Por Manuel López Melograno
Sin la necesidad de tener que pasar por el Senado, ya que sólo necesitaba de la aprobación de una de las dos Cámaras, el Congreso validó el DNU que modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y elimina la AFSCA, una medida impulsada por la alianza Cambiemos que contó con el apoyo del Frente Renovador y otros bloques minoritarios.
Así, ayer por la tarde se validó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri en el que se crea el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones. La modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios) da pie a la monopolización y centralización de la información, al tiempo que se crean nuevos consejos y comisiones unificadas que serán dependientes del Ministerio de Comunicaciones para cualquier decisión, lo que propicia que los medios queden en pocas manos.
El DNU, que ya había sido anunciado por el jefe de Gabinete de Ministros nacional, Marcos Peña, el miércoles pasado, entre sus principales modificaciones cambia el artículo 41 de la Ley 26.522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual), que prohibía la venta de medios audiovisuales, algo que ahora se permite, y facilita la integración de cadenas privadas de radio y televisión, algo que hasta ahora estaba muy restringido.
La medida limita de plano los términos de ejercicio de la libertad de expresión en el país y arroja por la borda un largo proceso de debate en todo el país, que fue iniciado en 2003 con amplia participación de toda la sociedad y que desencadenó en un intenso debate en el Parlamento. Luego, tras su aprobación por el Congreso de la Nación (146 votos afirmativos, 3 negativos y 3 abstenciones en la Cámara de Diputados; 44 votos afirmativos contra 24 negativos y ninguna abstención en el Senado), fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y se constituyó en reemplazo de la Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido instituida en 1980 por la dictadura cívico-militar y que se mantenía vigente en el país desde entonces.
El ENACOM, que será de ahora en más el ente de regulación de las telecomunicaciones, fusiona y reemplaza a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).
“Con la creación de ENACOM buscan anular la Ley de Medios que se debatió democráticamente en todo el país, a 48 horas de la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo la diputada del Frente para la Victoria Cristina Álvarez Rodríguez al referir al nuevo Ente que remplaza a la AFSCA.
El ENACOM fue creado en los primeros días de enero por el Ejecutivo nacional y será encabezado por Miguel De Godoy, ex secretario de Medios de la Ciudad de Buenos Aires. En la práctica, además del presidente del organismo, el directorio del organismo está integrado por tres directores nombrados por el Ejecutivo y otros tres propuestos por el Congreso. La Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización se seleccionan «a propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo uno a la mayoría o primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría». Las autoridades tienen mandato por cuatro años y podrán ser reelegidos por un período y “removidos por el Ejecutivo en forma directa y sin expresión de causa».
Las repercusiones en la prensa internacional no tardaron en llegar. En esa línea, el canal Telesur consigna en su página que la derogación “ataca la esencia de las leyes de servicios de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones sancionadas durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner”.
Cuáles son los principales cambios
Una de las modificaciones más notorias es sobre el artículo 45, el corazón de la ley audiovisual y el que más afectaba a los principales grupos de medios del país. A partir de ahora ya no habrá topes a la cantidad de ciudades en las que pueden operar las empresas de cable (hasta ahora era de veinticuatro), que además pasarán a regirse por la ley de telecomunicaciones. Se eliminan las restricciones a la propiedad cruzada de televisión por cable y radio y TV abierta. Además, los actuales licenciatarios de TV y radio podrán pedir la extensión del plazo de licencia por diez años, sin importar cuándo sea su fecha de vencimiento actual. Y, finalmente, las empresas de telefonía fija y móvil podrán ingresar en la TV paga, pero recién después de dos años contados a partir del 1° de enero próximo.
De este modo, las empresas de cable pasan a tener una licencia nacional única, lo que las exceptúa de cualquier cláusula antimonopólica. Uno de los puntos fundamentales que retrotrae la legislación a los tiempos de los gobiernos de facto es que la nueva norma anula los planes de adecuación de los multimedios. Dichos procesos, que estaban siendo tratados por la AFSCA, se volverán abstractos porque la nueva normativa fijada por el DNU elimina las restricciones e impedimentos a los que había que ajustarse. Cadenas de radio y TV podrán volver a operar sin limitaciones, en tanto que todas las restricciones previstas en la Ley de Medios para la retransmisión se flexibilizan y varios conglomerados y empresas de medios que ya habían presentado sus planes para ajustarse a la norma podrán volver atrás. Por ejemplo, el plan de adecuación que había propuesto el Grupo Clarín, de dividirse en seis unidades empresariales separadas, ya no sería necesario al eliminarse las prohibiciones a la propiedad cruzada de TV abierta y por cable, y a los topes a la cantidad de licencias. Se amplía la cantidad de licencias: en el orden nacional, pasan de diez a quince, y en el orden local, de tres a cuatro. También aumentan de 15 a 45% las acciones de los titulares que se podrán cotizar en bolsa. Asimismo, se permite la venta libre de los medios audiovisuales, mientras que el control de las órbitas satelitales asignadas a la Argentina quedará en manos del Ministerio de Comunicaciones. Finalmente, la avanzada del oficialismo deja ver su interés por conformar un solo mercado de las comunicaciones donde confluyan las empresas telefónicas y las de TV por cable y todas compitan en todos los servicios, incluidos la telefonía móvil y el acceso a Internet.
