Entrevista a Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, sobre qué peligros trae para la democratización del acceso a los medicamentos el avance de la empresa Farmacity S.A. sobre la legislación vigente. Cómo incide en esto la designación por parte de Mauricio Macri de Carlos Rosenkrantz como juez de la Suprema Corte, un abogado que defiende a la empresa en su litigio con el Estado bonaerense; sumado a la presencia del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, un ex CEO de la empresa.
-Mauricio Macri designó por decreto a Carlos Rosenkrantz como juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un abogado defensor de la empresa Farmacity S.A. en su litigio con la Ley bonaerense 10.606. A su vez, Mario Quintana, coordinador del gabinete económico del Gobierno nacional, es ex CEO de Farmacity. ¿Cómo incide el avance de la injerencia del mundo empresarial, ahora desde el Estado, en el campo de la salud?
-Para la salud sería un gran retroceso. Tenemos ejemplos de otras partes del mundo, como por ejemplo lo que sucedió en Chile y México, cuando ingresaron las cadenas de farmacias. Nosotros seguimos el lineamiento de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, donde un factor muy importante es la cercanía de la farmacia con la gente, para que las farmacias se distribuyan racionalmente y así los pacientes no recorran distancias tan largas, y no donde el interés económico de quien pone la farmacia esté por encima de los beneficios de los pacientes.
-¿En qué consisten los dos artículos que quiere romper Farmacity S.A. de la Ley provincial 10.606?
-Farmacity lo que está planteando en la provincia de Buenos Aires es que no está de acuerdo –judicialmente, con el apoyo de Rosenkrantz & Asociados que patrocina su juicio contra el Estado bonaerense– con el artículo 3, que tiene que ver con la distribución racional de farmacias, de acuerdo a índices geográficos y demográficos de densidad poblacional. El costo de la movilidad es tenido en cuenta por la OMS para disminuir esa barrera para acceder al medicamento. Las farmacias se distribuyen cada trescientos metros y cada tres mil habitantes.
Si no tuviéramos esta ley, no tendríamos farmacias en los pueblos de la provincia y en los barrios del Conurbano. Farmacity busca instalarse en los centros comerciales de las ciudades, y quedarían tan alejados los pacientes que su traslado implicaría a veces un costo mayor que el del medicamento.
Por otra parte, el artículo 14 tiene que ver con que la ley no permite sociedades anónimas. Como se trata de salud, tiene que haber una persona física responsable de lo que le pueda pasar a ese paciente. Si hay un ilícito con el medicamento, tiene que haber una persona de carne y hueso, y en una empresa anónima no hay responsables visibles. Por eso es que en las farmacias de la provincia de Buenos Aires no hay empresas anónimas.
-Que Farmacity vaya en desmedro de la ley, con apoyo en el Ejecutivo con Quintana y posiblemente con Rosenkrantz en el Poder Judicial, ¿en qué atenta contra la Ley 10.606?
-Este juicio entre Quintana y la provincia de Buenos Aires, que Quintana perdió en primera y segunda instancia, hoy está abierto todavía en la Corte Suprema de la provincia, y posiblemente llegue a la nación; y que justamente el abogado patrocinante de la empresa haya sido designado juez de la Corte por el presidente demuestra una incompatibilidad, porque no hay independencia del Poder Ejecutivo y del Judicial.
Farmacity trae una tasa de desempleo mucho mayor. Contribuye a romper con el empleo en la provincia de Buenos Aires, donde hay miles de farmacias instaladas con una cantidad importante de empleados.
No es posible que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires dicte una ley por consenso con todas las voces (porque, cuando fue el debate parlamentario de la Ley 10.606, hubo aportes del radicalismo, el peronismo, el Partido Intransigente de aquel momento), y de aquel consenso salió una ley que nunca nadie cuestionó, y que ahora una empresa la ponga en duda patrocinada por alguien que es candidato a juez de la Corte. ¿Para qué tenemos la Legislatura si después los jueces van a cuestionar las leyes de la democracia? De esta manera, la Justicia es un contrapoder: lo que dictaminan el Ejecutivo y el Poder Legislativo de la provincia no le gusta a una determinada empresa y lo judicializa. Entonces, para qué hacemos un debate parlamentario si después a una empresa no le gusta, viene y te cuestiona una ley que nadie cuestionó.
-¿Qué perjuicios traería para los pacientes que compran los medicamentos que Farmacity se salga con la suya en la provincia?
-En lugares como Capital Federal, donde está esta cadena, por cada Farmacity que abrió cerraron nueve farmacias. Si te fijás, están ubicadas en las arterias y avenidas principales, pero en los barrios no. En los pueblos de la provincia y en los barrios del Conurbano habría menos farmacias. Las personas se tendrían que trasladar muchísimas cuadras para conseguir el medicamento, con el costo en transporte que eso implica para sus bolsillos. Eso atenta con el acceso al medicamento para las personas con menores recursos.
-¿Y qué sucede con los empleados de las farmacias, con el empleo?
-Farmacity trae una tasa de desempleo mucho mayor. Contribuye a romper con el empleo en la provincia de Buenos Aires, donde hay miles de farmacias instaladas con una cantidad importante de empleados, y traería concentración en los centros urbanísticos para beneficio comercial de la empresa. Sólo rinde al comercio de ellos. Para nosotros, la farmacia no es un comercio, la farmacia es un servicio público de salud para prestarle a los pacientes. Nuestras farmacias tienen como objetivo pensar en el paciente y después todo lo demás. Esa es la prioridad.
