Por Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios
Más de 300 mil jóvenes dejaron de acceder a una política pública implementada desde 2014 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROG.R.ES.AR.) inició su etapa de desmantelamiento y entre sus consecuencias directas figura el perjuicio para cientos de miles de jóvenes que ya no recibirán una prestación económica de 900 pesos mensuales y verán truncados sus deseos de empezar, continuar o finalizar sus estudios en cualquiera de sus niveles (primario, secundario, terciario o universitario). Los y las jóvenes se convirtieron en una variable de ajuste dentro del Estado macrista, tal como se desprende de los datos oficiales brindados por Presidencia de la Nación.
El modo elegido por los cuadros técnico-empresariales que gestionan el Ministerio de Hacienda y Finanzas para eliminar “gradualmente” el PROG.R.ES.AR fue echar a cientos de trabajadores encargados de llevar este tipo de políticas de inclusión juvenil al territorio. Con el despido de los integradores barriales, el Gobierno evidencia su interés por desarticular los numerosos dispositivos estatales diseñados durante los últimos años que posicionaron a Argentina como país modelo respecto a la inversión social del Estado nacional en materia de juventud (reconocido por organismos internacionales como la CEPAL y la Organización Iberoamericana de Juventud).
El rumbo que toma ahora el Gobierno, festejado en los medios como moderno, dialógico y alegre, es el de la desprotección de los más débiles y en favor de un proceso de acumulación de la riqueza y de concentración de mecanismos antidemocráticos de regulación de las relaciones sociales. En ese disciplinamiento del Estado comandado por la ceocracia, las juventudes parecen no haber quedado exentas: el Régimen de Promoción del Primer Empleo Formal, anunciado ayer por Mauricio Macri, fue vendido por las narrativas mediáticas, prematuramente, como “la solución” a los problemas del mercado de trabajo argentino donde los jóvenes padecen altas tasas de desempleo y deben adaptarse a condiciones de informalidad y no registro, a raíz de que la precarización continúa siendo la forma-empleo hegemónica de inserción laboral juvenil.
El proyecto de ley presentado por MACRI, con la excusa de buscar una recomposición de las tasas de EMPLEO, propone realizar una reducción graduada de contribuciones patronales y subsidios para aquellas empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 24 años, por un lapso de tres años.
Tenemos tres cosas básicas para decir sobre esta clase de políticas. Si bien no son indefectiblemente dañinas, su aplicación debería ser monitoreada por una institucionalidad compleja, como las que el macrismo se empeña en desmantelar en todos los ángulos del Estado nacional. En la gestión de Lula en Brasil, durante los primeros pasos de los gobiernos populares en América Latina, programas de este tipo se pusieron a prueba. El Programa Nacional de Estímulo al Primer Empleo, vigente de 2003 a 2007, tenía como uno de sus ejes la subvención económica, y, claramente lo que lo diferenciaba, la oferta de cursos de formación. Sin embargo, las dificultades aparecieron cuando, aun pese a la existencia de medidas contrarias, se terminaban sustituyendo trabajadores adultos por jóvenes. El otro riesgo era la ineficacia de la política en sí misma, toda vez que apuesta a reducir los costos de un trabajador que ya presenta bajos costos para la empresa en términos de salario y gastos de despido. En ese escenario, como explica el Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil en la Agenda Nacional de Trabajo Decente para la Juventud, se decidió eliminar la subvención y se concentró la propuesta en los aspectos formativos.
Otro problema con la medida presentada es que no crea empleo, y que actualmente en la economía se destruyen todos los días puestos de trabajo. Según el Centro de Economía Política Argentina, 141.000 desde que asumió el macrismo, entre el sector público y el privado. Y si bien la iniciativa anunciada se propone no otorgar el beneficio a firmas que no incrementen sus plantillas de personal, no se ve cómo se les “hará lugar” a los nuevos jóvenes trabajadores. La hipótesis de que esa tarea estaría a cargo de la ola de inversión que aterrizaría en el país luego de la “histórica” salida del default que ensalza el coro de medios dominantes no resiste ningún análisis. Pertenece al infructuoso campo de las estrategias de seducción al capital con las que el Gobierno asegura que va a garantizar el bienestar general, mediante la aceptación de absolutamente todas sus demandas y presiones.
Y, finalmente, el sujeto que encarna la política pública, el que se vuelve protagonista del proceso, dejan de ser los y las jóvenes, el dinero deja de pasar por sus manos, de ingresar en las redes de intercambio y producción de valor de los sectores populares, culmina su existencia como condición de agencia para el empoderamiento juvenil, y pasa ya sin todo ese espesor de potencia transformadora como mero capital a las arcas de las empresas, que, por otro lado, aparecen caracterizadas como generosas, aquellas “que les dan esa oportunidad”. Esto no es nuevo. La semana pasada el presidente Mauricio Macri había mencionado que el trabajo es una bendición que debemos agradecer. El trabajo digno y equitativo es un derecho, no una oportunidad ni una bendición.
Mientras estas políticas de desprotección de los y las jóvenes de todo el país se suceden, el relato de los medios concentrados festeja los anuncios del macrismo como aciertos, oculta sus delitos y políticas regresivas y le aporta distracción y optimismo al tren de un Gobierno que se acerca sin vacilaciones a una encrucijada muy lamentable que los argentinos conocemos bien.
* Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP.
