Por Roberto Álvarez Mur
Luego de la controversial designación en la Corte Suprema de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz a finales del año pasado, una nueva maniobra del Gobierno vuelve a poner en jaque la idea de transparencia en el Poder Judicial. En este caso, se trata de la designación como postulante de Juan Carlos Paulucci como nuevo fiscal de la Cámara Federal de la Seguridad Social. En contraste con un discurso presidencial que de arranque apuntó a una cruzada contra los supuestos “acomodos” y “ñoquis”, lo llamativo de esta postulación está en que Paulucci no sólo no reúne las idoneidades para ser magistrado, sino que además no es otro que el hijo del actual secretario de Seguridad Social de la Nación, quien lleva su mismo nombre. De aprobarse el pliego elevado, pasaría a “controlar” las actividades de su propio padre.
Gabriel de Vedia es el abogado que hasta el año pasado fue postulante principal para el cargo para el que ahora es impulsado Paulucci, cuyo pliego fue retirado de manera arbitraria aun cuando gozaba del máximo puntaje y la primera aprobación. En diálogo con Contexto, dijo: “Mi pliego fue retirado por el macrismo sin ninguna explicación cuando ya tenía la aprobación en primer lugar, desde el año pasado, en la instancia parlamentaria. Mandaron entonces el de Paulucci, hijo del actual secretario de Seguridad Social, quien hasta hace unos meses también era funcionario de la obra social de UATRE, el sindicato que maneja Momo Venegas”.
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«Mi pliego fue retirado por el macrismo sin ninguna explicación cuando ya tenía la aprobación en primer lugar. Mandaron entonces el de Paulucci, hijo del actual secretario de Seguridad Social, quien hasta hace unos meses también era funcionario de la obra social de UATRE, que maneja Momo Venegas.» Gabriel de Vedia, abogado.
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De Vedia había concursado por el cargo y consiguió el primer lugar en la orden de mérito con 137,25 puntos, a veinte puntos de distancia de Paulucci, con 118,75. El rol que se disputa es el de controlar la legalidad y defender los intereses generales de la comunidad. “En el fuero de la Seguridad Social tramitan todas las demandas de los jubilados. Todas las acciones contra la Anses y obras sociales se tramitan ahí. El fiscal lo que debe hacer es controlar la legalidad de esas causas. Si a veces hay algo que va en contra del interés público, el fiscal debe actuar en apelación. En mi caso, 2.500 recursos de apelación”, explicó el abogado De Vedia.
Según estimó el letrado, esta designación de Mauricio Macri vulnera la garantía de imparcialidad e independencia que debe regir en el actuar de todo fiscal que debe velar por promover la actuación de la Justicia. “Dado que el padre del nombrado y postulante es el secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, me pregunto si Paulucci presentaría recursos de apelación contra resoluciones de la Anses o resoluciones generales que dictara su padre”.
[pull_quote_center]Dado que el padre de Paulucci es el secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, me pregunto si presentaría recursos de apelación contra resoluciones de la Anses o resoluciones generales que dictara su padre.[/pull_quote_center]
A su vez, la anterior vinculación de Paulucci (padre) con la obra social de UATRE, gremio conducido por Gerónimo “Momo” Venegas en el área del trabajo rural, también condiciona la incompatibilidad con las funciones que pretenden destinarse a Paulucci (hijo). “Es preocupante que el que hasta ayer fue ni más ni menos que presidente de la obra social de la UATRE sea ahora funcionario en Seguridad Social, debido a la cantidad innumerable de causas por prestaciones y recaudaciones en contra de ese gremio. Son intereses encontrados, no debería ser así y no es lo que la Constitución pretende cuando le otorga autonomía al sector judicial”, dijo De Vedia.
Como si este panorama no fuera suficiente, Paulucci padre posee el antecedente no menor de haber sido subsecretario Técnico y de Coordinación del Ministerio de Salud durante la última dictadura militar.
En tanto, Gabriel de Vedia ya elevó el pedido de rechazo del pliego por incompatibilidad al bloque de Senadores.
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