Por Martín Gras
Acorazando los diccionarios
Una de las ideas de mayor densidad política que legó John William Cooke es aquella donde postula que “en un país colonial, la oligarquía maneja los diccionarios”. Esta afirmación, de claro regusto gramsciano, no sólo señala dónde se encuentra el núcleo de una hegemonía, sino que puede servir de llave para penetrar al interior del dispositivo disciplinante que montara la dictadura; y permitir un marco general de interpretación sobre la interacción imprescindible entre comunicación y violencia, ese innoble maridaje entre prensa y picana.
No es fácil disciplinar. Algo de eso sabía Charles Maurice de Telleyrand cuando, en su rol de ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón Bonaparte, este le pidió su opinión sobre la conveniencia o no de invadir España: “Sire, las bayonetas sirven para muchas cosas, menos para sentarse encima”. La brutal sinceridad ocultaba una soberbia lección que no fue comprendida: los límites y la futilidad de la violencia pura, aplicados a la política.
Para comprender cabalmente ese complejo laberinto, usaremos un camino aparentemente indirecto: tomar prestados algunos de los argumentos analíticos que utiliza Michel Foucault en su clásico Defender la Sociedad. El filósofo dedica parte del libro a exponer uno de los procesos centrales de la modernidad. El momento en que se construye una disciplina global: la Ciencia, que será la base de una legitimación universal para la burguesía. Ese momento de transición implica una transmisión del control del enunciado al control del enunciante.
La construcción de esa disciplina legitimante requiere de una serie de pasos previos: selección (qué contenidos se eligen, qué contenidos se desechan), jerarquización/normalización (precedencias, comparaciones y diálogos entre contenidos), que se completará necesariamente con una instancia de centralización. El lugar desde donde se podrá, una vez construida su gramática, trasmitir en forma homogénea y sistemática el nuevo discurso. “El problema consistirá en saber quién ha hablado y si estaba capacitado para hacerlo, en qué nivel se sitúa este enunciado, en qué conjunto podemos volver a ubicarlo, en qué sentido y medida está de acuerdo con otras formas y otras tipologías.”
Dejando de lado la historicidad específica del caso en estudio por Foucault (construcción del modelo de legitimidad científico de la modernidad/burguesía), parece justo interpretar que el camino para legitimar un orden discursivo, con sus sucesivas estaciones, es de validez para cualquier otra coordenada epocal. Consideremos así este mecanismo como una hoja de ruta y comparémoslo con la práctica social disciplinante llevada adelante por la dictadura. Una práctica social que definimos como genocida.
La guerra a un Etcétera
La necesidad de incorporar al análisis el concepto de genocidio no tiene que ver con la pretensión de adjudicar a los hechos de la dictadura la feroz carga simbólica que lleva incorporada esa palabra, sino que resulta imprescindible partir de él para comprender una particularidad fundante en el discurso de orden que se buscó construir.
El genocidio tiene una característica que lo distingue en el mundo de la sociología jurídica: es un delito cuya sanción está definida por la condición y no por la acción de la persona sobre quien se aplica la pena. Es decir, se lo considera criminal y se lo condena por ser, no por hacer.
Por lo tanto, en la medida que lo que se busca es definir aparentes subjetividades sociales disvaliosas y no acciones individuales disvaliosas, la lógica discursiva del genocidio necesita que el otro–enemigo sea una abstracción generalizada. Un marco de referencia, tanto más eficaz (y perverso) cuanto más difuso es. La acción pasa así a la categoría de mera justificación, y lo que se busca es la destrucción del grupo de pertenencia.
Esta idea es más fácil de comprender si la analizamos a través de diferentes antecedentes históricos (Armenia, Segunda Guerra Mundial, Camboya, Ruanda). En todos los casos, se busca el aniquilamiento de un grupo considerado como enemigo del Estado-nación y colocado por lo tanto en una condición de externalidad a su esfera de protección. Como dijera Eduardo Emilio Massera, “no combatiremos hasta la muerte, combatiremos hasta la victoria, esté más acá o más allá de la muerte”.
Esa singular condición, ser perseguido por pertenecer al grupo, no por una conducta individual, requiere como ya señalamos de una definición previa de Estado, indicando la constitución grupal y peligrosidad colectiva de ciertos elementos de la sociedad. Es evidente desde una lógica operativa que, para su aplicación, esa decisión política no sólo debe contar con un factor masivo de ultraviolencia, sino también, imprescindiblemente, con un factor comunicacional de, al menos, igual intensidad.
En el caso Argentino, el grupo social sujeto del ataque se definió bajo el paraguas de la construcción discursiva del otro-subversivo. Volvamos a nuestro testigo de cargo, Jorge Rafael Videla: “El golpe le quitó legitimidad democrática a la guerra contra la subversión, aunque nos dio la posibilidad de extender esta guerra a los ambientes político, social, económico, internacional, etcétera, porque pudimos disponer también del poder político”. La palabra terrible acá es «etcétera». Videla declara la guerra a un etcétera.
No haga distinción al emplear su fuerza limpia
Hubo sin embargo quienes, desde el plano comunicacional, se esforzaron por ser más explícitos y, aunque más no fuera, unir con algunos trazos la línea de puntos de ese impreciso dibujo esbozado por Videla. El día 24 de marzo de 1976, el diario La Nueva Provincia recibía al golpe con una primera plana convertida en Editorial, donde un título y subtítulo, en mayúsculas dominantes, más que informar, autorizaban: “GOBIERNAN LAS FUERZAS ARMADAS”. “Refundar la Patria. Si así lo hiciereis que Dios se lo premie: sino, que os lo demande.”
Luego pasaban a definir a sus Otros: “Enemigo es, salvando cualquier duda, el aparato subversivo en todas sus facetas; el sacerdocio tercermundista, que, desesperanzado de alcanzar el cielo, intenta transformar la tierra en un infierno bolchevique; la corrupción sindical, que lejos de considerar al trabajo ‘orgullo de la estirpe’ lo ha rebajado convirtiéndolo en vil chantaje y holganza; los partidos políticos, nacidos según sus encendidas mentiras, para servir al bien común, pero desde sus orígenes a mezquinos intereses de comité; enemiga es la usura de la ‘derecha’ económica y también la contra-cultura izquerdizante”.
Esa enumeración es tan imprecisa en sus límites como precisa en la única solución imaginada: “no son palabras, no son ñoñerías verborrágicas las indicadas […] Es necesario respaldarlas con una violencia ordenadora: una violencia que, soslayando condescendencias equívocas, no haga distinción al emplear su fuerza limpia contra las banderías opuestas”.
El incontinente exabrupto perpetrado por la familia Massot puede encandilarnos con el fulgor del espanto y llevarnos a cometer un grave error de interpretación. De la misma forma que es imprescindible la necesidad de un sentido común ordenador que actúe codo a codo con la “violencia ordenadora”, se debe comprender que las formas concretas en que se expresó el sistema de medios argentinos presentaron numerosos matices y pliegues textuales. Entendamos: hubo un núcleo discursivo compartido, pero una enorme variedad en la expresión de ese discurso; no comprenderlo así sería una grave equivocación.
El propio diario La Nueva Provincia pareció comprender, en un punto, la necesidad de multiplicar variantes en esas asignaciones de sentido. A poco más de un año del golpe (15 de octubre de 1977), editorializaban: “Es en el mundo de las ideas y en todos los terrenos en que ellas hagan a la formación y orientación de la ciudadanía, donde debe lucharse para que el triunfo sea absoluto”. Quizás con algún retardo, y seguramente muchas distorsiones, algún eco de Antonio Gramsci había llegado a sus oídos.
