Por María Florencia Actis*
Hace dos días se dio a conocer la noticia de un nuevo y dudoso femicidio en la estancia “El Broquel” (Carlos Casares), cuyo dueño, Héctor Biolcati, es hermano del ex presidente de la SRA, Hugo Biolcati. Mariana Colman, de dieciocho años, estaba desaparecida desde el sábado y, tras la creciente incertidumbre sobre su paradero, se iniciaron los rastrillajes en el campo donde había sido vista por última vez, ubicado sobre la ruta nacional 5. Su cuerpo fue encontrado semienterrado en un pozo, tapado con chapas, pasto y bidones vacíos, con signos de violencia física (presentaba fracturas y hematomas en la cara y la cabeza) y de presunto abuso sexual.
El miércoles 4 trascendió la información de que el capataz del campo, Horacio Isaías Oliva, de 53 años, se había entregado a la Policía, adjudicándose el asesinato de la joven y declarando que la mató porque ella lo ignoraba. La interpretación del despecho, es decir, la argumentación del femicida, se instaló en el discurso de los medios como un móvil que, si bien todavía es contemplado por la Justicia penal, desde la jornada del NiUnaMenos más vigorosamente se intenta desterrar del lenguaje utilizado en las coberturas periodísticas sobre violencia de género.
El periodismo sigue absorbiendo acríticamente las categorías de mundo que provee el universo jurídico, bajo el lema de la objetividad informativa, sin dimensionar la condición simbólica que los propios medios masivos representan para que los femicidios puedan ser noticia cada semana en la Argentina.
El problema es menos de fondo que de forma, ya que la forma en que se denomina jurídicamente y el fondo o contenido son planos imbricados. Las categorías jurídicas de occidente han producido un modo de ordenamiento social y cultural (engendrando a su vez sus propias exclusiones o residuos) y conformado los marcos de inteligibilidad y legibilidad sobre aquello que nos rodea. El periodismo sigue absorbiendo acríticamente las categorías de mundo que provee el universo jurídico, bajo el lema de la objetividad informativa, sin dimensionar la condición simbólica que los propios medios masivos representan para que los femicidios puedan ser noticia cada semana en la Argentina.
El caso de Mariana se suma a cientos de casos en que los medios habilitan el morbo alrededor de la escena del crimen, mediante la voz del femicida, para vender sus noticias como mercancías, haciendo prevalecer la rentabilidad de la noticia por sobre el compromiso de construir una realidad social menos violenta. La tendencia fragmentaria sobre los casos induce a interpretarlos como una sumatoria de tragedias individuales, desdibujando las posibilidades de pensarlos como una problemática multiforme y multicausal que nos atraviesa a todos/as, y a todos nuestros vínculos.
La violencia de género, ese fenómeno que tuvo su pico de rating a mediados del año pasado cuando, tras una seguidilla de asesinatos a mujeres, la sociedad se movilizó en las calles de todo el país para gritar “nos están matando”, hoy parece que quedó en el anecdotario de 2015, a la par de otros tantos sucesos de muy diferente naturaleza. La potencialidad política de la masiva concentración, y el grado de conciencia/sensibilidad que ha sembrado a casi un año, podría advertirse, en parte, en el compromiso ético periodístico actual a la hora de cubrir los casos; precisamente porque ha sido el periodismo misógino uno de los tantos actores responsabilizados en las plazas del NiUnaMenos.
Sin embargo, el móvil de la emoción violenta sigue vigente en el tratamiento de todos los portales de noticias, con contadas excepciones, y el femicidio de Mariana es un claro ejemplo. La mató por amor, por celos, por despecho, frases que lamentablemente nos hemos acostumbrado a escuchar y leer en los medios cuando de violencia por razones de género se trata.
El no tan reciente proceso de deslegitimación de la Ley 26.522 de medios de comunicación audiovisual iniciado por las corporaciones mediáticas desde su sanción en 2013 e intensificado por el Gobierno nacional actual aparece como un obstáculo indirecto para la plena implementación de otras leyes de la democracia, como la Ley 26.485, que protege a las mujeres de las distintas formas violentas, pero también como una dilación en la regulación (no técnica, sino política) de los discursos público-mediáticos que vinculan estructuralmente amor y violencia. Retomando la premisa básica del feminismo “lo personal es político”, se torna necesario señalar que la violencia cotidiana en las relaciones de amor rebasa las responsabilidades individuales de esos varones que matan, para extenderse a nuevos y versátiles dispositivos estatales que dejan morir.
* Observatorio de Medios y Género, FPyCS.
