La Cámara Nacional Electoral (CNE) exigió respuestas el Gobierno de Javier Milei sobre los fondos necesarios para la realización de las elecciones legislativas y puntualizó sobre la «situación de incertidumbre» manifesta ante la falta de respuestas el Ejecutivo nacional.
A través de una acordada, los camaristas Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera pidieron al Gobierno que informe “los montos, plazos y modalidad bajo la cual se prevé efectuar las transferencias de las partidas pertinentes para el cumplimiento de las tareas propias del cronograma electoral, a fin de poder planificar adecuada y eficazmente su desarrollo”.
En sus argumentos, los magistrados advirtieron que si bien “la democracia no tiene un valor pecuniario, la realización de elecciones sí tiene un costo económico, que en todos los países democráticos se debe afrontar” y que a pesar de sus reiterados reclamos al Ministerio del Interior, no fueron informados los plazos de entrega de estos fondos.
En el documento al que pudo acceder Contexto, los jueces destacaron que “en esta oportunidad se suma la implementación del nuevo sistema de boleta única de papel establecido por la reforma del Código Electoral Nacional dispuesta por la Ley 27.781, lo cual implica numerosas tareas adicionales en orden a su implementación logística y operativa, la capacitación de la ciudadanía, la designación y formación de las autoridades de mesa y demás sujetos del proceso electoral, el diseño y elaboración de nuevos documentos y materiales electorales, entre muchos otros”.
“La situación de incertidumbre sobre los fondos requeridos influye no solamente en la actualización de los registros anteriormente descripta, sino que también impacta en las etapas preelectorales encomendadas a este fuero, las que deben contar con previsibilidad para asegurar el normal desarrollo de los comicios”, sostuvieron.
Esta falta del Gobierno, recordaron los magistrados, no sólo afecta a la justicia electoral sino también a todos los organismos que inciden en el desarrollo de los comicios, tales el Comando General Electoral, el Servicio Electoral del Correo Oficial y la contratación de los distintos servicios para –por ejemplo, impresión de padrones y ejecución de las actividades de capacitación y difusión-.
«Si bien no pueden desconocerse las restricciones presupuestarias que afectan a todos los poderes del Estado y de la cual la Justicia Nacional Electoral no es ajena, resulta imprescindible recordar aquí que los procesos electorales no son un servicio público que uno o varios organismos del estado proveen a los electores, sino que constituyen el ejercicio de la soberanía popular por parte de la ciudadanía en su expresión más pura, y que es ineludible resguardar», concluye el documento.
