Por José Welschinger
Mientras en la Argentina el gobierno forzaba la derogación apresurada de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios) desde el Poder Legislativo, un colectivo de organizaciones se presentaba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, EE.UU, para sostener su vigencia. La Coalición para una Comunicación Democrática (CCD), el colectivo de carreras públicas de comunicación REDCOM, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría del Público, son algunas de las organizaciones que acudieron ante la CIDH para denunciar los diversos y reiterados abusos de autoridad cometidos por el gobierno de Mauricio Macri respecto de la Ley de Medios.
Luego de la audiencia, el representante del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) Néstor Busso sintetizó: “Quedó expuesta con claridad cuál es la postura de la coalición, pero el gobierno, en cambio, solo se presentó para criticar al kirchnerismo, y para hacer más promesas de un futuro brillante. No respondieron ni uno solo de los cuestionamientos que planteamos durante la audiencia; mientras que nosotros expusimos cuáles son los motivos por los que denunciamos los decretos presidenciales que anulan la Ley”.
Busso aseguró en diálogo con Contexto que la presentación del gobierno ante la CIDH fue sumamente inconsistente. “Prometen una nueva Ley -explicó-, diciendo que en el plazo de un año van presentar una nueva reglamentación, pero la verdad es que hasta ahora ni siquiera han cumplido con sus propios decretos presidenciales de enero, en los que estaba estipulada la creación de un nuevo Consejo Federal dentro del plazo de 60 días, que jamás pusieron en funcionamiento”.
Para el titular de FARCO, la improvisación y falta de predisposición con la que el gobierno se presentó a la asamblea, es parte de una estrategia que busca demorar cualquier pronunciación mientras el partido judicial se encarga de resolver ipso facto las necesidades de los medios oligopólicos. “Mientras están modificando la Ley -aseguró-, lo que sucede es que generan una situación transitoria, utilizada por los grupos económicos para generar avances legales que significan un retroceso en el acceso de la sociedad a la comunicación como un derecho”, explicó.
Y agregó: “En este momento, se está perjudicando a los medios más chicos, a los locales y comunitarios, a los que surgieron desde espacios universitarios o cooperativos. Hoy tenemos una situación de hecho de violación a la Convención Americana de los Derechos Humanos; y ellos no respondieron a ninguno de los cuestionamientos que les hicimos durante nuestra presentación. Se dedicaron a injuriar al gobierno anterior, algo que estaba completamente por fuera de los temas dispuestos para la audiencia, y básicamente quedaron en ridículo”.
“MIENTRAS ESTÁN MODIFICANDO LA LEY LO QUE SUCEDE ES QUE GENERAN UNA SITUACIÓN TRANSITORIA, UTILIZADA POR LOS GRUPOS ECONÓMICOS PARA GENERAR AVANCES LEGALES QUE SIGNIFICAN UN RETROCESO EN EL ACCESO DE LA SOCIEDAD A LA COMUNICACIÓN COMO UN DERECHO”. NÉSTOR BUSSO, FARCO.
Sin embargo, Néstor Busso consideró que presentarse ante la CIDH fue un movimiento correcto. “Para nosotros el resultado de la asamblea es positivo -afirmó-, estamos trayendo nuestra postura ante un organismo internacional, estamos exponiendo la situación y debatiendo frente al gobierno; y lo que se dijo acá fue reproducido por cientos de medios locales y comunitarios, mientras que los medios oligopólicos escondían la noticia”.
Además de representar a las radios comunitarias, Néstor Busso integró el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, organismo cuya función consistía en garantizar la pluralidad en la representación de los distintos sectores de la sociedad ante la Autoridad de Aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales; y que fue disuelto de un plumazo Decretos de Necesidad y Urgencia de Macri. Ante la pérdida de todas las instancias de representación y diálogo, Busso ponderó la existencia de un organismo como la CIDH que habilite un marco legal supragubernamental, al que poder acudir en casos de abuso de autoridad.
“Es importante que tengamos un espacio para debatir estos temas -consideró-, y es necesario que el gobierno entienda que tiene que respetar la normativa legal a la que el país está adscripta”.
“TENEMOS UNA SITUACIÓN DE HECHO DE VIOLACIÓN A LA CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS”. N. BUSSO, FARCO.
Sin embargo, el representante de FARCO se mostró escéptico respecto de cómo se desarrollará el actual caso por la Ley de Servicios Audiovisuales de aquí en adelante. “Nos queda pendiente ver cómo irán a defender sus decisiones -aseguró-, porque la mentira con la que se sentaron a la asamblea es completamente insostenible, así como es insostenible la promesa de felicidad y alegría que insisten en utilizar para tapar lo que están haciendo; en la práctica, lo único que sí hacen es incumplir con las leyes y con su propio discurso”.
“Creo que hemos llegado al punto en el que tenemos que preparar una presentación legal en la que queden demostrados los varios incumplimientos legales del gobierno”, redondeó.
En cuanto a la realización de la audiencia, el representante de Farco relató que las distintas partes debieron acotar su presentación, para asegurar que todas pudieran exponer los argumentos que habían preparado. “El tiempo de exposición fue muy acotado -contó-, apenas 26 minutos, y por eso no pudimos exponer ante la Comisión cómo estuvo actuando el gobierno en los días previos a la audiencia; pero, de todos modos, para nosotros no es lo importante si los diputados convalidan los decretos de Macri, porque lo que estamos reclamando es que la Ley debe ser creada y debatida por el Congreso, no solo aceptada o rechazada”. Ante la proximidad de la audiencia en la CIDH, y a pocos días de que se destapara el escándalo internacional de sus cuentas off-shore, el Presidente argentino agilizó en la Cámara de Diputados una votación a mano alzada (de la que el Frente para la Victoria no formó parte) para respaldar los decretos con los que intentó eliminar la Ley de Medios, a principios del 2016.
