Por Leandro Gianello
La administración macrista avanza con su plan de achicamiento del Estado, esta vez desarmando mediante el despido de personal administrativo la estructura de los Centros de Documentación Rápida (CDR), dependientes del Registro Nacional de las Personas y del Ministerio del Interior, lo que en lo concreto implicaría un congelamiento de los trámites y afectaría directamente a la población.
En este marco de reformas feroces entablado por el Gobierno nacional, 36 empleados del CDR de La Plata fueron notificados mediante el envío de sendos telegramas de despido del cese de sus funciones durante el día jueves y se les impidió el acceso al organismo la mañana del miércoles pasado.
Treinta y seis empleados del CDR de La Plata fueron notificados mediante el envío de sendos telegramas de despido del cese de sus funciones durante el día jueves y se les impidió el acceso al organismo la mañana del miércoles pasado.
Jessica Murphy, trabajadora despedida de la oficina regional, dijo a Contexto que los avisos de fin de contrato llegaron luego del cierre normal del Centro de Documentación de Avenida 7 el viernes pasado, cuando les habían indicado que “los iban a trasladar a otro espacio mientras realizaban refacciones en el local”.
El miércoles a primera hora, los servicios de los empleados ya no eran bienvenidos y el gremio de UPCN no avanzó rápidamente en las negociaciones para reincorporarlos, por lo que los trabajadores decidieron movilizarse y permanecer “en estado permanente de asamblea y autoconvocados”, expresó Murphy.
Los cesanteados en el CDR platense se suman a los ya suspendidos en oficinas de otras delegaciones, como Mendoza, Córdoba, Libertador, Mar del Plata y Olavarría, con quienes han establecido contacto para unificar criterios de lucha y establecer las acciones a seguir, una especie de “asociación de despedidos”, señaló la ahora ex empleada.
Los cesanteados en el CDR platense se suman a los ya suspendidos en oficinas de otras delegaciones, como Mendoza, Córdoba, Libertador, Mar del Plata y Olavarría, con quienes han establecido contacto para unificar criterios de lucha.
“Damos plazo hasta el próximo lunes a la nueva gestión para que nos den una respuesta”, luego de lo cual podrían movilizarse a las oficinas para protestar y hacer visible la problemática que enfrentan los trabajadores, agregó Murphy.
Olavarría y el interior en alerta
Aunque diferente, el panorama no es más alentador en el CDR de la ciudad de Olavarría, que permanece con funciones reducidas en protesta por la llegada de los telegramas de despido, una medida que atenta contra el normal funcionamiento del organismo y, a la vez, supone un virtual desguace de una estructura fundamental para el trabajo eficiente del Estado en la emisión de documentación para la población.
Enzo Russo, trabajador de la delegación zonal, explicó a Contexto que la estrategia de funciones reducidas a pesar de haber sido notificados sobre el cese de la relación laboral “fue una sugerencia del gremio para asentar un precedente a la hora de negociar por las reincorporaciones”.
Hasta ahora, “nueve de doce compañeros han recibido los telegramas de despido”, expresó Russo, ante lo cual permanecen “en asamblea permanente para defender los puestos de trabajo”, aseguró.
“Inclusive las autoridades municipales, del mismo signo político que el Gobierno nacional, nos apoyaron asegurando que no éramos ñoquis”, puntualizó Russo, por lo que confían en que, por ahora, el apoyo del intendente local, al que le han enviado una carta para interiorizarlo de la situación y pedirle una audiencia especial, sumada a la solidaridad de los referentes peronistas de la ciudad, sirva para retrotraer la medida aplicada desde el Registro Nacional de las Personas.
Mientras tanto, la crítica situación de los CDR provinciales se expande y amenaza con paralizar el resto de las oficinas bonaerenses. En Mar del Plata, los dieciséis empleados despedidos tomaron el espacio en donde trabajaban y permanecen allí desde fines de la semana pasada.
Los Centros de Documentación Rápida forman parte de una estructura administrativa creada por el Ministerio del Interior y Transporte durante el Gobierno de Cristina Kirchner para acelerar de forma exponencial los trámites y solucionar las demoras características en la tramitación y obtención de los DNI.
