Por Adriana Frávega
Hace unos años, Argentina se puso a la cabeza del sistema previsional en Latinoamérica, al lograr que prácticamente el 97% de su población acceda a una jubilación, derecho humano inalienable según la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores aprobada el año pasado.
En ese momento, el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Diego Bossio –el mismo que llegó a una banca de diputado por el proyecto del FpV y ahora se volcó al oficialismo–, se vanagloriaba al anunciar la moratoria previsional para “No dejar a nadie atrás en la promoción de una sociedad para todos”.
Gracias a la moratoria, más de 500.000 personas podían regularizar sus aportes no realizados en el periodo 1993-2003, en sesenta cuotas, y así jubilarse.
Durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, Bossio fue el administrador de medidas de inclusión y actos de reparación para quienes necesitaban se les reconozcan sus años trabajados. Junto con la moratoria, las jubilaciones de las ama de casa, del peón rural y de las empleadas domésticas, el PRO.CRE.AR. para ancianos sin vivienda, el acceso al crédito por la tarjeta Argenta, se ampliaron derechos a los mayores más postergados del sistema.
Esta justicia social no sólo fue en general, sino para las mujeres mayores en particular, ya que, de no haber sido por estos mecanismos, muchas de ellas estarían más empobrecidas y dependiendo de otras personas.
Las políticas de protección social extendidas llegaban al fin a quienes no consiguieron conchabo como consecuencia de las crisis y de las políticas antiobreras de los regímenes neoliberales y de gobiernos de facto. Se concretaron gracias a los fondos del sistema nacionalizado en 2008 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, quien eliminó el sistema de capitalización y las AFJP para volver a un régimen de reparto estatal. Recordemos que las AFJP fugaban la plata de los jubilados; y el multimedio hegemónico Clarín también “capitalizaba” esos aportes, pero para sus propias empresas.
Hoy el ajuste se gesta para los que aún esperan jubilarse y los que deberán hacerlo a futuro. El Gobierno actual anunció que no renovará la moratoria y que está diseñando un “cambio” de la ley.
El actual titular de ANSeS, Emilio Basavilbaso –miembro de la Fundación Pensar, laboratorio de think tank del gobierno PRO–, defendió la medida diciendo que para él “es injusto que quienes hayan aportado cobren lo mismo que quienes no”.
De esta forma se retoma el individualismo para el beneficio previsional. Desde setiembre se jubilarán sólo quienes se “hayan puesto”, es decir, quienes hayan aportado durante un periodo prolongado de tiempo y no quienes en su momento trabajaron en la informalidad y fueron explotados por sus patrones.
Una parte de la clase media individualista, en sintonía con lo que dice Basavilbaso, cree que los trabajadores estuvieron en negro porque querían, y no porque los empleadores aprovecharon durante años la falta de empleo para explotarlos y defraudaron al fisco evadiendo las cargas obligatorias.
Al mismo tiempo, el referente de “desarrollo social” de la Fundación Pensar anunció un ingreso universal para los jubilados. Igual a decir: Asignación Universal para Viejos (AUV) que no puedan entrar al sistema, cobrando menos que la mínima. De esa forma, el ajuste se hará, volviendo al asistencialismo de los que tienen por sobre los que no tienen nada.
Además, una nueva Ley previsional, según trascendió, elevaría la edad jubilatoria en sintonía con el modelo neoliberal excluyente para los aspirantes.
Es muy grande el daño que este Gobierno le está haciendo a la sociedad en su conjunto, muy grande. Según pudimos conocer, la reforma jubilatoria que universalizará el beneficio se obtendrá a partir de los 67/68 en los hombres y 62/63 en las mujeres. En realidad, el objetivo principal es elevar años de aportes y edad.
Así, de la ampliación de derechos universales vamos hacia el ajuste para el bolsillo de los jubilados. El nuevo modelo pretende acrecentarse con más años de aportes al ANSeS, sin negar la intención de volver a privatizar las jubilaciones. Estará en el pueblo empoderado hacer valer sus derechos, para una sociedad sin ajustes ni exclusión por más edad.
