Por Roberto Álvarez Mur
Ante la avanzada del macrismo sobre la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) presentó una medida de amparo con cautelar contra los decretos de creación del Ministerio de Comunicaciones y contra la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Federal (AFSCA). “Consideramos que los decretos son violatorios de la Ley, la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, expresó Néstor Busso, miembro de FARCO y representante del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CoFeCA), órgano previsto por la Ley que nuclea a los más diversos sectores de la comunicación y del Estado.
“Las facultades que la Ley otorga a CoFeCA han sido vulneradas, han sido tomadas de hecho. Este es un organismo con 38 miembros y representación de las provincias, y es quien –según la ley– debería analizar y determinar en caso de que se considere que hubiere incumplimiento de las funciones que la Ley otorga a la Autoridad Federal. Es el único órgano en condiciones de destituir a las autoridades –previo análisis y defensa de los acusados–, si es que hubiera alguna irregularidad”, explicó Busso.
El CoFeCA es un órgano creado por la Ley 26.522 para colaborar con la AFSCA en el diseño de la política pública de comunicación, y tiene una composición plural y federal que incluye a representantes de medios comunitarios y privados, sindicatos de trabajadores de la comunicación, Universidades nacionales, pueblos originarios, gestoras de derechos, todos los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
“Consideramos que los decretos son violatorios de la Ley, la Constitución Nacional y los tratados internacionales”. Néstor Busso, FARCO y CoFeCA.
“La gravedad del decreto de intervención es profunda. A diferencia de lo que quieren instalar desde ciertos medios, en referencia a que es cambiar ‘un funcionario por otro y listo’, lo que realmente hace es barrer con todo el directorio, conformado mediante legislación debatida en el Congreso, y reducirlo a un unicato, a un reinado de una sola persona, quien concretamente es hoy Agustín Garzón”, dijo a Contexto el representante nacional de FARCO y director de Radio Estación Sur, Pablo Antonini.
Agustín Garzón fue el nombre designado por el decreto del Gobierno para suplantar –él solo– al Directorio de siete miembros que dicta la Ley: tres en representación del Poder Ejecutivo y la mayoría o primera minoría parlamentaria, dos en representación de las minorías parlamentarias del Congreso Nacional y dos por el CoFeCa, incluyendo entre estos últimos a uno designado por las Universidades.
“La gravedad del decreto de intervención es profunda. Lo que quieren instalar ciertos medios es que es cambiar ‘un funcionario por otro’, pero lo que hace es barrer con todo el directorio y reducirlo a un unicato, un reinado de Agustín Garzón”. Pablo Antonini, Farco.
“La realidad es que el Gobierno está actuando con un nivel de desparpajo mayor al que se esperaba. Uno podía imaginar un escenario en el que el macrismo estuviera en desacuerdo con la actual Ley, que está en todo su derecho. Pero esperábamos que presentara su propio proyecto en el Congreso, y que pudieran darse fuertes debates, con espacios y foros públicos, tal como se hizo con la actual Ley”, expresó Antonini.
La presentación del amparo y la cautelar se realizó ayer en el Juzgado Federal de Viedma y se espera que, en el transcurso de hoy, distintos representantes de otros puntos del país eleven sus propias demandas. Un escrito, elaborado por una extensa lista de especialistas jurídicos, está acompañado por la firma de Juan Carlos Chirino como patrocinante. “El hecho de que haya un amparo junto con una cautelar interina apunta a que haya una resolución rapidísima”, declaró Chirino.
La presentación del amparo y la cautelar se realizó ayer en el Juzgado Federal de Viedma y se espera que, en el transcurso de hoy, distintos representantes de otros puntos del país eleven sus propias demandas.
“De todas formas, más allá de utilizar esta herramienta legal que encontramos para dar la pelea, no vamos a quedarnos sólo allí y vamos a seguir realizando actividades”, dijo Antonini, y agregó: “Estamos planificando la programación de asambleas y foros a lo largo y ancho de todo el país, el relanzamiento de la Coalición por una Comunicación Democrática para marzo del año que viene. Continuar en el camino de profundización del modelo de comunicación popular que propone la Ley 26.522”.