Por Contexto
Con el Decreto 336/2016, Mauricio Macri decidió dejar sin efecto los convenios de los organismos dependientes del Estado con las Universidades nacionales a partir del 1º de abril. La medida, anunciada el jueves pasado en el Boletín Oficial, pretende poner un manto de duda sobre la decisión del gobierno kirchnerista de confiar en la academia para el mejoramiento la cosa pública. De tal modo, revisarán todos los contratos que tengan solicitud de continuidad expresa por los Ministerios y quedarán sin funcionamiento aquellos que no sean solicitados.
En detalle, la normativa anuncia: «Los convenios celebrados entre los organismos dependientes de la Administración Pública nacional centralizada y descentralizada y Universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública, ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas, cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada hasta el 29 de febrero de 2016 por los señores ministros, secretarios de la Presidencia de la Nación o los titulares de los entes descentralizados, quedan sin efecto a partir del 1° de abril».
La disposición también solicita a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) “realizar una auditoría sobre las liquidaciones de haberes del personal efectuadas en el ámbito de la Administración Pública nacional centralizada y descentralizada, correspondiente a los conceptos liquidados por cualquier causa que tuviere su origen en la relación de empleo, durante los últimos cuatro meses del año 2015”.
La medida pretende poner un manto de duda sobre la decisión del gobierno kirchnerista de confiar en la academia para mejorar el estado.
Lejos de poner a las instituciones educativas en el ámbito del saber y de confiar en las decisiones que sus representantes tomaron, a fin de generar desde las Universidades públicas posibilidades de crecimiento y desarrollo estatal, prioriza la desconfianza para luego decidir si lo que las casas de altos estudios realizan es legal y necesario.
En tal sentido, a partir de la sanción de este nuevo decreto, “el requerimiento de continuidad o, en su caso, la firma de un nuevo convenio deberá ser solicitado” por los funcionarios “ante el jefe de Gabinete de Ministros, detallando las características del programa y fundamentando su necesidad y razonabilidad”.
Además, dispone la creación en la órbita del Ministerio de Educación y Deportes del “Registro de Convenios del Estado Nacional con las Universidades y otras entidades educativas”. En ese marco, “las jurisdicciones remitirán la información correspondiente con la frecuencia y en la forma que determine” la cartera.
En caso de que el convenio “implique el requerimiento de servicios personales o servicios de capacitación a prestarse por intermedio de recursos humanos de las Universidades, con carácter previo a su suscripción deberá darse intervención al Ministerio de Modernización (MDM)”.
El texto también dispone que «en base a solicitud debidamente fundamentada por la autoridad superior de la jurisdicción requirente”, a partir del 1º de marzo, los Ministerios, Secretarías de Presidencia y organismos de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada no podrán efectuar nuevas contrataciones de personal sin la previa intervención del MDN.
Los científicos advirtieron que «tanto la práctica como la gestión de la ciencia y la tecnología no son ajenas a las acciones generales de gobierno».
La medida fue dispuesta a pocos días de que más de 7 mil integrantes del sistema científico-tecnológico y universitario argentino realizaran una solicitada en medios nacionales anunciando su preocupación por el rumbo del «Cambio» respecto de las medidas gubernamentales en los primeros dos meses de gestión.
Allí los científicos y universitarios expresaban, entre otras cosas, “preocupación por una serie de acciones del gobierno del Presidente Mauricio Macri”. Y justamente remarcaban: “Lo hacemos con la premisa de que tanto la práctica como la gestión de la ciencia y la tecnología no son ajenas a las acciones generales de gobierno, al modelo económico-social y al funcionamiento del sistema democrático. Nuestra tarea cotidiana se construye sobre las bases del pensamiento crítico, por lo cual no podemos mirar para el costado frente a medidas que apuntan a generar una restauración conservadora en nuestro país, que eche por tierra conquistas sociales y populares e instale un discurso adormecedor de conciencias”.
