Por Roberto Álvarez Mur
El conflicto que mantienen desde hace meses los manteros con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volvió a tener un tenso episodio ayer a la mañana, cuando un operativo policial se instaló en las inmediaciones de la Av. Avellaneda para impedir el acceso de todos los trabajadores callejeros de esa zona para desplegar sus puestos.
“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegó un mega operativo donde intervinieron fuerzas de Espacio Público, de la Metropolitana, de la Policía Federal con carros hidrantes, con el objetivo de no dejar armar a los trabajadores sus puestos”, dijo a Contexto Omar Guaraz, referente de la agrupación Vendedores Libres, quien aseguró que varios trabajadores fueron detenidos durante la madrugada y muchos otros amenazados por las fuerzas de seguridad.
“Algunos de los agentes de la Metropolitana y de la Federal se apostaron en las puertas de los domicilios donde viven muchos de los manteros de la zona. Obviamente, se hizo un gran trabajo previo de inteligencia. El único propósito de todo esto es generar miedo”, dijo Guaraz, y agregó: “Nosotros apuntamos y hacemos responsable al comisario de la 50, quien estimamos que es quien manejó a la Federal y a la Metropolitana”.
Ante la magnitud del operativo, los trabajadores callejeros decidieron realizar una manifestación en la vía pública por el accionar del Gobierno de la Ciudad, que desde principio de año mantiene una cruzada directa contra los vendedores.
Hace casi dos meses, la agrupación Vendedores Libres envió una carta al director de fiscalización de Espacio Público porteño, con respecto a los fuertes desalojos sufridos en Flores, Caballito y Belgrano, con la finalidad de obtener una respuesta sobre la problemática y el tratamiento de la situación del trabajo en la vía pública. “Hasta ahora no hemos sido recibidos por el Gobierno. No obstante, el proceso de desalojo continuó, y hoy nos encontramos en una situación de falta de soluciones total”.
“El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la práctica, no tiene ninguna voluntad política para solucionar el problema. Sólo apela a las fuerzas de seguridad del estado para reprimirá los trabajadores.”
Asimismo, un funcionario del área de Espacios Públicos había hecho pública la versión de una presunta instancia de diálogo con los manteros, en la cual habían resuelto enviar a los puesteros a un galpón reservado para su reubicación. “No creemos que esa sea la solución viable, ya conocemos las falsas promesas del Gobierno. No creemos en la existencia de un galpón que pueda mantener a la totalidad de los trabajadores manteros. Hoy están haciendo mucha difusión de eso, pero creemos que es una estrategia de disuasión para tapar la conflictividad de la calle”.
Por lo pronto, los operativos continuarán en marcha en los próximos días, acorde a lo expresado por el director de fiscalización de Espacio Público porteño, Alejandro Bunge, “haciendo que la contravención no suceda”. El operativo se desplegó a partir de las cuatro por la avenida Avellaneda, desde Condarco hasta Bahía Blanca y las calles que las cruzan, en especial por avenida Nazca, y de acuerdo con lo anticipado por el Gobierno porteño se reiterará mañana.
En tanto, Omar Guaraz aseveró: “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la práctica, no tiene ninguna voluntad política para solucionar el problema. Sólo apela a las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir a los trabajadores”, y agregó: “Ya está mal utilizar la fuerza para amedrentar a los trabajadores, pero peor es utilizarla para dañar su integridad física”.
Durante el mismo conflicto desatado en febrero de este año en la zona de Caballito, las manifestaciones habían sido acompañadas por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). “Con la existencia del Protocolo de Seguridad, se vuelve mucho más fuerte y cruda la situación. En lo que va del año, nos han golpeado por todos lados. Han puesto 2 mil policías para impedir el trabajo de doscientos puesteros en Caballito, durante más de veinte días, mientras a una cuadra de allí le roban a la gente mientras camina. Es una ridiculez. Somos trabajadores y no delincuentes”, había declarado a Contexto la referente del organismo popular, Gabriela Olguín.
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