Por Manuel López Melograno
Ellos son –eran– los abogados que defendían de forma gratuita a los trabajadores ante la Justicia Nacional del Trabajo. Son catorce ex empleados del Programa nacional Asistir, que asesoraban a los ciudadanos que no tienen posibilidad de pagar su defensa en la primera instancia (obligatoria) ante el tribunal, que depende de la Dirección del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, conocido como SECLO.
El Asistir nació en 1999 y funcionó con normalidad durante todos los Gobiernos, impulsado por un grupo de abogados que formaban parte del organismo desde sus inicios, y otros que se fueron con los años. La oficina está hoy sin atender al público, y sin asignación de tareas de las autoridades para los que sobrevivieron en el edificio.
“Nosotros lo que hacíamos era asesorar a gente que tuvo despidos o conflictos en el área laboral”, cuenta una de las abogadas que fue despedida, y confiesa: “Ahora, la verdad es que le tengo temor a esta gente”. La situación es delicada. Por eso y el hecho de dejar a su familia sin ingresos definitivamente, la ex trabajadora prefiere reservar su identidad para no entorpecer o perjudicar aún más su situación.
“Nosotros lo que hacíamos era asesorar a gente que tuvo despidos o conflictos en el área laboral.”
En ese contexto de conflictividad laboral en la cartera que conduce Jorge Triaca, la letrada cuenta a Contexto cómo sucedieron los hechos, es decir, los despidos, y cómo pasó de defender a los trabajadores en su empleo, a pelear el suyo.
Al ser consultada por cómo se vivió el despido desde dentro, contó que las nuevas autoridades “hicieron correr el rumor de que hay irregularidades en todo el Ministerio, pero no sabemos ni de qué se trata. No nos dieron ni una entrevista, ni posibilidad de descargo”. Directamente, luego de cumplirse los 120 días del decreto para hacer el análisis de los recursos humanos ingresados en los últimos tres años, la última semana de marzo mandaron los telegramas de despido (ver foto) en donde sólo dice que no les renuevan el contrato.
El documento al que accedió Contexto y que lleva la firma de la directora de Administración de Recursos Humanos, María Alejandra Sampayo, dice textual: “Se lo exime de su prestación de servicios durante el período de preaviso. Su liquidación final de haberes será depositada en término de la Ley. Certificado de trabajo a su disposición. Queda Ud. debidamente notificado”.
En cuanto al funcionamiento, la letrada explica que el Programa estaba dividido en cinco grupos de cuatro abogados cada uno. “Si bien en principio la idea fue despedir a todos”, como seis empleados eran de planta permanente, quedaron en el edificio “amenazados con un informe negativo de las nuevas autoridades que podría terminar en un sumario administrativo”. Y agrega: “Los compañeros están a puertas cerradas y sin órdenes ni instrucción, ni traslados, absolutamente nada”.
Las nuevas autoridades tomaron la herencia de ayudar a los laburantes que no tienen cómo pagarse su legítima defensa, y echaron a sus defensores. Mientras, crece la desesperación junto a algunos compañeros de tantos años entre marchas, nuevas búsquedas laborales o viendo cómo algunos se reponen de enfermedades producto del estrés.
Por su parte, como viene ocurriendo en distintos estamentos y dependencias del Estado, los gremios se encuentran en el foco de la cuestión. “UPCN no se puede ni mover”, dicen incluso sus propios afiliados, mientras que ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, es el único respaldo de los estales en el conflicto por las fuentes de trabajo que reclaman ser reincorporados y que les limpien el nombre, ya que todos quedaron dentro de las “irregularidades” el informe mencionado, que denuncia a los abogados como protagonistas de procedimientos que no correspondían en su trabajo, sin mediar instancia de descargo alguna.
Lo curioso, dicen los despedidos, es que tanto dentro del informe como de la lista de compañeros despedidos, se incluyó una psicóloga, que ni siquiera prestaba servicios de asesoría legal.
Despidos sin causa
La abogada cuenta que los echaron sin mirarles el currículum. Que dentro de los despedidos también echaron a una chica embarazada: un caso complejo que venía de tener un ACV y llevaba un embarazo de mucho riesgo en reposo y le mandaron el telegrama de desvinculación laboral igual. Pero que como salió en los medios, lo rectificaron dos días después. Las bajas fueron para todos los contratados, y los telegramas no hicieron distinción por caso.
