Por Miguel Croceri (*)
Hasta hace poquísimos días, el peronismo tuvo la oportunidad de impedir, con su voto en el Senado, el nombramiento de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como miembros de la Corte Suprema de Justicia. Pero no lo hizo.
Ocurrió entonces lo que siempre ocurre en política (como si fuera una extensión de leyes de la física): si alguien no ocupa un espacio, otro lo hará en su lugar. El espacio en esta ocasión (nada menos que lugares casi vitalicios, al menos hasta los 75 años de edad de sus integrantes, en el órgano más poderoso de la estructura judicial del país) lo ocupó un enemigo: el régimen de ultraderecha contrario a los intereses de Argentina y su pueblo.
Al revés de lo que establece la Constitución nacional, Javier Milei impuso a Lijo y a García Mansilla a través de un decreto, es decir, mediante un acto jurídicamente violatorio de las cláusulas constitucionales fijadas para este tipo de designaciones.
Allí se establece que el presidente de la nación, entre otras múltiples atribuciones, «nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto» (así lo determina el artículo 99, inciso 4. Puede leerse el texto completo de la carta magna en el sitio web oficial de Información Legislativa, InfoLEG, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Ver Constitución nacional). Milei no consiguió el respaldo de la Cámara senatorial, así que los designó «a dedo», de prepo.
No es el primero en hacerlo en los tiempos recientes. Mauricio Macri perpetró la misma maniobra ilegal hace nueve años, cuatro días después de asumir como presidente, en diciembre de 2015. Aunque esa vez tuvo alguna oposición en la propia corporación judicial y en sus aliados parlamentarios, por lo cual tuvo que esperar unos meses, hasta junio de 2016, cuando por fin la complicidad de senadores/as de distintos partidos (incluida la gran mayoría de los/as peronistas) le permitieron ubicar en los más altos cargos de la judicatura a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes ahora son los jefes de la fracción dominante del Poder Judicial (actuales presidente y vicepresidente de la Corte). (En la votación de esa vez en el Senado, una Cámara de 72 integrantes, apenas se opusieron ocho kirchneristas y otros dos legisladores. El listado completo de cómo votó cada uno/a fue recordado por el sitio de noticias La Izquierda Diario al año siguiente, cuando «los supremos» quisieron implantar la impunidad de los genocidas con el fallo conocido como «2 x 1». Nota del 11/05/2017).
A través del tiempo, envalentonado y sin límites, el todopoderoso tribunal prosiguió su ofensiva contra los poderes democráticos. A fines de 2021 declaró «inconstitucional» una ley que tenía quince años de vigencia, referida a cómo se integraba el Consejo de la Magistratura. Este órgano, según la Constitución, se encarga de seleccionar a los/as jueces/zas federales (excepto la propia Corte), y además vigila su desempeño y eventualmente puede someterlos/as a juicio político y destituirlos/as. También maneja cifras multimillonarias del presupuesto judicial.
Con esa maniobra, Rosatti quedó como presidente no solo del tribunal supremo, sino también del mencionado órgano que selecciona y «controla» al resto de la judicatura. Una acumulación de poder sin precedentes en la historia de los tribunales argentinos.
En los años 80 y 90, Rosatti fue un dirigente peronista con trayectoria muy destacada en Santa Fe, donde llegó a ser intendente de la capital provincial. Después, ya en la primera década de este siglo, Néstor Kirchner lo designó primero como procurador del Tesoro (de mayo de 2003 a julio de 2004) y luego como titular del que entonces se llamaba Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (ocupó el cargo entre julio de 2004 e igual mes de 2005). (Ver información oficial de la Corte Suprema).
Más allá del acomodaticio personaje, lo más relevante son los intereses que representa actualmente. A través de él, con el sustento de otros poderes de facto locales y del exterior, la corporación judicial acorrala a la democracia (tema comentado en VCF hace casi tres años, cuando la Corte asaltó el Consejo de la Magistratura. Nota del 24/04/2022).
Etapas del Poder Judicial
El momento de mayor contribución del Poder Judicial al fortalecimiento democrático y a la defensa del bien común de la población fue el juzgamiento de los jerarcas de la dictadura llevado a cabo en 1985. Generalmente llamado «Juicio a las Juntas», se realizó a instancias del entonces presidente Raúl Alfonsín. El histórico proceso de juzgamientos, interrumpido a fines de esa década y en la siguiente, sería retomado en tribunales de todo el país a partir de 2003, luego de que Néstor Kirchner impulsara la derogación de las leyes de impunidad (conocidas como «Punto Final» y «Obediencia Debida»), y la nulidad de los indultos a genocidas perpetrados por Carlos Menem en 1989 y 1990.
Y justamente durante la etapa menemista iniciada en 1989, la judicatura (es decir, los integrantes de un sistema judicial» fue copada en el fuero federal de la ciudad de Buenos Aires por jueces y fiscales nombrados discrecionalmente por aquel Gobierno.
El propósito político de las designaciones era avalar la devastación de la nación que sería perpetrada mediante la privatización de empresas del Estado y del sistema jubilatorio público, y además encubrir la corrupción gubernamental y privada que surgió durante dichas privatizaciones.
