Por Lía Gómez y Pablo Bilyk
Son días agitados, de mucho dolor por las demostraciones claras de odio y revanchismo que la alianza Cambiemos representa para la vida política de nuestro país. A diecisiete días del 24 de marzo, aquella movilización nos parece un poco lejana. Resulta necesario traer a la memoria esas escenas que dan cuenta de un pueblo movilizado, parte central de la cuestión.
En estos agitados diecisiete días nos vimos expuestos a muchas escenas de la relación entre medios, política y Justicia, condensada en torno al tema de la corrupción. Mientras tanto, el viernes 8 de abril, en Washington, se desarrolló otra de las escenas trascendentes cuando se concretó la audiencia pública entre la Coalición por una radiodifusión democrática y el Ejecutivo nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Audiencia pautada para tratar la situación desatada a partir de la aplicación de los decretos 13, 236 y 267 con los que el Poder Ejecutivo intervino la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y su par relativa a las tecnologías de la información (AFTIC).
No es un detalle menor el modo de transmisión, sino el punto de partida para comprender que los argumentos de pluralidad, transparencia y diálogo ni siquiera se ven representados en los propios actos. Decimos esto teniendo como contraparte aquella audiencia en 2013 donde la Corte Suprema de Justicia declara constitucional la Ley y la televisión pública programa en vivo para toda la Argentina, exponiendo no sólo los argumentos de quienes iban a defenderla, sino también de aquel que desde su inicio trabó sistemáticamente su aplicación plena: el Grupo Clarín.
Resulta una escena destacable por múltiples factores. La disposición mostró enfrentadas las sólidas presentaciones de los peticionantes que demostraron la amplia afectación de derechos llevada a cabo. La representación de la sociedad civil fue encabezada por el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, junto a Damián Loreti, Néstor Busso (Farco), Daniel Badenes (Redcom), Martín Becerra y Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús.
Merece atención especial el lugar de las universidades, que por primera vez accedieron a la posibilidad de canales universitarios con presupuesto y cargos propios para el desarrollo de la comunicación pública de la ciencia. Durante la vigencia de la Ley, la universidad como actor fundamental del desarrollo de la cultura en una sociedad no sólo era un espacio generador de formas y contenidos nuevos en muchos casos, sino además un actor más de los órganos de regulación que la ley habilitaba.
Frente a ellos, los funcionarios de Cambiemos se encontraban defendiendo uno de los aspectos que el Gobierno afectó con mayor celeridad, discrecionalidad y brutalidad. Los representantes del Gobierno nacional fueron el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj; el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy; Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Eduardo Bertoni; el embajador ante la Organización de Estados Americanos, José Arcuri; y la directora del Enacom, Silvana Giúdici.
Néstor Kirchner decía: “difaman e insultan porque tienen pocas ideas”. La presentación hizo honor a esa descripción. Los argumentos discurrieron por la cantidad de cadenas nacionales y los inconvenientes de censura que ha denunciado justamente el difamador serial Jorge Lanata.
En una verdadera cumbre del cinismo, como bien lo gráfica Aliverti, Eduardo Bertoni sostuvo que la discusión sobre las políticas que se estaban aplicando respondían a cuestionamientos académicos, que los razonamientos académicos son subjetivos y que por ende allí no hay nada por discutir. Sólo obedecer.
Cuando la audiencia finalizaba, en medio de los señalamientos que Horacio Verbitsky hacía a la falta de respuestas por parte de la representación del Ejecutivo, Claudio Avruj tomó la palabra y (por primera vez sin leer) ratificó el compromiso de este Gobierno con tener una “sociedad pacifica y PACIFICADA”.
No sólo es una cuestión de defensa a las empresas, sino y esencialmente el peligro de dejar a merced del mercado la información pública y circulante para los ciudadanos. No significa solamente desmantelar la Ley más democráticamente construida por la Argentina, sino ubicar al pueblo como aquel al que hay que domesticar e inducir.
El 13 de abril, a veinte días de nuestro último 24 de marzo, Cristina asistirá a la cita de una Justicia corporativa, corrupta y mafiosa. Esa postal estará compuesta por una movilización que expresará la voluntad del pueblo. Ese mismo que Avruj ya cree “pacificado”.
