Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia e instó a reducir el personal público, instalando el término “ñoqui” como justificativo del recorte que está haciendo en el Estado, las empresas vieron un terreno fértil para imitarlo y también reducir su planta de trabajadores en el sector privado.
En un mes de gobierno, 18 mil empleados públicos y unos 10 mil del sector privado quedaron sin trabajo, lo que suma un total de casi 30 mil personas en la calle, muchas de ellas sin indemnización o con la mitad de lo que deberían recibir.
El inicio de la ola de despidos lo encaró Cresta Roja cuando se dio a la quiebra a mediados de diciembre del año pasado, dejando una suma cercana a los 5 mil empleados a la espera de un nuevo comprador. Cresta Roja recibía dinero del Estado para poder subsistir, y cuando asumió Cambiemos, la primera medida que tomó fue anular ese contrato. Algo similar pasó recientemente con la empresa aérea Sol, en la que sus 300 empleados continuaban con sus puestos laborales gracias al convenio que Aerolíneas Argentinas había firmado, y que fue anulado por la nueva gestión al mando de Isabela Constantini.
A estos casos se suma la suspensión de 400 empleados temporarios en la empresa Havanna, medida basada, según sus dueños, en la merma de ventas a causa de una temporada que comenzó con poco turismo en la costa atlántica.
La empresa Cerámica San Lorenzo, que pertenece al Grupo Etex, con sede en Bruselas y que cuenta con 118 plantas y 12.500 empleados en 43 países, ubicada en la localidad de Azul, envió 100 telegramas de despido la semana pasada, lo que representa un tercio de reducción de su planta. Y en Santa Fe, los trabajadores del frigorífico Frideco se reunieron hace dos semanas en el Ministerio de Trabajo, luego de que la empresa cerrara sus puertas y dejará en la calle a más de 100 trabajadores.
Mientras tanto, un informe realizado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma detalla los despidos realizados según la empresa, la cantidad de trabajadores desafectados, el rubro y la provincia en la que está radicada cada una. La lista es encabezada por Cresta Roja, seguida por las empresas constructoras con 2 mil casos, y por Austral Construcciones, que cesanteó a más de 1.800 trabajadores. Y así hasta llegar a los 10 mil despedidos.
las nuevas políticas del gobierno de Mauricio Macri tienen como objetivo «atemorizar al conjunto de los trabajadores del sector público, y al mismo tiempo enviar una señal a los empleadores y trabajadores del sector privado», no sólo a través de medidas de alto impacto como los despidos en el Estado, sino también a nivel discursivo.
Según señala el informe, las nuevas políticas del Gobierno de Mauricio Macri tienen como objetivo «atemorizar al conjunto de los trabajadores del sector público, y al mismo tiempo enviar una señal a los empleadores y trabajadores del sector privado», no sólo a través de medidas de alto impacto como los despidos en el Estado, sino también a nivel discursivo.
Así es como, con la excusa del “sinceramiento”, se registraron bajas en el rubro metalúrgico, cerámica, petróleo, construcción, gastronomía, alimentos, prensa y transporte.
Las respuestas que dieron todas estas empresas son similares entre sí. Parece ser que se sintieron respaldadas por un poder político que sostiene el achicamiento del Estado, si, por ejemplo, se considera la respuesta que Mauricio Macri dio en conferencia de prensa ante la sucesión de despidos: «Yo sueño que tengamos una Argentina donde cada uno de nosotros encuentre un lugar donde ser feliz», y que «para eso es tan importante la tarea de cada día, la vocación, que cada uno esté orgulloso de su trabajo, que sea digno e íntegro, que no haya más argentinos a los que se les dibuje un recibo salarial por algo que no hacen». Mientras que el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, sostuvo que los despidos que se producen en el sector privado «son parte de la herencia» del kirchnerismo y no descartó que haya más ajuste. Además de aclarar que «Si llegaron a la decisión de despedir sus planteles, no es por lo que estamos haciendo nosotros».
Ante este contexto, la anterior mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, pidió desde El Calafate «que los líderes sindicales defiendan con tanta fuerza a los trabajadores como lo hicieron durante nuestros gobiernos»; y concluyó: «Hasta hace un año se peleaba por el impuesto a las ganancias, y ahora van a tener que pelear por conservar los puestos de trabajo».
