Por Leandro Gianello
El plan de ajuste de Vidal implica el retiro progresivo del Estado del ámbito público, y para ello tiene preparada la presentación en la Legislatura Bonaerense de una serie de proyectos de ley que complementan la firma del Decreto 230/16, publicado esta mañana en el Boletín Oficial, el cual otorga superpoderes a los ministros y secretarios de gobierno.
La difusión de la normativa se atrasó, “a pesar de que (el decreto) está firmado desde el 28 de marzo por las autoridades correspondientes”, explicó a Contexto Griselda Cavaliere, secretaria de Acción Política de ATE provincia de Buenos Aires.
A la par de la filtración del documento que confirma las intenciones del macrismo provincial de descentralizar funciones del alto Ejecutivo, “hay otro decreto que sería peor y que ya estaría elaborándose, que consiste en el congelamiento de las vacantes y de las designaciones en curso” de los empleados, indicó Cavaliere.
Potencialmente, “toda la gente que tramita su pase a planta permanente verá suspendido el proceso por una decisión aparentemente impulsada desde el Ministerio de Coordinación y Gestión Pública” que dirige Roberto Gigante, uno de los firmantes del decreto filtrado los últimos días.
“el Poder Ejecutivo presentó un Proyecto al que denomina de ‘Emergencia Administrativa y Tecnológica’, que prepara jurídicamente el terreno para flexibilizar y precarizar más el Estado Provincial.”
“Es importante señalar las características nefastas del Decreto 230/16, ya que viola la Constitución Nacional y la Ley de Paritarias y representa una copia casi idéntica de una legislación similar impulsada por el entonces gobernador Carlos Ruckauf con el número 574/2001”, advierte la referente de ATE provincial.
“Muchas de las funciones que intenta delegar la gobernadora simplemente ‘saltan’ por encima las legislaciones que hablan sobre paritarias y concursos y otros derechos de los empleados amparados por el artículo 39 de la Constitución”, agrega Cavaliere, quien lo considera un decreto formulado con la intención de “destruir quince años de historia de los trabajadores”.
“Tenemos la certeza de que la decisión de achicar ya está tomada con la excusa de ‘modernizar’ el Estado pero sin los trabajadores. Es una mirada de desprecio hacia todo lo que es estatal, una mirada únicamente gerencial o empresarial”, de gestión, puntualizó Cavaliere.
Las legislaciones complementarias
Un documento emitido por el Consejo Directivo Provincial de ATE, al que accedió Contexto, denuncia que “además del Decreto 230/16, que “desconoce 15 años de historia de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires” y que sería idéntico al “firmado por el entonces gobernador Ruckauf” en el año 2001, “el Poder Ejecutivo presentó un Proyecto al que denomina de ´Emergencia Administrativa y Tecnológica´, que prepara jurídicamente el terreno para flexibilizar y precarizar más el Estado provincial”.
La medida se argumenta en la “situación crítica que afecta a la totalidad de las áreas administrativas del Estado y a la prestación de los servicios esenciales a cargo de la Administración
Pública provincial, centralizada y descentralizada”, agregando que la situación “de público conocimiento” responde “a años de desinversión y de administraciones imperfectas, provocando una actual deficiente e ineficaz”.
El texto de ATE señala que, además, Vidal presentó “un proyecto de Ley llamado ‘Plan Estratégico de Modernización de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires’”, iniciativa que se desarrolla exclusivamente desde “el paradigma empresarial que nada tiene que ver con la cosa pública” y que “se asienta en conceptos como la gestión por resultados, gestión de calidad, la economía y racionalidades administrativas y otros aspectos que se aplican en el sector privado”.
El decreto
Una vez publicado en el Boletín Oficial, el decreto 230/16 autorizará a los miembros del gabinete provincial a “disponer los ceses de personal excluido de planta permanente sin estabilidad y los supuestos de pasividad anticipada”, además de ampliar las suspensiones laborales “preventivas y disponibilidades relativas, otorgar licencias, disponer ascensos, traslados de agentes dentro de cada jurisdicción y consignar calificaciones del personal”.
De esta manera, según indica el texto, el Gobierno macrista provincial busca lograr “una eficiente y eficaz descentralización administrativa que permita al titular del Ejecutivo la plena atención de los asuntos que así lo requieran”, y, a la vez, abrir la puerta a sus ministros para designar, despedir y suspender al personal.
Una vez publicado en el Boletín Oficial, el decreto 230/16 autorizará a los miembros del gabinete provincial a “disponer los ceses de personal excluido de planta permanente sin estabilidad y los supuestos de pasividad anticipada”.
Según se entiende, los fundamentos de la normativa buscan descomprimir las tareas administrativas que agobian a Vidal, delegando “en los señores ministros, secretarios, secretarios del Poder Ejecutivo, titulares de organismos de la Constitución, asesor general de Gobierno y otros funcionarios, una serie de facultades atribuidas normativamente al Poder Ejecutivo”.
La disposición, que hasta ayer no había sido publicada en el Boletín Oficial bonaerense, delega poderes ejecutivos en niveles inmediatos de la Administración, como en los Ministerios, que podrían negociar independientemente respecto a los gremios.
Una vez sea efectivo el decreto, muchos de los ministros podrían hacer un trabajo de “limpieza” dentro de sus carteras, ya que el poder de negociación de los sindicatos se atomiza y obliga a distribuirse en otros lados, separando las fuerzas que deberían estar unidas para luchar por los puestos de trabajo.
Desde el Gobierno lo justifican por el lado de que Vidal tiene que ocuparse de otros asuntos más importantes, pero en realidad estaría descentralizando una cuestión sensible que podría ignorar y entrar en conflicto con la Ley 10.430 de Régimen para el personal de la Administración Pública provincial.
Además de dejar en manos de los responsables de cada cartera provincial la potestad laboral de sus empleados, el decreto ampliaría el rango de decisión que tienen en cuestiones presupuestarias y de bienes inmueble y de capital, lo que constituye una rara licencia de poder para los titulares de los Ministerios.
Con esto, los órganos pierden poder y ganan los ministros en cuanto a discrecionalidad, y eso no estaría mal si la idea fuera descentralizar la gestión para acelerar la Administración Pública, pero, viniendo de quien viene, no es posible saber cómo puede terminar esta ampliación de potestades. De cualquier manera, el trasfondo más importante es que, al delegar poder, divide las responsabilidades, mientras Vidal se mantiene exenta de los costos políticos.