Para las nuevas autoridades no importa la antigüedad, o si los trabajadores antes de prestar servicio para en el Asistir, trabajaron en otras áreas como las de servicio doméstico, Call Center, jurídico o judiciales. “De todos los gobiernos desde 1999 hasta acá –jura– nunca los maltrataron tanto como en este”.
El suyo como otros contratos están regidos por el artículo 9 de la Ley 25.164 de regulación de Empleo Público Nacional. En su caso, ella estuvo diez años con contrato de “locación de servicios”, y llevaba otros nueve largos de planta transitoria que se mocharon con el telegrama.
Persecución y saña
Otro dato que no es menor es la incorporación de seis nuevos abogados en el mes de enero, que desembarcaron en la oficina con un cargo mayor sueldo del que tenían los despedidos. Arrancaron en 20 mil pesos, contra los 13 o 15 que cobraban los más antiguos con una letra C. La llegada fue sigilosa –cuentan– y la metodología, persecutoria: ingresaron al sistema informático de expedientes con una clave bloqueada para que el resto de los trabajadores que tenían acceso al sistema no pudieran verlos, algo que ya había sido alertado en las asambleas internas. Con el correr de los días, los abogados descubrieron que estos colegas comenzaron a ir a las mediaciones que ellos patrocinaban.
“Fue una persecución, nos empezaron a auditar a todos. Yo no me daba cuenta al principio, hasta que un día tuve tres auditorias en una sola audiencia de conciliación.”
“Fue una persecución, nos empezaron a auditar a todos. Yo no me daba cuenta al principio, hasta que un día tuve tres auditorias en una sola audiencia de conciliación”.
La ex asesora letrada de la cartera laboral nacional no sale de su asombro tanto en lo procedimental como en lo humano, y mientras lee una y otra vez el telegrama de despido y piensa que va a hacer para mantener a su familia, con su marido también si trabajo.
En casa de herrero, negrero el Estado
“No hacía falta este trato, lo podrían haber hecho de otra manera. Hay saña y queda demostrado con el sumario de Recursos Humanos en el que vamos a entrar las veinte personas de la oficina”, asegura la es empleada que afirma que en el caso de que la demanda no prosperé, irán por la vía de litigar en juicios individuales contra el Estado en el marco del derecho laboral, algo que puede demorar tanto que no lleguen a resolverlo en vida, y puedan recién cobrarlo sus hijos o nietos.
Hasta ahora, después de defender a miles de argentinos, las horas pasan lentas y estos abogados ya no tienen sueldo, ni acceso indemnización alguna. Fueron precarizados por la propia Administración Pública. “La mayor vergüenza es que el Ministerio de Trabajo haga esto”, termina la abogada.
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Resistencia de los trabajadores
En medio del conflicto sin tener respuestas del ejecutivo, el pasado 30 de Marzo se hizo sentir en el piso 13 del edificio central de la cartera laboral nacional una medida que era parte del plan de lucha contra los nueve mil despidos decretados por el Gobierno de Macri, en el cual los trabajadores estatales –con 11 mil despidos oficiales–, resolvieron cesar en sus tareas, realizar vigilias permanentes en las puertas de ingreso y copar el hall y los pasillos de los edificios de los ministerios nacionales de Cultura, Justicia, Lotería Nacional, AFSCA, Hacienda y Educación, entre otros.
Afuera, entre los mil trabajadores y trabajadoras que cortaban los cuatro carriles de Avenida Alem al 600 en la puerta del Ministerio, la abogada no pedía por sus representados. Reclamaba su propia reincorporación y la de sus compañeros, después de 20 años de servirle al Estado, el mismo que la mantuvo de forma precaria todo ese tiempo.
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El Asistir y la Conciliación Obligatoria
Con el objetivo de brindar información y asesoramiento sobre sus derechos laborales, y representarlo en sus reclamos judiciales, el servicio de asesoramiento gratuito a trabajadores de bajos recursos era muy solicitado y había resuelto centenares de casos particulares que se acercaban a las oficina en el centro porteño, siempre que los trabajadores tuvieran a sus empleadores con domicilio legal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El marco regulatorio llegó el 1° de septiembre de 1997 cuando se puso en funcionamiento la conciliación laboral obligatoria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la Ley N° 24.635, y bajo la órbita la Cartera laboral nacional.
Es una instancia administrativa en donde se dirimen con carácter obligatorio y previo al inicio de la demanda judicial, todos los reclamos individuales y pluriindividuales que versen sobre conflictos de derecho correspondientes a la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. El servicio es gratuito para el trabajador y sus derecho-habientes y de bajo costo para el empleador.
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