Por Leandro Gianello
Comprendiendo la importancia estratégica para el desarrollo económico y social del país, los diputados nacionales de prácticamente todas las bancadas respaldaron ayer el proyecto de reestatización de los ferrocarriles que fue propuesto por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que esta madrugada logró media sanción. El inicio de la discusión para devolver al Estado nacional los trenes rematados en los noventa se convirtió en un día histórico.
La sesión especial de la Cámara de Diputados, la primera del año legislativo, comenzó apenas pasado el mediodía y se extendió más allá de la medianoche. Los diputados discutieron el proyecto presentado por la presidenta Cristina Kirchner en la apertura de las sesiones legislativas el 1° de marzo pasado.
Con la nueva legislación se propone que la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de carga sea declarada de interés público nacional y se convierta en un objetivo prioritario para el gobierno.
Se busca garantizar la integración de todo el territorio nacional conectando el país, desarrollando las economías regionales, generando inclusión social y creando empleo genuino, un esquema de desarrollo que el Estado deberá propiciar a través del gerenciamiento mixto de la red. Veinte años atrás, la privatización de los ramales y el progresivo cierre de aquellos considerados poco productivos en el marco de la reforma del Estado menemista asestaron un golpe tan duro al sistema ferroviario nacional que aún hoy los esfuerzos para recuperar esa herencia del primer gobierno peronista son enormes.
Ese deterioro del sistema de transporte otrora orgullo de la nación se vio reflejado en la calidad y las frecuencias del servicio, que se vieron reducidas al mínimo, y en los casos más extremos desaparecieron, dejando en el abandono más absoluto a pueblos y regiones enteras.
El proyecto avalado por la mayoría de la Cámara declara “de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas”.
Además, insta a llevar adelante una “renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema”.
Otros puntos destacables del plan establecen “la participación pública y privada en la prestación y operación de los servicios”, reservando para el Poder Ejecutivo la “administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes”, pudiendo también “desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en su caso renegociar los contratos de concesión” con las empresas privadas.
Asimismo, se establece que para cumplir estos objetivos se creará la empresa Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, un consorcio de gestión gubernamental que centralizará los servicios y administrará toda la red, con un directorio compuesto por representantes de la Secretaría de Transporte, el Ministerio del Interior, sindicatos, usuarios y empresas.
Al iniciar el debate, la presidenta de la comisión de Transporte y diputada del FpV María Eugenia Zamarreño aseguró que el proyecto de estatización es, con respecto a los conceptos neoliberales, «una modificación del paradigma del Estado frente al uso de los trenes y la gestión del uso de los trenes».
Por su parte, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, aseguró estar presenciando “un día histórico para todos los argentinos”, señalando que con esta media sanción en la Cámara de Diputados se abre “una etapa fundacional” para el sistema ferroviario nacional.
En el mismo sentido, Pablo Kosiner, vicepresidente del bloque de diputados del FpV, destacó que “Ferrocarriles Argentinos es una nueva herramienta de gobierno de inclusión social”, mientas que el representante de Nuevo Encuentro, Carlos Heller, aseguró que con este proceso histórico “estamos dando un paso de enorme trascendencia”, ya que se puede demostrar que “el Estado puede gestionar de una manera más eficiente que los privados”.
El proyecto de reestatización tuvo el apoyo de todo el Frente para la Victoria y sus aliados tradicionales, pero también fue apoyado por legisladores de la UCR, del PRO, del Frente Renovador y de la Coalición Civica, mientras que el Frente Amplio Progresista, Unidad Popular y Proyecto Sur se abstuvieron y el Frente de Izquierda directamente no acompañó la iniciativa.
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