Por Héctor Bernardo
El intendente platense, Julio Garro, intenta imponer un protocolo antipiquetes que pretende cercenar el derecho a manifestarse. El texto plantea que será necesario pedir permiso al municipio para protestar, que los manifestantes no podrán ocupar la calle; plantea la posibilidad de reprimir y pretende hacer “inteligencia interna” al filmar y fotografiar a quienes protesten.
La ecuación que plantean para esta nueva etapa los dirigentes de la alianza Cambiemos es lineal y está integrada por dos binomios inseparables: ajustes y despidos, (y como consecuencia) protesta social y represión. A esta formula simple, que ya se puso en práctica en la ciudad en los primeros días de enero, el municipio pretende darle un marco legal al plantear un protocolo antipiquetes que cercene el derecho a la protesta y legalice la represión.
“No se van a prohibir las marchas, pero deberán pedir autorización”, declaró a un matutino platense Fernando Ponce, presidente del Concejo Deliberante. El concejal no aclaró que el escrito también plantea que los manifestantes no podrán ocupar la calle, que deberán plantear lugar y duración de la protesta y que en su artículo 11 plantea la posibilidad de que las fuerzas de seguridad repriman en caso de que no se cumpla con lo pautado.
El protocolo también señala en su artículo 14 que “en la medida de las posibilidades se procederá a la filmación (video y audio) y fotografía de los operativos (…)”. Este punto entra en contradicción con la prohibición de realizar espionaje interno, establecida por la Ley de Inteligencia Nacional (25.520).
Tal vez, y como dato de color, también sea necesario remarcar las contradicciones que existen en el texto al señalar, en el artículo 2, que las manifestaciones podrán ser “programadas o espontaneas”, mientras que en el artículo 4, plantea que “se deberá establecer el recorrido, tiempo de duración y realización…”. Sería interesante que el intendente Garro explique cómo los integrantes de “una manifestación espontanea” puede darle toda esa información a las fuerzas de seguridad.
En su justificación el protocolo plantea que “ningún derecho resulte de carácter absoluto”, con la intención de desacreditar el derecho a la protesta; sin embargo, toda su estructura se cimienta sobre el supuesto ejercicio de un único derecho, el de “Libre circulación”.
Desde el Municipio trataron de lavar la imagen del intendente y en una actitud que parecería una mezcla entre burla y discurso psicopático, ayer, se firmó un convenio marco con la Universidad Nacional de La Plata para que los cooperativistas estén incluidos en la Escuela de Oficios y se capaciten en tareas a realizar. El municipio los deja sin trabajo, los amenaza con reprimirlos si protestar, pero les ofrece capacitaciones.
Poco más de dos meses pasaron de la represión del 8 enero. Ana María Suárez es una de las manifestante que sufrió aquel brutal ataque en la puerta del Municipio. Las fotos de su espalda cubierta de los huecos que le produjeron las balas de goma circularon por las redes sociales y recorrieron el mundo a través de las agencias de prensa. Al ser consultada por el intento del intendente Garro de imponer un protocolo antipiquetes, Suárez afirmó: “Cuando me enteré me quedé shockeda. Esto habilita que vuelva a pasar otra vez lo mismo. Habilita que le pase lo mismo a otros compañeros. A mi, las heridas en la espalda me cicatrizaron, pero me quedaron muchos traumas psicológicos. Esos no cerraron”.