En esa época también se amplió el número de miembros de la Corte, a fin de nombrar en los nuevos cargos a jueces adictos al menemismo, y además se crearon los juzgados que funcionan en el ámbito de lo que hoy, en el argot político, se conoce como Comodoro Py.
Luego, durante el kirchnerismo se llevó a cabo una etapa de depuración y renovación. El Congreso destituyó mediante juicio político (como indica la Constitución) a dos miembros del más alto tribunal, y otros tres renunciaron preventivamente a fin de evitarse problemas y no perder sus jubilaciones de privilegio (diez años después de la asunción de Néstor Kirchner, la periodista Irina Hauser reconstruyó en Página/12 cómo había sido «la refundación de la Corte». Nota del 25/03/2023).
Ese proceso aportó una cuota de decencia al sistema judicial, pero luego el macrismo (justamente a partir de designar a sus propios jueces en la Corte, primero mediante «decretazos» y después con la complicidad parlamentaria) aplastó y revirtió los avances logrados.
Así fue que en la última década la función política más determinante de la judicatura hegemónica ha sido la de perseguir a Cristina Kirchner y a todo su sector político, aplicando en Argentina la estrategia planeada para toda América Latina con el propósito de destruir a los Gobiernos que fueron contrarios a las oligarquías de cada país y a los intereses de Estados Unidos.
Y en el colmo de la bancarrota moral e ideológica, ese mismo aparato mal llamado «Justicia» es el responsable de encubrir el intento de asesinato contra Cristina (en septiembre pasado, al cumplirse dos años del atentado, la dirigente kirchnerista de La Pampa y actual diputada provincial, María Luz Alonso, analizó «la falta de una verdadera investigación». Nota del 01/09/2024).
Garantía del libertinaje capitalista
Transcurridos más de treinta años desde que Menem empezó a conformar una camarilla judicial reaccionaria, y con las sucesivas etapas de acumulación de poder corporativo a lo largo del tiempo (con excepción del periodo kirchnerista), hoy el aparato dominante de jueces y fiscales forma parte de un régimen político de extrema derecha, corruptor del estado de derecho y devastador de los derechos del pueblo y los intereses de la nación.
En lo inmediato, en estos mismísimos días, su tarea prioritaria es impedir el esclarecimiento y castigo a los culpables de la estafa con la criptomoneda $LIBRA (el portal La Política Online informó el pasado jueves que el fiscal Eduardo Taiano «duerme la causa». Explicó que sus primeras medidas «fueron interpretadas en Tribunales como una manera de desviar la atención, y lo más relevante es lo que el fiscal no hizo: secuestrar los celulares de los involucrados o pedir los registros de ingreso de personas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. También es significativo que se haya excluido de la investigación a Karina Milei». Nota del 27/02/25).
Pero mucho más allá de encubrir los negociados y el robo de dineros públicos o privados, la estructura judicial corrompida está para garantizar el libertinaje capitalista de las oligarquías locales y los intereses extranjeros.
Ese modelo destructivo para el país y el pueblo empezó con el DNU-70 (Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023), mediante el cual, y apenas asumió, Milei derogó de facto unas ochenta leyes y modificó otras trescientas («Se trata de leyes que afectan derechos humanos como la vivienda, la salud, el transporte y el ambiente», resumió un informe de más de veinte páginas elaborado en enero del año pasado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. Documento de enero/2024).
A partir de entonces y hasta hoy, el proceder antidemocrático del Poder Ejecutivo cuenta con la complicidad del Judicial, que mediante su pasividad convalida el ultraje al estado de derecho y el ataque al bien común de la sociedad. Excepto algunas decisiones en juzgados de primera instancia, que a través de medidas cautelares dejaron en suspenso ciertas cláusulas puntuales del decreto.
Hacia el final de la semana recién transcurrida, el titular del Gobierno nacional consumó una maniobra momentáneamente útil para su conveniencia, apenas con un mensaje a través de la red X (antes llamada Twitter). Ello le permitió aprovecharse de la indignación popular por el asesinato en La Plata de la niña Kim Gómez, a la vez distraer a la opinión pública frente a la estafa con la criptomoneda, y además hacer que las dirigencias y el periodismo político se ocuparan de su amenaza de intervenir la provincia de Buenos Aires (en un artículo que publicó el diario cooperativo Tiempo Argentino, el periodista Sergio Rodríguez Mora analizó «el impulso autocrático» del oficialismo y las «arenas movedizas» de la economía por las cuales se desplaza. Nota del 01/03/25).
De esa forma se llegó a la noche de este sábado (1º de marzo), cuando en su discurso anual ante la Asamblea Legislativa, Milei ratificó el plan destructivo y saqueador que lleva adelante (en la edición digital de Página/12, por ejemplo, pueden recuperarse algunos de los conceptos principales. Nota del 02/03/25).
El mandatario nacional arremete con la violencia retórica, gestual y emocional que lo caracteriza, pero no ejerce el mando del Estado en soledad (o «en solitario»). Lo sostienen poderes de facto de aquí y del exterior, sobre todo conglomerados económicos, y asimismo un aparato judicial política y moralmente degenerado, que constituye una parte indispensable del régimen gobernante.
(*) Publicado en www.vaconfirma.com.ar
