En un contexto de ajuste, despidos y cierres de empresas, la calidad del empleo en Argentina sigue deteriorándose. El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al cuarto trimestre de 2024, reveló que el 42% de los trabajadores tienen un empleo informal, es decir, 9 millones de personas sin acceso a derechos básicos como jubilación, obra social o cobertura por accidentes laborales.
Aunque el dato marca una leve baja respecto al trimestre anterior, se mantiene por encima del nivel del mismo período del año pasado (41,4%). Lejos de revertirse, el fenómeno de la informalidad se consolida como parte estructural del mercado laboral argentino, agravada por la ausencia de políticas públicas que prioricen la formalización.
El informe se basa en los 31 aglomerados urbanos del país y detalla que la informalidad no es homogénea: las personas más afectadas son las mujeres (43,4%) y los jóvenes de hasta 29 años, con una alarmante tasa del 58,7%. Entre los varones, la informalidad se ubica en el 40,9%, mientras que entre los mayores de 65 años alcanza al 49,5%. Estas cifras reflejan que los extremos generacionales —quienes ingresan y quienes intentan sostenerse en el mercado laboral— son los más expuestos a condiciones precarias.
Por tipo de ocupación, los trabajadores por cuenta propia son el grupo más afectado, con una informalidad del 62,4%. Le siguen el servicio doméstico (77%), la construcción (76,6%) y el comercio (51,9%), sectores históricamente vinculados al trabajo precario y con escasa fiscalización.
El nivel educativo es un factor determinante: solo el 10,3% de quienes tienen estudios universitarios completos trabaja en la informalidad, mientras que el porcentaje trepa al 32,4% entre quienes no terminaron la secundaria.
Además, del total de asalariados informales, el 83,6% no realiza aportes jubilatorios, una condición que agrava la vulnerabilidad presente y futura de millones de trabajadores. Incluso entre quienes tienen un empleo formal, el 3,8% declara recibir solo una parte de su salario “en blanco”, lo que revela prácticas de evasión parcial por parte de algunas empresas.
