Por Miguel Croceri (*)
A mediados del año pasado, en pleno uso de su impunidad política y de sus facultades mentales alteradas, Javier Milei exclamó arrogante su odio hacia el Estado y su vanidad por ser un infiltrado que lo destruye desde adentro.
Lo hizo en Estados Unidos, a cuyos planes de dominación imperial sirve como dirigente y hoy como gobernante argentino. Fueron declaraciones realizadas a The Free Journal en la ciudad de Palo Alto, estado de California.
«¡Amo! ¡Amo ser el topo dentro del Estado, soy el que destruye el Estado desde adentro! ¡Es como estar infiltrado dentro de las filas enemigas! Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie al Estado. Y yo odio tanto al Estado, que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias e injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana, mis perros y mis padres, ¡con tal de destruir al Estado!», concluyó el párrafo con un tono, gestualidad facial y brillo en los ojos que exhibían crudamente tanto su desquicio emocional como su matriz ideológica (pueden recuperarse los 30 segundos principales en el canal de YouTube de la emisora televisiva C5N. Posteo de junio/2024).
Las frases tienen envergadura histórica por tratarse nada menos que del presidente de Argentina, y es muy recordada, repetida y utilizada por figuras de la política, del periodismo, etcétera, para criticar y confrontar a su Gobierno.
Sin embargo, lo que el régimen encabezado por Milei destruye minuto a minuto no es a la totalidad del Estado, sino la fortaleza económica estatal y las instituciones y bienes públicos creados a lo largo de la historia para defender el bien común de la sociedad, frente a los poderes capitalistas y las corporaciones que articulan sus intereses.
Los quince meses de gestión de la ultraderecha mileísta, iniciados el 10 de diciembre de 2023, han sido dedicados a desmontar milimétricamente las estructuras institucionales, jurídicas y funcionales que permitían (al menos en algún grado, a veces muy mínimo) la protección de derechos generales de la población, y asimismo del patrimonio material de la nación y sus riquezas naturales.
En sentido contrario, el Estado dirigido por Milei fortalece el aparato de violencia para reprimir las protestas sociales y en general a las organizaciones populares, como lo hace habitualmente contra jubilados/as y otras personas que realizan manifestaciones frente al Congreso (la imagen que ilustra esta nota fue tomada durante la represión del miércoles 5/3. Foto: Juan Valeiro / lavaca.org).
También fortifica la compra de armamento y tecnología bélica a Estados Unidos e Israel, mientras rompe las alianzas internacionales de cooperación y amistad política que pueden favorecer los intereses de Argentina (en particular con el Grupo BRICS, llamado así por las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, nombre de los cuatro países fundadores y del quinto que se sumó después, de un total de diez que lo integran actualmente).
Y encima de todo se apresta a recibir un salvavidas económico y político del Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante un nuevo préstamo que luego pagarán/pagaremos las generaciones presentes y futuras, y condicionará la vida individual, familiar y colectiva durante una cantidad indeterminable de tiempo.
Los beneficiados, nombre por nombre
Días atrás, el docente e investigador en economía Horacio Rovelli, en uno de los habituales textos de su autoría que publica el portal El Cohete a la Luna, enumeró los que considera como «los tres sectores beneficiados» por la actual política económica, y detalló de qué manera «los podemos agrupar».
1. El capital extranjero, liderado por los grandes fondos financieros (BlackRock, Vanguard, Pimco, Franklin Templeton, Fidelity, Greylock y otros) que tienen como aglutinante a la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana (AmCham) y a los cuales tributa el equipo económico encabezado por Caputo y Bausili. [NdR: se refiere al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili].
2. La Asociación Empresaria Argentina (AEA) presidida por un hombre ligado a la embajada de los Estados Unidos y, como tal, principal convocante para conmemorar los 4 de julio, Jaime Campos. Los principales directivos y vicepresidentes de AEA son Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín) y Luis Pagani (Arcor), y son vocales Cristiano Ratazzi (Fiat), Alfredo Coto (supermercado Coto), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Luis Pérez Companc (Molinos Agro), Eduardo Elsztain (IRSA), Alejandro Bulgheroni (PAE), etcétera.
