Por Contexto
En el marco de la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos, miembros de distintos gremios participaron el jueves de la reunión para debatir acerca de la implementación del protocolo antiprotesta que impulsa el presidente del Concejo Deliberante local, Fernando Ponce. El proyecto, al igual que en las reuniones de las semanas anteriores, sigue cosechando fuertes rechazos por parte de los invitados a debatir.
“Decimos un NO rotundo a la implementación de este protocolo”, manifestó Omar del Valle Moya, delegado de la CTA regional, y agregó que “el pueblo está decidido a manifestarse; el conflicto social va creciendo y se da a lo largo y ancho de todo el país”.
La comisión presidida por Javier García, del bloque del Frente Renovador, viene tratando hace varias semanas el proyecto presentado por el oficialismo que busca regular las protestas y manifestaciones sociales. Durante todas las reuniones, el protocolo antiprotesta fue sumando rechazos y negativas desde distintos sectores. La semana pasada el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Fernando Salvioli, señaló la inviabilidad de este tipo de propuestas. Hoy fue el turno de los trabajadores que, en la misma línea, rechazaron la implementación del protocolo.
Martina Perazzo, de la CTEP (Cooperativa de Trabajadores de la Economía Popular), manifestó que “no sólo estamos en contra de este protocolo, sino que creemos que va a ser inaplicable”, y agregó que “este protocolo no se corresponde con la realidad. Las movilizaciones de los trabajadores están cada vez más unificadas”.
Por su parte, Antonela Molina, también de la CTEP, remarcó que se regula la manifestación social, pero no se regulan las fuerzas públicas, al tiempo que señaló que “los conflictos del tránsito los debería resolver la Comisión de Transporte. Hay otras causas que dificultan la circulación y no se las regula. Lo que se busca en realidad es criminalizar las manifestaciones populares”.
Por último, el representaste de los trabajadores recicladores urbanos, Néstor Casanova, señaló que “nosotros nacimos en los noventa con los piquetes, así que con este protocolo no nos van a correr de la calle”. Todos los gremios presentes manifestaron su rechazo al proyecto “en su integridad” por ser violatorio del derecho a la manifestación. “Venimos de un Gobierno, los últimos doce años, que en ninguna instancia criminalizó la protesta”, concluyó Casanova.