Por Roberto Álvarez Mur
Frente a lo que parecer un regreso de la represión para ordenar la calle por parte del Gobierno de Mauricio Macri, un grupo de diputados nacionales del Frente para la Victoria, conformado por Leonardo Grosso, Remo Carlotto, Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Silvia Horne y Andrés Guzmán, impulsan por estas horas la presentación de un Proyecto de Ley para proteger el derecho a la protesta social.
“Lo que estamos planteando es una respuesta desde el Congreso de la Nación a la iniciativa de regular el funcionamiento de la protesta social. Esto viene generando un fuerte debate en el Congreso desde hace algunos años”, dijo a Contexto Carlotto, quien afirmó que el proyecto se presenta como contraparte al accionar represivo que el Gobierno ya puso de manifiesto ante los trabajadores de Cresta Roja.
Carlotto: «No deben existir autorizaciones previas. la intervención de las fuerzas de seguridad deben darse sin armas de fuego y debe haber una mediación de una bicameral».
“Existe una contraposición de derechos en el planteo que manifiesta el Gobierno. Por una lado, plantea el derecho a la protesta y la manifestación, en contraposición con el derecho a la libre circulación. Nosotros planteamos que el Estado debe garantizar, obviamente, el derecho a la libre circulación, pero debe garantizar también todas las medidas para que aquellos que quieran manifestarse públicamente lo puedan hacer”, remarcó Carlotto.
“Para ello, planteamos que no deben existir autorizaciones previas, que la intervención de las fuerzas de seguridad debe darse en ausencia de armas de fuego y que lo que debe existir es una mediación inmediata de una comisión bicameral –estipulada también en el proyecto– de intervención y derivación a áreas acordes a la demanda correspondiente”.
En tanto, aseveró: “Lo que estamos buscando enfatizar es que el Estado debe garantizar el derecho a la protesta y no un camino de restricción. Hemos escuchados planteos por parte de algún diputado de localizar un espacio físico donde realizar la manifestación, como si acaso fuera un ‘protestódromo’. Nos parece un acto ridículo y fuera de la realidad”.
El Proyecto de Ley lleva el nombre de los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, quienes fueron asesinados por agentes de la Policía Bonaerense en la denominada Masacre de Avellaneda del año 2002.
Macri y el protocolo de seguridad
“El Gobierno ya tiene preparado un protocolo de directivas a sus fuerzas de seguridad, con el cual buscan establecer un discurso para justificar su accionar como si fuese un mero trámite, y no es otra cosa que la persecución y represión de la clase trabajadora”, había anunciado a Contexto el titular de la CTA, Hugo Yasky.
Carlotto: “Lo que estamos buscando enfatizar es que el Estado debe garantizar el derecho a la protesta y no un camino de restricción».
El paradigma del macrismo frente a la protesta social mostró su cara más fuerte en menos de un mes de gestión. Como es usual, el diario La Nación se encargó de “explicar” la necesidad de atender la protesta con firmeza: “En la Casa Rosada existe una clara intención de diferenciarse de la ex presidenta Cristina Kirchner en la política del orden en la vía pública. El kirchnerismo alentó las protestas que consistían en cortes y bloqueos en rutas y calles porteñas, al punto que disponía que las fuerzas de seguridad desviaran el tránsito y custodiara la seguridad de los impulsores de los bloqueos”.
“Hay una directa relación entre la aplicación de un plan económico y la estructura represiva en consecuencia. Si nosotros tenemos un proceso económico y social inclusivo, las manifestaciones públicas van a ser de orden pacífico y va a existir diálogo y coordinación. Cuando lo que se busca, en cambio, es reducir el rol del Estado, desfinanciarlo y favorecer a grupos económicos concentrados, lo que se prevé es generar un protocolo contra la protesta”, expresó Carlotto
“Lo que se plantea, básicamente, es un esquema de carácter represivo y no de diálogo. Al funcionamiento de una economía de concentración deviene un funcionamiento de una estructura represiva que persigue las manifestaciones populares”, concluyó
