El 16 de enero de 2014 Palestina presentó la solicitud de adhesión a la Corte Penal Internacional (CPI) para que lleve adelante la investigación por los crímenes de guerra que el ejército israelí perpetró en Gaza, durante las hostilidades que se extendieron entre el 7 de julio y el 26 de agosto de 2014. Dichas agresiones provocaron la muerte de 2.220 palestinos, de los cuales 1.492 eran civiles, mientras que por el lado de Israel los muertos fueron 71, y de estos, 66 eran soldados de las fuerzas de ocupación.[1]
El año 2014 fue el de la mayor cantidad de civiles muertos en el conflicto israelí/palestino desde la guerra de 1967. Sin embargo, en una guerra deben respetarse las leyes internacionales y distinguirse claramente entre civiles y combatientes, e Israel no lo ha hecho; por eso la respuesta del gobierno de Netanyahu a la decisión de la Autoridad Palestina (AP) de presentar, junto con la solicitud de adhesión a la CPI, la adhesión al Estatuto de Roma, fue de enérgica condena y disgusto, y llevó a que miembros del gobierno israelí afirmaran que era Palestina la que debía temer a la CPI, pues ampara a una organización “terrorista” como Hamas entre los miembros de su gobierno de unidad. No conforme con ello, Israel intentó profundizar la división entre las facciones palestinas impidiendo que los recursos económicos llegaran a las arcas de la ANP, y, por consiguiente, a Hamas, que es quien gobierna la devastada Franja de Gaza. Así, hasta el mes de junio de 2015, los trabajadores en Gaza no recibirán su sueldo completo, pues Israel ha decidido retener el 60% de los mismos. En una población que supera el 50% de desocupación, donde las casas fueron destrozadas, no hay alimentos, ni medicamentos, ni agua, ni electricidad, la confiscación del dinero sólo suma un ingrediente más a una situación que se asemeja a una olla a presión a punto de estallar.
Se ha podido observar el conflicto entre Israel y Palestina, pero la invasión de 2009 movilizó al mundo entero a condenar la agresión israelí con manifestaciones en muchas ciudades; al igual que con la Intifada, pocos espectadores lograban permanecer impávidos ante la imagen de un niño con una piedra en la mano que enfrentaba a un tanque de guerra. En 2014, las redes sociales viralizaron la indignación y con ello la condena al Estado de Israel, tomando diversas formas, desde el movimiento de BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) hasta discusiones y debates en diferentes espacios, como los lugares cotidianos de trabajo o la mismísima sede de Naciones Unidas y el Congreso de Estados Unidos.
Israel suele maquillar sus contradicciones, pero cada día se le hace más difícil. En este sentido, en el año 2000 se jactaba de hallarse entre quienes impulsaron la ley internacional con el juzgamiento de los responsables del holocausto. Firmó el Estatuto de Roma, pero como su adhesión complicaría su accionar, no dudó en borrar con el codo lo que firmó con la mano y no lo ratificó. Esto no representaría un gran problema para Israel, pero otros factores complican su actual situación, entre los que podemos nombrar:
Primero: la relación actual que Netanyahu (reelecto) mantiene con Estados Unidos, pues ha manifestado que mientras él gobierne no habrá Estado de Palestina, echando por tierra más de veinte años de supuestas negociaciones de paz con intervención directa de Estados Unidos. Tal vez por esto el mayor Denis Mc Donough –jefe de gabinete del gobierno de Obama– se vio obligado a manifestar que «El pueblo palestino debe tener el derecho de vivir y gobernarse a sí mismos en su propio estado soberano […] la ocupación que ha durado casi cincuenta años en Cisjordania debe terminar”, dejando claro que Estados Unidos apoya la denominada solución de dos Estados. Puesto que es la solución que la comunidad internacional mayoritariamente está adoptando con los numerosos reconocimientos del Estado de Palestina.
Segundo: no sorprende que Israel se oponga a una investigación de la CPI, si este pedido de investigación por parte de Palestina se limita a los crímenes de guerra cometidos en Gaza. Israel ha utilizado como estrategia adelantarse a realizar diferentes investigaciones sobre lo que ellos denominan “incidentes”. Una de esas investigaciones se basa en los hechos ocurridos el 30 de julio en Shujayya que provocaron la muerte de tres periodistas: Rami Rayan y Muhammad Al-Diri, camarógrafos de la agencia PNJM con sede en Gaza, y Al-Ariyan, que trabajaba como presentador para la agencia Al-Aqsa de Hamas. Si bien nunca se detectó actividad terrorista ni portación de armas por parte de los periodistas, la investigación israelí concluyó que «el fuego se dirige hacia los morteros y sus operadores, con el objetivo de neutralizar su capacidad de fuego permanente e intensiva contra fuerzas del ejército, que se encontraban en una situación de claro y presente peligro de muerte”. Así, la “única democracia de Medio Oriente” masacra periodistas durante una cobertura y afirma que eso no es ilegal. A Israel no le preocupa afirmar este tipo de disparates, ese no es un problema, pero el problema podría presentársele si Palestina demanda no sólo la investigación de los crímenes de guerra llevados adelante en Gaza, sino si además pidiera que se aplique la ley internacional a los asentamientos y a la construcción del muro. Ambas situaciones condenadas por ONU y violatorias de la más básica ley internacional, o si a la ANP se le ocurriera pedir que se realice una investigación de la situación de “apartheid” o la de los presos palestinos e cárceles israelíes bajo la figura de “detención administrativa”, que le permite a Israel llevar adelante un proceso en el que los detenidos se hallan privados de libertad sin cargos ni juicio, pero cuya orden de detención otorga la condición específica de detenido y suele renovarse el día en que se cumple la pena o unos días antes. Este proceso se puede prolongar de manera indefinida e Israel suele aplicarlo a activistas políticos e incluso a niños.
Tres: Israel debe enfrentar además otra encrucijada, pues tiene que optar por acatar y respetar los derechos humanos universales o dar prioridad a “sus” valores nacionales y aislarse del mundo. Incluso la ratificación por su parte o que Palestina sea aceptada como adherente al Estatuto de Roma le demanda decisiones de cuyos efectos no tiene control, pues el artículo 16 del Estatuto de Roma da al Consejo de Seguridad (CS) la facultad de aplazar cualquier investigación de la CPI hasta por un año, que puede ir renovando año a año. Si bien el CS nunca ha utilizado el artículo 16, para hacerlo Israel tendría que demostrar que la participación de la CPI impide en vez de facilitar el progreso diplomático. Pero Israel se ha encargado de dinamitar cualquier proceso de paz con las últimas declaraciones del reelecto Netanyahu. Al parecer, las opciones son aceptar la creación del Estado de Palestina, cediendo sus demandas y a la vez desentendiéndose de una población que no para de crecer y está logrando la simpatía mundial, o aceptar ser juzgado por los crímenes cometidos y responsabilizarse, con los costos económicos que eso implica.
Sabemos que es mucho lo que está en juego y sabemos también que esta “guerra judicial” puede durar años, pero los palestinos hemos desarrollado, gracias a la ocupación, una gran capacidad de espera…
*Activista palestino por los derechos humanos, especialista en leyes, residente de Gaza.
[1] https://www.ochaopt.org/documents/annual_humanitarian_overview_2014_english_final.pdf
