Por Florencia Abelleira
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sustituyó a la cúpula del Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB) luego de la fuga de la Unidad Penal 30 de General Alvear de los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci, condenados a cadena perpetua por el triple crimen de General Rodríguez. Aunque supuestamente la decisión estaba tomada desde antes, el domingo anunció que el nuevo jefe del SPB será Fernando Díaz, quien ya había desempeñado ese cargo entre 2005 y 2009 durante las gestiones de Felipe Solá y Daniel Scioli. Quien era jefe de los guardiacárceles cuando se incendió el Penal de Magdalena que causó decenas de muertos ayer juró en el cargo.
Díaz es quilmeño y abogado egresado de la UBA, presentado por el Ejecutivo provincial como un “experto en políticas penitenciarias” que hasta el domingo se desempeñó como subjefe del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Su carrera en el ámbito carcelario comenzó en los noventa, cuando ingresó como abogado en el SPF, y posteriormente se desempeñó como segundo jefe de la División Asuntos Administrativos de la Dirección de Auditoría General, como asesor de gabinete de la Intervención del SPB de 2004.
Con su designación, Vidal puso al frente del SPB a un hombre que ya estuvo en ese lugar. Cuando asumió en 2005 la jefatura carcelaria gobernaba Solá, que un año antes (el 21 de abril de 2004) había dictado la emergencia y había ordenado la intervención del Servicio Penitenciario. El interventor era Ricardo Cabrera, el suegro de Díaz, que en ese entonces tenía 41 años.
Poco antes de dejar su intervención de doce meses, Cabrera había sido designado por el Senado como juez de Ejecución Penal en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, cargo que asumió apenas dejó la gestión. La propuesta de que Díaz debía reemplazar al magistrado fue avalada por el entonces ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco. Durante ese año de intervención se modificaron estructuras y se produjeron depuraciones de personal, lo mismo que ayer Vidal adelantó que Díaz hará: “Vamos a reestructurar el SPB. Hay que establecer un sistema para que los que trabajan mal tengan dónde rendir cuentas”.
Sin embargo, a principios de la primera gestión de Fernando Díaz al frente de los 52 penales de la provincia, resaltó como un rasgo positivo que fuera un civil y que su procedencia estuviera vinculada al derecho penal y su cercanía con el sistema carcelario. Pero su gestión dejó un rezago de confusión y descontento.
En 2007, dijo al diario Perfil que “las cárceles bonaerenses se constituyen sobre una población que ya es inferior a los 24 mil internos, más de 13 mil están estudiando. Gran cantidad de gente está trabajando. El hacinamiento se está terminando, se podría decir que casi no hay hacinamiento. Los hechos de violencia disminuyen mes a mes. Cuando tenemos hechos de violencia, en un 90 por ciento tenemos identificado quién es el agresor, si se sigue una causa penal terminan siendo condenados los agresores”. Díaz pintó un panorama de una cárcel que de a poco terminaba con las injusticias que siempre la caracterizó.
Pero, mientras sostenía que la violencia disminuía, hubo varias muertes dudosas en los penales de la provincia donde agentes del sistema penitenciario están involcurados. Algunas pocas que tuvieron cierta trascendencia mediática fueron el caso de Sergio Jaramillo, quien apareció colgado en su celda de la UP15 luego de presentar un hábeas corpus porque lo habían amenazado de muerte. Un juez ordenó ponerlo en una celda de aislamiento bajo exclusiva custodia del SPB, pero ese fin de semana apareció muerto. Luis Angel Gorosito Monterrosa, de 23 años, murió casualmente dos días antes de prestar declaración por una denuncia que había hecho contra el Servicio en la UP24 de Florencio Varela. Las muertes de Cristian López Toledo y Julio Esteban Ortiz fueron dos casos de pasaje de corriente eléctrica. David Jesús Quiroga Velásquez tenía 33 años, había sido castigado y llevado por los guardias al “buzón”, pero extrañamente sólo estuvo una hora, porque apareció ahorcado con un pedazo de tela, según la versión policial. Estos son sólo algunos ejemplos, porque la lista es larga.
En este entonces, la gestión de Díaz fue criticada duramente por organizaciones de derechos humanos, principalmente por la Comisión Provincial por la Memoria. Uno de sus presidentes, el ex fiscal Hugo Cañón, dijo entonces a la prensa: “Las cárceles son campos de concentración y de exterminio. No son más que un depósito de carne humana, donde los presos están obligados a domesticarse, cumpliendo todo tipo de directivas, incluso ilícitas, como salir del penal para robar. Son lugares donde la vida no vale nada”.
La respuesta de Díaz fue tildar de “mercenarios de los derechos humanos” al mismo Cañón, y a los titulares del Comité Contra la Tortura de la CPM Alejandro Mosquera y Roberto Cipriano García.
Sin embargo, aquello que pensaba en 2007 cuando se enemistó con la CPM le sirvió, en un giro discursivo, como herramienta para disparar contra la administración de Daniel Scioli en mayo de 2012: “La actual concepción del SPB se pasa a los derechos humanos por el quinto forro”.
Y también ofreció una mirada crítica del estado de las cárceles y la necesidad de tener una mirada progresista sobre la formación de los agentes: “La formación militarizada no tiene ningún sentido ni sirve para nada. La tarea que debemos hacer es muy humana, tratando de recomponer a las personas que han fallado en la vida, y tener una formación como la que se estaba dando no servía para nada”.
La Masacre de Magdalena
La rispidez con los organismos de derechos humanos surgió casi desde su asunción: a los pocos meses de haberse convertido en jefe del SPB, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel reclamó su renuncia luego del trágico motín de Magdalena del año 2005, cuando murieron 32 internos.
El 15 de octubre de 2005, durante un motín, los presos causaron un incendio en la Unidad Penal de Magdalena que tuvo consecuencias trágicas: 32 personas privadas de la libertad murieron por aspirar el venenoso ácido cianhídrico que despiden los colchones de poliuretano no ignífugos al quemarse.
La Masacre se produjo cuando los penitenciarios decidieron dejarlos morir: no abrieron los candados de las puertas para que pudieran escapar. La versión oficial fue responsabilizar del incendio a un motín de presos. Pero de lo que no se habló fue de la ausencia de extinguidores ni de la falta de motor para accionar la bomba de extracción de agua, ubicada a escasos metros de la puerta del pabellón, ni de la connivencia policial.
Por más que a los archivos nadie resiste, el gobierno de Cambiemos decidió darle a Díaz nuevamente un lugar en la cúpula penitenciaria bonaerense, vacante que estaba libre desde hacía cinco días cuando el 23 de diciembre la jefa anterior, Florencia Piermarini, presentó su renuncia. Igualmente, ayer Vidal volvió a tirar las culpas afuera: le endilgó la responsabilidad a la renunciada, porque recién en la mañana del lunes se cumplieron los pasos necesarios para que Díaz pudiera jurar. Les llevó cinco días resolver la acefalía del SPB.