La crítica de las carreras de comunicación
Daniel Badenes, representante de REDCOM, también relató a Contexto por qué las universidades respaldaron el reclamo ante la CIDH en la capital norteamericana. “Nuestra principal demanda consistió en dar cuenta de la afectación específica que generaban sobre nuestro sector los decretos presidenciales -sostuvo-, ya que desde el primer decreto no solo se disolvió la Autoridad de Aplicación sino que se desplazó a un directorio en el que estaban representadas las universidades públicas”.
Badenes resumió las intenciones detrás de las modificaciones a la Ley de Medios: “Para decirlo claramente, en el directorio AFSCA habían 7 representantes, de los cuales solo dos eran nombrados por el Poder Ejecutivo. Hoy, con los decretos, los designados por el Presidente son 4, además de un representante del oficialismo que termina por garantizar la verticalidad del espacio; e incluso puede suceder que los representantes de las minorías sean desplazados sin necesidad de justificaciones por parte del Ejecutivo”.
“DESDE EL PRIMER DNU DE MACRI NO SOLO SE DISOLVIÓ LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN SINO QUE SE DESPLAZÓ A UN DIRECTORIO EN EL QUE ESTABAN REPRESENTADAS LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS”. DANIEL BADENES, REDCOM.
Así, el representante de REDCOM explicó que la Argentina pasó de tener un organismo plural, autárquico e independiente; a tener una institución que solo incrementa el poder del Presidente. “Y eso se agrega a la disolución del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual”, recordó Daniel Badenes, “En la que estábamos representados junto a los delegados de los pueblos originarios y las asociaciones civiles sin fines de lucro”.
También se expuso la situación de los medios universitarios, reconocidos por primera vez gracias a la Ley de Medios, muchos de los cuales hoy pierden su derecho a existir. “Otra de las cuestiones que planteamos -comentó Badenes, en relación con lo anterior-, es el tema de las prórrogas automáticas de licencias, que solo ayudan a impedir la regularización del espectro y a condicionar en gran medida la existencia de los medios comunitarios, locales y universitarios”.
Respecto del resultado general de la presentación y el encuentro, el representante de REDCOM coincidió con la evaluación realizada por Néstor Busso. “Nuestra lectura de la audiencia es positiva -aseguró-, porque pudimos debatir en este escenario, y darle trascendencia a los temas por los que venimos peleando desde principios de año; además, creemos que la intervención del gobierno fue lamentable, porque solo concurrió para hablar de otros temas que no eran los señalados para el encuentro”. Para Badenes, fue como si el gobierno no hubiera podido escucharlos durante la audiencia; y además agregó que quedó muy expuesto que Cambiemos no tenía respuestas para los planteos de las organizaciones.
Para finalizar, Badenes consideró que la presentación de la comisión de REDCOM fue exitosa. “Enfatizamos la cuestión de la concentración mediática como una situación que los Estados tienen que atender -aseguró-, y también dejamos claro que actualmente el organismo de regulación no está cumpliendo la función para la cual existe”.
Promesas de diálogo sin respuesta a la vulneración de derechos
El grupo de 18 entidades que se presentó ante la CIDH denunció el desmantelamiento de la LSCA. Pero pese a las críticas, el Estado Argentino no respondió sobre el impacto de los decretos en la concentración de medios, denunció el CELS en un comunicado.
«Las exposiciones de los representantes del Estado argentino evaluaron la gestión del gobierno anterior y plantearon un futuro escenario de diálogo pero no respondieron sobre la afectación de derechos que ya está ocurriendo», denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales en un comunicado.
Después de escuchar a las partes, el Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli recordó que «la concentración de medios es dañina, contraria al derecho de los receptores de la información» y le preguntó al Estado «qué va a hacer, si es que algo va a hacer» y cómo la va a enfrentar. También les preguntó a los funcionarios de qué forma el Estado abordará «el tema de la participación de sectores de la sociedad civil que no están ligados necesariamente a una propuesta empresarial pero que sí buscan tener acceso a medios».
[quote_box_left]»La Corte Suprema de Justicia argentina en 2013, con el aval de seis jueces contra uno, entendió que es obligación del Estado generar políticas públicas de estímulo al pluralismo y, en consecuencia, de restricción de la concentración» y remarcó «que la concentración excesiva de la palabra es una antítesis de la democracia», dijo Becerra en la audiencia.[/quote_box_left]
El Relator Especial Edison Lanza coincidió en que la concentración afecta el pluralismo y la diversidad, planteó la falta de autonomía del ente regulador (ENACOM) y remarcó que los decretos pueden perjudicar los derechos de las audiencias.
Entre los denunciantes hablaron Busso en representación de Farco; Badenes por Redcom; Horacio Verbitsky, por el CELS; el especialista en Medios y docente de la UNQui, Martín Becerra; Damián Loreti, secretario del CELS y representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias; Osvaldo Francés, en representación de los radiodifusores privados; Oscar Nocetti, cooperativista y Ana Jaramillo, rectora de la Universidad de Lanús.
