Por Maximiliano Ceci
La Dirección Provincial de Políticas Reparatorias fue disuelta por orden de la gobernadora macrista María Eugenia Vidal. Mediante un comunicado firmado por los directores denunciaron que esta decisión pone en riesgo “la cobertura y presencia del Estado como querellante en los juicios por crímenes de lesa humanidad, y los trabajos de investigación, señalización y preservación de los sitios de memoria”.
“En principio, es una definición política contundente. Nos informaron de una Reforma Estructural que para nosotros significa un retroceso en la conquista de una lucha de muchos años. Hoy tenemos incertidumbre del modo que van a encarar los derechos humanos como política de Estado”, dijo a Contexto Ramón Mariano Baibiene, ex director de la Dirección de Políticas Reparatorias, luego de que Vidal y Santiago Cantón, el nuevo secretario de Derechos Humanos, resolvieran disolver la dependencia.
“El cierre de la Dirección implica dejar de tener una mirada integral de las víctimas del terrorismo de Estado. Desde la dirección entendíamos a la víctima como un sujeto y se lo acompañaba desde distintas áreas, que con esta disposición las absorben distintas subsecretarías, lo que dificultará esta coordinación”, añadió Baibiene en referencia a la Dirección que se puso en funcionamiento a fines de noviembre del año 2012 con el fin de cumplir con las obligaciones en materia de promoción, protección y reparación de los daños producidos por el Estado terrorista sobre las bases de Memoria, Verdad y Justicia.
«En estos tres años de gestión, trabajamos sobre acciones reparadoras concretas sobre el territorio provincial: relevamiento de 53 cementerios municipales en busca de información sobre enterramientos clandestinos en dictadura; se obtuvieron 2.066 muestras de sangre de familiares de desaparecidos a través de la campaña de la “iniciativa latinoamericana” de forma conjunta con el EAAF; se realizaron más de cuarenta señalizaciones de lugares que funcionaron como ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y se trabajó en la construcción de cinco Espacios de Memoria; se participó como querellante en más de dieciocho juicios por crímenes de lesa humanidad”, expresó un comunicado firmado por los directores de esta Dirección.
“Estamos transitando un proceso de achicamiento del Estado, una reducción de trabajadores. Esto genera una gran incertidumbre. Desde la Dirección estábamos tratando de incorporar nuevos trabajadores para que el trabajo sea aún más efectivo. Será muy difícil seguir con el mismo caudal de acciones reduciendo el número de trabajadores”, explicó Baibiene tras repudiar esta decisión política tomada por el Gobierno, que “implica un retroceso para el Estado como garante de los procesos de memoria”.
“Simbólicamente, se está cambiando. Hay una clara definición política que parece retroceder en discusiones que ya estaban cerradas. Hubo innumerables fallos que sentenciaron el proceso de dictadura como un genocidio, como un exterminio de una parte de la sociedad por no tener la misma ideología que atravesaba la Junta Militar. La decisión de cerrar la dirección está rompiendo un lazo directo con la sociedad, que permitía tanto el acompañamiento de la víctimas del terrorismo de Estado como una continua reconstrucción histórica”, concluyó Baibiene.
