Por Leandro Gianello
Cuando el Gobierno nacional lanzó los primeros decretos para intervenir la AFSCA y la AFTIC y desplazar a sus autoridades, todas las posturas al respecto fueron volcadas a fines de diciembre pasado en un formulario de adhesión que COMUNA habilitó en su página de Internet para todos los que quisieran sumar su apoyo ciudadano.
Ahora, son 4.700 los firmantes que reclaman contra la decisión del oficialismo de adecuar una ley, trabajada con esmero y en forma absolutamente democrática por amplios sectores de la ciudadanía, a los intereses exclusivos de las empresas privadas hegemónicas.
Bajo las consignas de que los poderes Ejecutivo y Judicial cumplan con las normas vigentes y cesen el atropello hacia las instituciones, respeten de forma integral la LSCA, la Constitución y la libertad de expresión y pluralidad de voces, junto a la solicitud expresa de reapaertura de la AFSCA y el reconocimiento de sus autoridades legales, el petitorio de COMUNA sumaba hasta el sábado pasado 4.714 firmas.
Asimismo, es patente y distinguible el reclamo para que cesen las intimidaciones: “no a la caza de brujas, a las listas negras y a las campañas de desprestigio de periodistas”, señala el pedido que Rosaura Audi y Hugo Muleiro entregaron a la diputada Liliana Mazure que, a su vez, remitió a Héctor Recalde, presidente del bloque del FpV y al senador Juan Manuel Abal Medina.
“Es un pedido ciudadano que no se ajusta a un mecanismo institucional, pero que suma a la hora de argumentar y es una acción política”, expresó a Contexto Hugo Muleiro, periodista y presidente de COMUNA.
“Cuando arrancamos con el petitorio, no pensábamos entregarlo a los legisladores u otra autoridad”, reconoce Muleiro; “lo hicimos luego de ver que se masificaban las adhesiones” y pensando en que pueden ser una base argumentativa para “fundamentar las discusiones en comisiones o en los discursos políticos”.
El grupo de periodistas, comunicadores sociales, trabajadores de medios gráficos, radios, televisión y medios públicos, privados, cooperativos y sin fines de lucro, junto a docentes y estudiantes de universidades y escuelas de periodismo y publicitarios nucleados en COMUNA, ya había enviado con anterioridad al Relator Especial de Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, sus críticas a las decisiones asumidas por el macrismo.
Esencialmente, estas acciones de gobierno se contraponen a los principios establecidos en la Convención Americana, a la cual Argentina adhiere, lo que establece el marco argumentativo para la solicitud, ya que la intervención de facto y la remoción de las autoridades legítimas en las entidades creadas por la Ley 26.522 significan lisa y llanamente una modificación de la misma.
COMUNA ya había rechazado la intervención de AFSCA y AFTIC y también la reforma de la norma mediante el Decreto 267/15, por el cual el gobierno macrista aumentó la cantidad de licencias de radio y televisión que puede poseer una misma empresa y arrasó con las cuotas de mercado previstas para la televisión por cable, en beneficio directo del Grupo Clarín.
Cabe recordar que ese decreto disolvió los organismos de conformación plural, multisectorial y federal que prevé la LSCA, para crear un Ente Nacional de Comunicaciones en que el Poder Ejecutivo, encabezado por el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, se asegura la mayoría automática y tiene control total sobre sus miembros.
Una alternativa para la información
COMUNA, que también es miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática, “es una agrupación pequeña, basada en las redes sociales, pero que busca difundir lo que sucede día a día respecto a la LSCA”, agrega Muleiro, “pero además, queremos cumplir con la pluralidad de voces, enviando a los medios más pequeños información que se encuentra invisiblizada o bloqueada”.
“Intentamos ofrecer lo que antes era brindado por los medios públicos del Estado, pero dado el contexto político actual, ahora se encuentra fuera del alcance”, señala Muleiro.