3. El Consejo Agrario Argentino (CAA) que se conformó en julio de 2020 con más de 40 cámaras y entidades como Coninagro (Confederación Inter cooperativa Agropecuaria), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA), y tiene asociados y sectores diversos, abarca prácticamente a todos los integrantes de las cadenas de valor agropecuarias, de granos y de productores de carne avícola, vacuna y porcina; las industrias y cámaras ligadas a la producción de soja, maíz, trigo, arroz, maní, algodón, madera y pesca, entre otros; y las empresas exportadoras nucleadas en el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), donde participan Aceitera General Deheza, Cofco, Cargill, Viterra, Louis Dreyfus, Molinos Agro, etc. A ello se suman las Bolsas de Cereales y acopiadores de todo el país, uniendo productores, acopiadores, comercializadores, industriales, biocombustibles y exportadores.
Según la interpretación del propio Rovelli, «los tres sectores -que se interrelacionan entre sí- se beneficiaron y benefician con la fuga de capitales y el traslado de esa deuda al pueblo argentino, exacerbado en forma exponencial por el carry trade».
Destacó al respecto que «es la deuda externa y la extranjerización y concentración económica en nuestro país, la que impone una matriz extractivista, agropecuaria-exportadora, razón por la cual no se desarrollan industrias que sustituyan importaciones, no se genera trabajo y no se integra a la sociedad. Al contrario, se subordina toda la economía a satisfacer la demanda del exterior» (nota del 2/3/25).
Este detalle nombre por nombre es una aproximación y puede discutirse como cualquier otro análisis, pero en cualquier caso constituye una información de gran valor para comprender que la llamada «destrucción del Estado» tiene su contraparte en un mayor poderío de gigantescas corporaciones económicas.
Quién paga el «equilibrio fiscal» o «déficit cero«
El discurso del Gobierno y de las cadenas mediáticas que forman parte del régimen le hacen creer a una parte muy grande de la opinión pública las supuestas bondades del «equilibrio fiscal» o del «déficit cero» que, según la propaganda oficial, permitió bajar la inflación.
Al respecto, un documento de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) indica que en el Estado nacional durante 2024 «los gastos totales del año se redujeron un 29,9 % en términos reales», es decir, teniendo en cuenta la inflación (o, para mejor decirlo, el índice de precios al consumidor, IPC, que determina el propio Gobierno a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Indec).
Pero las claves de cómo se llegó a esa reducción de casi 30 % en conceptos que la terminología economicista denomina «gasto» se explican con precisiones como las siguientes (tomadas del mismo informe de la OPC):
– Las prestaciones sociales bajaron el 17 %, «por disminución de jubilaciones y pensiones, de pensiones no contributivas y otros programas sociales, con motivo de actualización de las prestaciones por debajo de la inflación». Hablando «en criollo», esa mal llamada «reducción del gasto público» la pagaron los/as jubilados/as y pensionados/as que dependen de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).
– Los gastos de capital se achicaron un 73,9 %, «debido principalmente a la reducción de la obra pública». Esta catastrófica política del mileísmo constituye un desastre jamás vivido por Argentina en ninguna época de la historia.
– Los subsidios económicos en 2024 fueron un 37,8 % menos que el año anterior, «debido mayormente a la quita de subsidios a la energía y al transporte». Significa que esa reducción la paga cada una de las personas y los hogares en sus tarifas de electricidad y gas, por ejemplo, y en el precio del boleto de colectivos y trenes.
– Las transferencias a las provincias bajaron el 75,6 %. «La reducción fue mayormente impulsada por la no renovación del Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente)». Mediante dicho Fondo, el Estado nacional realizaba una contribución a los salarios de meaestros/as y profesores/as que dependen de cada provincia.
– Otra parte de los menores montos destinados a los Estados provinciales se debe «a la ausencia de transferencia al Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires». Ese desfinanciamiento es una las vías por las cuales el mileísmo trata de asfixiar económicamente al Gobierno de Axel Kicillof.
– Asimismo, hubo «menores transferencias a las Cajas Previsionales Provinciales». Pero «en sentido contrario, aumentaron los giros a CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) por medida cautelar de la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación) Nº 1864/2022». Dicha cautelar fue una decisión impune y alevosa del más poderoso órgano de la corporación judicial, para favorecer al Gobierno porteño de la derecha macrista en perjuicio del resto del país y de la equidad federal.
