Por Leandro Gianello
La medida que aumenta la cantidad de dinero disponible y elimina la necesidad de realizar licitaciones o contratos públicos fue publicada ayer en el Boletín Oficial. Facilita a los distintos rangos de funcionarios nacionales a otorgar contratos directos en licitaciones por montos de hasta 6 millones de pesos, cuando antes el límite era de 800 mil.
Así lo establece el Decreto 690/16, que determina la potestad del Ejecutivo para realizar selecciones de ofertas, órdenes de pago y desembolsos para “otorgar mayor flexibilidad y rapidez a la gestión de las contrataciones”, precisó la norma.
La excepcional elevación de los montos modifica todos los topes previos, que ahora serán de 75 mil pesos para contrataciones por trámite simplificado, 1,3 millones para contrataciones directas, 6 millones para licitaciones y concursos privados y más de 6 millones para licitaciones y concursos públicos.
Este “uso inteligente de los recursos públicos” avalado por el Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra resulta similar al esquema de desembolsos que rige en la ciudad de Buenos Aires y que benefició a personas cercanas al macrismo, como fue el caso de Fernando Niembro y su productora fantasma.
El límite para que los funcionarios distribuyan fondos públicos es visto desde el Gobierno y los medios de comunicación acólitos del poder como una forma de “agilizar” los procesos de contrataciones y lograr que «los distintos organismos estatales puedan cumplir con mayor celeridad y eficacia sus objetivos en aras del bienestar general».
Este decreto, firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay y de Modernización Andrés Ibarra, modifica además las cifras para los contratos que los funcionarios podrán firmar según sus categorías administrativas.
El escalafón ahora vigente explica que los acuerdos por más de 100 millones de pesos deberán ser autorizados por el jefe de Gabinete en persona o las máximas autoridades de los organismos descentralizados, mientras que, cuando la cifra no supere ese monto, los contratos podrán ser rubricados por ministros, funcionarios con su mismo rango y el secretario general de la Presidencia.
Por otro lado, los secretarios de la Jefatura de Gabinete, secretarios de la Presidencia de la Nación, secretarios ministeriales o funcionarios de nivel equivalente podrán suscribir acuerdos por cifras no superiores a los 50 millones de pesos, y los subsecretarios de cada área o funcionarios de nivel equivalente, hasta 15 millones.
En la parte más baja del escalafón estarán los directores nacionales, directores generales o funcionarios de nivel equivalente, que podrán firmar por montos de hasta 3 millones de pesos, en tanto que el resto de los funcionarios en los que se delegue esta facultad no podrá superar el millón.
Esta decisión, que media para facilitar “a los funcionarios de rangos inferiores la realización de contrataciones, descentralizando la toma de decisiones y contribuyendo a una mejor política de compras y contrataciones del Estado nacional», pero que podría generar un trasvasamiento de fondos a sectores empresariales y políticos afines, contrasta fuertemente con la promocionada idea de transparencia en el uso de fondos que el macrismo esgrimió en campaña y en los discursos recientes.
