Por Eduardo Aller
A confesión de parte, relevo de pruebas. Es que, mientras se trataba de dilucidar cuál iba a ser el alcance del decreto de Macri que subordina los entes descentralizados AFSCA y AFTIC (reguladores de las leyes vigentes sobre medios audiovisuales, telefonía e Internet) al nuevo Ministerio de Comunicaciones, habló el flamante titular de esa cartera y se terminaron las especulaciones. Oscar “El Milico” Aguad dijo a una radio de su Córdoba natal que “la ley de medios no va a subsistir” a la nueva gestión y que el gobierno de Cambiemos aplicará “la filosofía contraria” a la normativa. Se terminó el misterio.
Lo que dijo, textual, fue: “La regulación de la Ley de Medios no va a subsistir durante nuestro gobierno… Yo tengo en este momento dos problemas. Tanto en la AFSCA como en la AFTIC, tengo dos presidentes que no quieren renunciar. Yo he estado hoy con Bernal (sic) que es el presidente del directorio de AFTIC. Estamos con un problema que tenemos que resolverlo. Yo no puedo funcionar con el presidente de dos empresas (sic) o de dos directorios que, bueno… que vienen de la locura de la controversia”.
Sin detenerse en los graves errores en los que incurre Aguad, insólitos para un funcionario con tanta responsabilidad, de no saber que Norberto Berner es el nombre correcto del titular de la AFTIC y que no es los mismo una empresa que una autoridad de aplicación creada por una ley del Congreso, el ex diputado nacional adelanta dos ideas temerarias que nada tienen que ver con el discurso «paz y amor» que enarbola el macrismo: avanzar contra una normativa avalada, con un fallo ejemplar, por la Corte; e ir en contra de una regulación para evitar la concentración mediática.
Aguad toma su argumento del «manual del buen demócrata» para justificar su desprecio por la letra vigente: aseguró que su accionar futuro será en búsqueda de la “libertad de expresión absoluta”.
En contraste con la Justicia, que tardó varios años en definirse, Cambiemos tardó sólo 48hs en expedirse sobre la cuestión de fondo de la ley: avanzarán a contramano de combatir los monopolios informativos existentes, que era el único punto de consenso total que hubo durante la discusión que se dio en 2009, ya que las diferencias pasaban por los modos y plazos de desinversión de los principales grupos mediáticos. ¿Dónde quedó lo de «mejorar lo malo y dejar lo bueno»?
Como era esperable, Aguad toma su argumento del «manual del buen demócrata» para justificar su desprecio por la letra vigente. Es así que aseguró que su accionar futuro será en búsqueda de la “libertad de expresión absoluta”. En este punto hay que decir que ese mismo argumento usó el máximo tribunal de Argentina para defender la ley. Claro que con algunos argumentos más.
El fallo de la Corte
Casualmente o no, la excusa de una lesión a la libertad de expresión fue una de las que uso el Grupo Clarín para trabar judicialmente cuatro años la aplicación de la LSCA. La otra fue de carácter económico, con despidos masivos de empleados y canales que iban a “desaparecer”. Ambas hipótesis fueron refutadas por la Corte en un escrito que decía:
“En la medida en que las ideas y la información constituyen bienes que se difunden a través de los medios de comunicación, si hay concentración, sólo algunas ideas o algunas informaciones llegarán al pueblo, perjudicando seriamente el debate público y la pluralidad de opiniones”.
“Todo ello exige una protección activa por parte del Estado, por lo que su intervención aquí se intensifica. En este contexto constitucional, es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado”.
“De acuerdo con las constancias de la causa, en el caso no se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresión del Grupo Clarín, en tanto no ha sido acreditado que el régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su sustentabilidad económica”.
“No resulta admisible que sólo una economía de escala, como la que posee actualmente, le garantiza la independencia suficiente como para constituir una voz crítica. Hay numerosos medios pequeños o medianos que ejercen una función crítica y, a la inversa, hay grandes concentraciones mediáticas que son condescendientes con los gobiernos de turno”.
Estos párrafos, que pertenecen al resumen publicado por el Centro de Información Judicial, marcan el pequeño gran matiz que Aguad busca ocultar: la opinión pública intocable es la individual, pero para que esta exista debe haber un marco colectivo que la garantice, y eso es lo que está en juego. Otro dato no menor es que el reclamo es sólo del Grupo Clarín, por lo que esta nueva filosofía tiene un solo beneficiario. Ni «la gente», ni «la sociedad», ni otras empresas periodísticas impugnaron la ley.
Otra contradicción se da en torno al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, ya que fue uno de los firmantes de las conclusiones antes expuestas. Este magistrado fue invitado por Macri a tener un rol protagónico en la tan mentada entrega de los atributos presidenciales. Entonces, ¿Aguad cree, cómo dijo en el reportaje, que el juez está a favor de “una ley que fue hecha para competir o aniquilar al Grupo Clarín, y a algunos otros medios como Cadena 3 (radio donde se realizaba la nota)”?.
