Por Pablo Roesler
“La condena de Marcos Levín abre un camino para dar cuenta en forma más precisa y más real en qué consistió el terrorismo de Estado”, dijo Horacio Verbitsky minutos antes de ingresar al Senado de la Provincia de Buenos Aires para presentar el informe «Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado», en la primera de las Jornadas «Justicia y lucha contra la impunidad», impulsada por el bloque Frente para la Victoria en el marco del 40° aniversario del golpe cívico-militar de 1976.
Del evento participaron Verbitsky; la investigadora del CONICET y FLACSO, Victoria Basualdo; la exresponsable del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia de La Nación, Elizabeth Alcorta; la jefa del bloque FPV Magdalena Sierra, y su par y titular de la comisión de DDHH de la cámara alta, Mónica Macha.
[quote_box_right]La exresponsable del programa Verdad y Justicia, Elizabeth Alcorta, resaltó que el caso del empresario recientemente condenado, Marcos Levín, constituye «la primera sentencia a un responsable civil-empresarial después de décadas de un proceso que avanzó muy poco y donde la lentitud fue muy parecida a la impunidad».[/quote_box_right]
En la sala Antonio Cafiero del Senado, Sierra abrió las jornadas y subrayó la importancia del informe que detalla la responsabilidad empresarial durante la dictadura: “Los argentinos sufrimos las consecuencias del golpe cívico-militar aun 40 años después. Este estudio nos da herramientas para profundizar la discusión y el conocimiento sobre la pata civil y empresarial”. Por su parte, Macha resaltó que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández «las políticas de derechos humanos nos permitieron trabajar con un horizonte de justicia”, y llamó “a defender con uñas y dientes esta conquista”.
Antes de presentar el informe, Verbitsky adelantó en una entrevista lo que luego remarcaría en la charla: su preocupación porque el gobierno de Mauricio Macri desmanteló el programa Memoria, Verdad y Justicia que posibilitó la investigación para elaborar el informe. Y remarcó la importancia del estudio que sirvió para alcanzar la primera condena a un empresario: Marcos Levín, de La Veloz del Norte, penado el lunes a 12 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en Salta.
-¿Qué importancia tiene la presentación de este trabajo en el marco de la condena al primer empresario por crímenes de la dictadura?
-Marcos Levín, propietario de La Veloz del Norte, una empresa de transporte muy importante del noroeste argentino, ha sido condenado a 12 años de prisión por el secuestro y las torturas a un delegado sindical. En el Senado de la Provincia presentamos el informe realizado conjuntamente por el CELS, por FLACSO, que es la Facultad de Ciencias Sociales de Argentina, y por dos organismos estatales que participaron el año pasado de la investigación, que son la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia a través del programa Memoria, Verdad y Justicia, que lamentablemente han sido desmantelados por el nuevo gobierno.
-¿De que se trata el trabajo y como se implica en el caso de Levín?
-En esa tarea conjunta se hizo un relevamiento que inicialmente fue de 200 empresas. De esas, se eligieron 25 y se profundizó la investigación. Se hizo un relevamiento de todos los fondos documentales que hubiera, y además con entrevistas personales con víctimas sobrevivientes. El informe, además, tipifica las distintas formas de responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado. En el alegato de los fiscales en el juicio a Levín, se menciona el informe, y en el juicio yo fui testigo narrando en qué consistía el informe. Y en ese caso se dan varias formas de lo que fue la complicidad empresarial, como por ejemplo: asentamiento de fuerzas represivas dentro de la empresa, entrega de listas de personas para ser detenidas o secuestradas, puesta a disposición de las fuerzas represivas de medios de transporte, puesta a disposición de logística, presencia de directivos de la empresa en actos de tortura, presencia de personal de las fuerzas de seguridad en puestos directivos de la empresa. Esas son parte de las tipificaciones que se han hecho en este estudio y que se dan en el caso de Marcos Levín y por lo que fue condenado. Me parece que esto abre un camino para dar cuenta en forma más precisa y más real en qué consistió el terrorismo de Estado y cuál fue la participación de los civiles en la dictadura.
-Si bien la condena a Levín abre un camino. ¿Cómo ve el futuro de los juicios a los civiles cómplices de la dictadura en un contexto donde el gobierno, por un lado, deja en manos de la justicia la decisión de avanzar en los procesos y, por otro, avanza en el desmantelamiento de políticas de Memoria, Verdad y Justicia?
-Por un lado este fallo es muy importante porque muestra que hay en la justicia posibilidad de avanzar en esta dirección. Pero por otro lado a nosotros nos inquieta que el gobierno haya desmantelado las áreas que aportaban elementos para esos juicios. Por ejemplo, este informe nosotros lo hicimos con el Ministerio de Justicia, pero ahora solo quedamos el CELS y FLACSO. Por supuesto, este informe ya está hecho y va a servir aunque ya no esté el Ministerio de Justicia, pero de parte del gobierno la actitud de desmantelar esos programas muestra que no hay voluntad realmente de progresar en esa dirección. Pero bueno, nosotros hemos avanzado mucho siempre en contra del Estado. Con la excepción de estos últimos 12 años en los que el Estado, en lugar de obstruir, favoreció este proceso. Históricamente los organismos de derechos humanos han avanzado en contra de la voluntad del Estado. Por cierto, en contra de la dictadura, pero también en contra de las restricciones que impusieron gobiernos tan distintos como los de (Raúl) Alfonsín, (Carlos) Menem, (Fernando) De La Rúa y (Eduardo) Duhalde, que firmaron leyes de amnistía, de impunidad, indultos. Sin embargo hemos avanzado, y vamos a seguir avanzando a pesar de la reticencia del nuevo gobierno.
[quote_recuadro]LA LEY DE MEDIOS Y LA DENUNCIA A MACRI EN LA CIDH
“Este gobierno ha derogado por decreto dos leyes sancionadas por el Congreso, una de ellas después de un largo proceso de elaboración colectiva, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), y el 8 de abril voy a viajar a Washington, donde tenemos una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde vamos a denunciar esta actitud que viola todos los principios de defensa de la libertad de expresión, de la pluralidad, en contra de la concentración que forma parte de la convención americana de derechos humanos”, explicó Verbitsky antes de ingresar a la charla en el Senado provincial.
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