– El gasto de personal del Estado nacional se achicó durante el año en un 19,8 %, pero «asociado a paritarias por debajo de la evolución de los precios» y también «a reducciones de las plantas de personal contratado». Traducido: los sueldos públicos perdieron contra la inflación, y además una gran cantidad de trabajadores/as fueron arrojados/as al abismo de la desocupación.
– Las transferencias a universidades decrecieron el 25,1 %, dato «principalmente asociado a paritarias por debajo de la inflación», o sea bajándole el poder adquisitivo a los salarios de docentes y del conjunto de los/as trabajadores/as universitarios/as.
(Toda la información de los párrafos anteriores se puede consultar y ampliar en el documento de la Oficina de Presupuesto del Congreso publicado en enero y titulado «Análisis de la ejecución presupuestaria de la Administración Nacional. Año 2024». Los datos aquí citados se detallan en las páginas 4 y 5. Informe del 17/1/25).
Destrucción laboral y productiva
La cantidad de personas que bajo el mileísmo se quedaron sin su fuente de trabajo en el Estado llegó a casi 38.000, según se jactó hace algo más de un mes el ministro Federico Sturzenegger, uno de los cerebros económicos del régimen. Con el habitual cinismo de la derecha y la ultraderecha, dijo que la mayoría de los empleos eliminados fueron contratos no renovados, lo cual «a criterio del jerarca oficialista» no configura despidos (artículo de Infobae del 30/1/25).
La devastación de los puestos laborales y la producción arrasa tanto al sector público como al privado. En los primeros meses del Gobierno de Milei cerraron casi 12.000 empresas y se perdieron más de 215.000 empleos formales, según un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que dirigen Hernán Letcher y Julia Strada (esta última, actual diputada nacional de Unión por la Patria).
El informe se difundió al finalizar 2024 y está basado en los últimos datos publicados hasta ese momento (que databan del mes de septiembre) por parte de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT).
Allí se explica que al comparar «la cantidad de empleadores que declararon trabajadores entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, se redujo de 512.357 casos a 500.426, perdiéndose en total 11.931 empresas». Además, en el mismo periodo «se redujo 2,19 % la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas, con una pérdida de 215.981 puestos: pasaron de 9.877.173 a 9.641.192» (el estudio del CEPA se denomina «Análisis de la dinámica laboral y empresarial en los primeros meses de gestión de Javier Milei». Informe de diciembre de 2024).
Destruir la fortaleza económica del Estado es solo una parte del desmantelamiento productivo nacional, para beneficio de grandes conglomerados empresariales privados. El ataque al bien común de la población acaba de verificarse una vez más en los gigantescos cortes de electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), o sea en el aglomerado urbano de la capital federal y las ciudades y localidades que la rodean.
El diario Página/12 informó que durante 2024 «el Gobierno aumentó un 400 por ciento las tarifas de energía eléctrica, las cuales pasaron a representar una porción cada vez mayor de los ingresos de las familias, que no subieron en la misma medida. Además de la indexación por inflación, las tarifas suben por la quita de subsidios» (análisis de la licenciada en economía y columnista periodística Mara Pedrazolli, titulado «Mucho tarifazo, nada de inversión». Nota del 6/3/25).
La primera experiencia histórica en Argentina de una extrema derecha con apoyo electoral lleva quince meses al frente del Estado. Las movilizaciones de este sábado (8/3) con motivo del Día Internacional de las Mujeres, realizadas una vez más en ciudades y localidades de todo el territorio nacional (y no solo en Buenos Aires y algunos otros centros urbanos, como miente el porteñismo mediático), vuelven a ratificar que sectores multitudinarios del país repudian al Gobierno de Milei.
Existe una parte considerable del pueblo que carece de conducción política, y es una incógnita la manera en que esa energía social se traducirá electoralmente en la votación legislativa de este año. La ofensiva de los poderes dominantes y del régimen político que los representa, transcurre de forma paralela a la resistencia y las luchas que se le oponen.
(*) Publicado en www.vaconfirma.com.ar