General sin uniforme
Su manifiesta preocupación por los interés del Grupo Clarín y la excelente elección que Cambiemos hizo en Córdoba le deben haber allanado el camino a Aguad para recaer en un área tan sensible del Gobierno, a pesar de no haber mostrado ningún rasgo de pluralidad durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, y de tener una pasado con duros cuestionamientos, procesamiento incluido.
Diputado nacional desde 2005, propios y extraños lo apodan “El Milico”, por los aceitados vínculos que siempre tuvo con las corporaciones militar y policial cordobesas. A tanto llegó su devoción por los uniformes que a sus últimas dos campañas políticas, en 2013 y 2015, las cerró con un “abrazo simbólico” al cuartel general de la Policía provincial. No quedó bien claro si ese «mimo» tuvo en cuenta el salvaje acuartelamiento que impulsó esa fuerza hace dos años, que terminó con decenas de muertos en todo el país tras un «efecto contagio».
A tanto llegó su devoción por los uniformes que sus últimas dos campañas políticas, en 2013 y 2015, las cerró con un “abrazo simbólico” al cuartel de la policía provincial.
Cuando todavía no era aliado de Macri, el dirigente Luis Juez, en una entrevista con Víctor Hugo Morales en Continental, dijo que Aguad “era demasiado facho” para criticarlo. “Su pasado es represor, por algo le dicen ‘El Milico’. A mí no me va tapar la boca un patotero, un democrático con uniforme verde oliva”, había completado.
De esta manera, Juez respondía a las críticas de Aguad por haber votado junto al kirchnerismo la ley de matrimonio igualitario. En ese diálogo, el ex intendente de Córdoba capital también hacía mención al ascenso que tuvo el represor Carlos Yancinelli dentro de la Policía (llegó a ser el tercero en la línea sucesoria del cuerpo) cuando Aguad era el ministro político del gobernador Ramón Mestre.
De esa época es también la foto que supo publicar el por entonces canciller Héctor Timerman, en la cual aparece Aguad, el Día de la Bandera de 1997, compartiendo un palco oficial con el también genocida Luciano Benjamín Menéndez. Yancinelli y Menéndez fueron juzgados y condenados junto Videla años después, cuando, parafraseando a Aguad, se usó “una filosofía contraria” al indulto y a la impunidad.
Según el periodista Mariano Saravia, de Radio Nacional Córdoba, Aguad, directamente, lo que hizo fue “volver a reunir como un grupo comando” a “la patota de los setenta” para reprimir la protesta social ya en democracia. También recuerda que la misma metodología llevó a Corrientes en 2001, cuando Fernando De la Rúa lo nombró interventor de la Municipalidad (Mestre lo fue en la provincia).
“Aguad en la Municipalidad y Mestre en la provincia de Corrientes inauguraron su intervención en diciembre de 1999 con dos muertos en el Puente General Belgrano”, detallaba Saravia. De ese pasado correntino Aguad también se trajo un procesamiento por “defraudación al municipio” por una cifra estimada en 60 millones de dólares. A pesar de la negativa del por entonces procurador general adjunto de la Nación, Eduardo Casal, la Corte hizo prescribir la causa sin resolver la cuestión de fondo.
Por su primeras declaraciones, Aguad parece otra vez estar actuando bajo su lógica castrense, donde se le encomiendan supuestas misiones de intervención para destruir a un supuesto despreciable enemigo. Por lo pronto, la reacción popular no se hizo esperar y en las últimas horas se realizó una concentración en la puerta del AFSCA, de la cual también participó su titular Martín Sabbatella.
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El otro problema de Aguad
En la entrevista con Cadena 3, Aguad apuntó tanto al AFSCA como a la AFTIC. Este último fue creado a imagen y semejanza del primero en el debate legislativo de la ley “Argentina Digital”, que es como una ley de medios pero para las telecomunicaciones e Internet. En ese marco, Aguad se reunió con Berner pero igualmente lo calificó como “un problema”, y prometió «una pronta solución». Más conciliador y contemplativo fue el funcionario, quien se mostró abierto a coexistir con el ministro (le quedan tres años de mandato) en el marco institucional.
«Es necesario cumplir con las leyes vigentes que sancionó el Parlamento, donde se dejó expresamente establecida la necesidad de apostar a un organismo compuesto por distintas voces del sector, con representación cada vez más federal. Esto permitirá garantizar los derechos de los usuarios, esperando que se respeten las opiniones de todos los involucrados en una materia tan importante para los argentinos como las telecomunicaciones», dijo este fin de semana en declaraciones a los medios.
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