Por Daniel Cecchini
En el último día hábil antes de la Navidad, el arbolito del Grupo Clarín se pobló con dos regalos largamente esperados. El primero vino de manos del Poder Ejecutivo, cuando el ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad (a) el Milico, anunció un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Mauricio Macri, mediante el cual dispuso la intervención por 180 días de la Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y el desplazamiento de su titular, Martín Sabbatella. Que esa intervención sea a todas luces ilegal no significó ningún obstáculo.
El segundo llegó del lado del Poder Judicial, cuando la Cámara Federal porteña, en un fallo dividido, decidió el apartamiento del camarista Eduardo Freiler de la causa que investiga la apropiación ilegal, durante la última dictadura y en complicidad con sus jerarcas militares, de las acciones de Papel Prensa por parte de los propietarios de los diarios Clarín, La Nación y La Razón.
El desplazamiento de Freiler –logrado con los votos de sus colegas Eduardo Farah y Martín Irurzún, y la disidencia de Jorge Ballestero– era una medida que los abogados de Clarín y La Nación venían fogoneando sin suerte desde hace tiempo. El pecado del juez era haberse pronunciado a favor de citar a indagatoria a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre y otros imputados en un delito que, por haberse cometido con las herramientas del terrorismo de Estado, es imprescriptible.
Se intenta cerrar así, de manera favorable, un círculo vicioso, en cuyo punto de origen se encuentra el despojo al Grupo Graiver de las acciones de la única empresa productora de papel para diarios del país. Manejando a su antojo la distribución, el precio y las cotas de venta del papel, Clarín –junto con La Nación– eliminaron competidores y compraron otros medios para acrecentar su poder. Fue a partir del monopolio de ese insumo que el Grupo Clarín dio los primeros pasos para convertirse en un poderoso multimedios capaz de instalar, extorsionar y desgastar gobiernos a través de la manipulación de la opinión pública. En un caso explosivo de metástasis mediática, el Grupo compró radios, canales de televisión y fue eliminando, con estrategias de asfixia, a sus competidores menores en la distribución de las señales de cable.
En los últimos años, Clarín y sus asociados utilizaron todo ese poder de fuego para evitar la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que les recorta poder, y para frenar el juicio donde están imputados por la apropiación de Papel Prensa. Parte de su estrategia fue la instalación de Mauricio Macri en la Casa Rosada.
Los resultados están a la vista. La devolución de favores, también. En sus primeros doce días de mandato, el presidente decretó la intervención de la AFSCA y los camaristas, siempre atentos al soplo de los vientos políticos y temerosos del poder de Clarín, toman una medida que, por lo menos, seguirá demorando la causa Papel Prensa.
No siempre el crimen no paga.
