Por Lucas Miguel*
La cantidad de imputados en causas por crímenes de lesa humanidad en Argentina suman, al 1° de marzo pasado, 2.354. De todos ellos, 54 fueron funcionarios judiciales en distintos cargos y otros 19 fueron empresarios. Los datos se desprenden del último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que coordina el trabajo de los fiscales de todo el país en estos procesos y evidencian que los protagonistas de las causas judiciales no representan, al menos en número, a una dictadura cívico-militar.
«La baja cantidad de imputados sumada a las resoluciones que cuestionan la responsabilidad en casos donde existen grandes cúmulos de prueba son elementos que dificultan el avance del juzgamiento de estos imputados», indica la Procuraduría.
Lo cierto es que sólo hay dos ex jueces condenados, Víctor Brusa en Santa Fe y Manlio Martínez en Tucumán. El primero, no por su rol de juez, sino por su actuación como empleado judicial al servicio de la patota de torturadores, recibió condenas a 21 -fallo firme- y 7 años de prisión en dos juicios.
[pull_quote_center]La baja cantidad de imputados sumada a las resoluciones que cuestionan la responsabilidad en casos donde existen grandes cúmulos de prueba son elementos que dificultan el avance del juzgamiento de estos imputados.[/pull_quote_center]
Manlio Martínez sí fue condenado en junio del año pasado por su rol de juez de la dictadura: le dieron 16 años de prisión por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión penal y encubrimiento en los homicidios de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen, quienes fueron ejecutados durante un allanamiento ilegal perpetrado el 20 de mayo de 1976 en una vivienda de San Miguel de Tucumán.
Martínez también fue encontrado autor de los delitos de privación ilegal de la libertad, por abuso de las funciones, agravado por grave daño en la persona y a la salud y por superar la misma un plazo mayor a un mes, abuso de autoridad y prevaricato, en el caso que tuvo como víctima a Miguel Atilio Romano, propietario de la vivienda donde se había llevado a cabo la matanza, quien seis días después de los asesinatos se presentó espontáneamente en el juzgado entonces a cargo de Martínez, quedó detenido y fue confinado en centros clandestinos de detención.
En tanto, sólo dos empresarios fueron condenados. Los hermanos Emilio Felipe y Julio Manuel Méndez fueron condenados en Olavarría en marzo de 2012 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata a 15 y 11 años de prisión por haber cedido la chacra que funcionó como el centro clandestino de detención conocido como «la quinta de Méndez», donde fue torturado y asesinado Carlos Moreno, el emblemático abogado laboralista que defendió hasta su secuestro en abril de 1977 los intereses de los trabajadores de Loma Negra.
La desaparición de Moreno derivó en beneficios para la cementera: «La relación entre el costo laboral y los resultados positivos de la empresa experimentó una disminución de un 53% durante la dictadura», calculó la Oficina de Investigación y Análisis Económico (OFINEC) de la Procuración General de la Nación, lo cual se tradujo en la «involución de la participación de los asalariados en el total de ingresos de la empresa».
La expectativa inmediata sobre el juzgamiento a un empresario están puestas en el resultado del juicio que afronta en Salta el dueño de la transportista “La Veloz del Norte”, Marcos Jacobo Levín, acusado de participar junto a tres policías en el secuestro y las torturas a un chofer y delegado gremial de la empresa. El lunes 28 de marzo el tribunal oral que lo juzga dará a conocer el veredicto, luego de que la fiscalía reclamara para él la pena a 18 años de prisión.
La dificultad de avanzar en el juzgamiento de los civiles parece residir, sobre todo, en el poder que conservaron más allá del 10 de diciembre de 1983, pero también en que su visibilización en las causas judiciales como actores del terrorismo de Estado fue posible gracias al juzgamiento de militares y fuerzas de seguridad, que participaron en la primera línea de la represión ilegal.
Un camino cuesta arriba
Las resoluciones más resonantes que favorecieron a civiles a las que hace referencia la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad se dictaron en diferentes tribunales del país: la falta de mérito -revocando dos fallos anteriores- dictada por la Cámara Federal de Casación al dueño del Ingenio Ledesma de Jujuy, Pedro Blaquier y a su administrador, Alberto Lemos; la confirmación de la falta de mérito por parte de la Cámara Federal de Bahía Blanca al director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot; la negativa del juez de instrucción a citar a indagatoria a directivos de Clarín, La Nación y La Razón por la apropiación de la papelera Papel Prensa; y la falta de mérito con la que la Cámara Federal porteña benefició al ex secretario de redacción de Para Ti, Agustín Juan Bottinelli, imputado por el armado de una edición propagandística de la dictadura para la que fue coaccionada una mujer secuestrada en la ESMA.
En este contexto, el juez penal marplatense en funciones Pedro Hooft sigue sin presentarse a indagatoria después de seis llamados, gracias a los fueros que conserva tras haber sido absuelto en un jury de enjuiciamiento.
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Pero actualmente hay ex jueces en juicio, valga el juego de palabras. En Mendoza, los ex magistrados Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Recabarren, Luis Miret y Otilio Romano transitan la última etapa del debate oral junto a una treintena de imputados. El fiscal general Jorge Auat, titular de la Procuraduría, dijo que Miret y Romano fueron «jueces de sus propios pleitos», pues hasta el final de sus días en la Cámara Federal mendocina intentaron bloquear el avance de las causas que los comprometían junto a miembros de fuerzas armadas y de seguridad.
En La Rioja, en tanto, el ex juez federal Roberto Catalán también está siendo juzgado junto a catorce policías, gendarmes y militares, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez.
En Salta, Ricardo Lona afronta dos procesos avanzados por su actuación colaborativa con las fuerzas represivas en la Masacre de Las Palomitas -la ejecución de once presos políticos durante un traslado en 1976- y el homicidio del ex gobernador Miguel Ragone, causa que también incluye la muerte de un comerciante y las heridas graves recibidas por una mujer durante el secuestro del ex mandatario. Las dos causas tramitan con el viejo Código de Procedimientos en Material Penal, que prevé un proceso escrito -no un juicio oral- y con escasa publicidad.
Una causa poco conocida que también llegará a instancias definitorias en La Plata próximamente es la que juzga la apropiación de los hermanos Carlos, María Ester y Alejandro Ramírez en 1977, tras el asesinato de su madre y el homicidio de su padre. En el caso, cuyo juicio oral y público ya fue requerido por la fiscalía, hay dos administradores del Hogar de Belén, una institución de Lomas de Zamora donde se confinó a los niños, se los ocultó de su familia y se los sometió a abusos sexuales. Entre los acusados también está una ex secretaria del Tribunal de Menores N°1 de Lomas de Zamora y una psicóloga de ese órgano judicial, que fueron indispensables para la perpetración de los delitos.
*Docente de la Cátedra Comunicación y Derechos Humanos. FPyCS – UNLP
