricamente han gestionado los derechos de los artistas. A partir de esta nueva normativa, los músicos podrán registrarse de forma individual y negociar directamente sus tarifas sin la intervención de estas entidades, lo que, según el ministro, fomentará la competencia y la transparencia en el sector.
El decreto, que elimina el monopolio de las sociedades de gestión colectiva (SGC), también permite que los artistas celebren acuerdos particulares con los contratantes para el cobro de sus derechos de autor, sin la necesidad de pasar por intermediarios. «Miren el absurdo: en un recital, en vez de que la banda pudiera cobrar sus derechos sin intermediarios, tenía que pagárselos a SADAIC, que luego le ‘devolvía’ lo que era suyo», comentó Sturzenegger, haciendo referencia a lo que considera un sistema injusto. El ministro expresó su satisfacción con la medida, destacando que ahora las sociedades de gestión estarán obligadas a ofrecer servicios más eficientes debido a la competencia.
Sin embargo, la medida ha generado un fuerte rechazo entre los defensores de los derechos de autor y los propios artistas, que ven en el Decreto 138/2025 una amenaza a la estabilidad del sector. En particular, SADAIC, que agrupa a miles de compositores y autores de música, ha emitido un comunicado en el que expresa su rechazo a la iniciativa. La entidad, que históricamente ha sido la encargada de recaudar y distribuir los derechos de autor en Argentina, señaló que el decreto presidencial atenta contra el sustento económico de los creadores. «La música tiene valor… y quieren regalar nuestro trabajo», denunció en su comunicado, subrayando que la canción es una propiedad privada y que los artistas tienen derecho constitucional a recibir una compensación económica cuando su obra es utilizada, especialmente cuando esta genera beneficios a terceros.
Más allá de que su gestión tiene aspectos a mejorar, SADAIC garantiza que los creadores sean remunerados de manera justa y equitativa por su trabajo. En su comunicado, la entidad expresó que continuará luchando en todos los ámbitos posibles para defender los derechos de los autores, compositores y editores musicales.
El Decreto 138/2025 ha abierto un debate crucial sobre el futuro de la música en Argentina. Mientras el Gobierno defiende la desregulación como un paso hacia la liberación de la cultura de los controles estatales, muchas voces dentro de la comunidad artística advierten que este cambio puede poner en riesgo el bienestar económico de los creadores.
