La política científica del Estado bonaerense está lejos de ser un eje estratégico en la gestión de Vidal. El sistema científico provincial atraviesa un momento de zozobra marcado por la encrucijada en la que se halla la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC). El máximo organismo de Ciencia y Técnica del Estado bonaerense afronta un año de escasez de los fondos públicos destinados a las tareas de investigación y una creciente demanda en sus programas de becas y subsidios por parte de la comunidad académica y científica. Las autoridades de la CIC, reticentes a aplicar un severo ajuste en el sector, deben lidiar con un Gobierno que no problematiza el hacer ciencia con un para qué y ni siquiera se plantea entramarlo con un proyecto de desarrollo integral e inclusivo en el área social, tecnológica y productiva.
En sus escasos discursos y alocuciones públicas, la gobernadora María Eugenia Vidal jamás ha hecho alusión a la ciencia y a las instituciones universitarias públicas asentadas en territorio bonaerense. El único gesto de Vidal hacia la comunidad académica fue la reunión privada que mantuvo semanas atrás en Casa de Gobierno con el presidente de la UNLP, Raúl Perdomo, donde acordaron impulsar una “agenda común de trabajo” en las temáticas de seguridad, tecnología y educación.
Más allá de expresar la voluntad de “avanzar en la planificación y elaboración de políticas públicas” entre la UNLP y el equipo de funcionarios, el Ejecutivo bonaerense hasta ahora no ha dado muestras significativas sobre cómo piensa convocar, organizar y apoyar a los numerosos grupos de investigación que producen conocimiento en/desde los polos académicos-científicos-tecnológicos localizados en la provincia. De esta forma, la gestión de Vidal parece no contemplar entre su plan de acción el delineamiento de una política de Estado en materia de ciencia.
En declaraciones a la prensa, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, Jorge Elustondo, ponderó a la CIC –bajo la órbita de su cartera– como “un instrumento virtuoso” y destacó la vinculación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), con “quien estamos trabajando en equipo y asumimos el compromiso mutuo de llegar al territorio con la mayor cantidad de recursos”. No obstante, esas buenas intenciones no se traducen en el financiamiento económico –y la decisión política– requerido para dar respuesta a las problemáticas y necesidades de los y las bonaerenses.
El Directorio de la CIC reconoció este escenario de restricción presupuestaria el pasado 23 de febrero, cuando en el Acta Nº 1.435 resolvió iniciar las “acciones tendientes a un aumento del presupuesto, que lo lleve a un % razonable dentro del presupuesto provincial”. Sólo a través de un considerable incremento en los números del Presupuesto 2017 se podrá viabilizar el hacer “crecer la CIC en todos sus ejes (recursos humanos, infraestructura, centros, presupuesto)” y “combinar generación de conocimiento con aplicaciones/transferencia/soluciones concretas”, dos de los principales ejes esgrimidos por el presidente de la CIC, Armando De Giusti.
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Tan solo promesas
La falta de políticas de Estado en el campo científico no es un patrimonio único de la provincia de Buenos Aires. Durante la campaña electoral, referentes de la alianza Cambiemos en el área de Ciencia y Técnica –entre ellos Carlos Melo, devoto de la meritocracia, célebre por proponer los premios salariales para investigadores que publican en revistas del exterior– destacaban los logros conquistados en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y planteaban la necesidad de diseñar políticas transversales e interministeriales para potenciar y perfeccionar la estructura científica instalada en los doce años de inversión de gobiernos kirchneristas. Además, prometían impulsar el crecimiento de la inversión en investigación y desarrollo en relación al PBI, tal como figura en la plataforma electoral PRO. Pero en estos cinco meses de gestión nada de eso sucedió, a tal punto que más de 3 mil miembros de la comunidad científica elevaron un petitorio a las autoridades del MINCyT expresando su preocupación por las crecientes dificultades que atraviesa el sector con el fin de que el Gobierno nacional actúe inmediatamente para corregirlas y así evitar serios perjuicios a la investigación que se desarrolla en el país.
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