Por Leandro Gianello
El encuentro, llamado “¿Autonomía militar? Desafíos de la democracia en el nuevo escenario nacional”, fue presentado por la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, Florencia Saintout, y sirvió para que Rossi y Moreau pudieran exponer los alcances del decreto 721/2016 firmado la semana pasada por Macri, que modifica el control civil de las Fuerzas Armadas.
“No es casual que hoy estemos en un aula de una Universidad pública con dos grandes hombres de la democracia en un momento de profunda desinformación”, expresó Saintout ante un auditorio en el que también se encontraban presentes Beba Dillon, madre de Plaza de Mayo; Cristian Uscamayta, hermano de Yésica; Matías Moreno, ex director nacional de Formación en Derechos Humanos, y autoridades de la UNLP.
“Estamos convocados para hablar de este decreto ruin, que junto a otras tantas medidas tomadas contra el pueblo abre una puerta para las autonomías militares”, dijo Saintout, en un momento en el que los ataques abundan y “se toman medidas que implican un retroceso de años”.
Leopoldo Moreau, actual presidente de la Fundación Espacio Progresista y ex diputado nacional, indicó que siempre “se ha tenido la sensación de que los Gobiernos conservadores llevan inexorablemente al pasado, y en estos días el Gobierno nacional ha dado muchas pruebas de eso”.
“Volvimos a discutir el desempleo y nuestros ministros piden disculpas” a empresas extranjeras que expoliaron al país, pero sinceramente “nunca pensé que habría que retomar el debate sobre el control civil en las Fuerzas Armadas. No creí retroceder tanto, y mucho menos en tan poco tiempo”, dijo Moreau.
“Es imposible entender el decreto 721/2016 si no se enmarca dentro de la política iniciada en 1983 con el juzgamiento de los militares”, Leopoldo Moreau.
El del ex presidente Raúl Alfonsín “no fue un decreto aislado, fue parte de una política, parte de una decisión de llevar a juicio a las juntas militares y la necesidad de imponer el control democrático”, agregó el ex diputado. “Heredamos Fuerzas Armadas que eran una corporación que diseñó y engendró un Estado pensado para matar, y era imprescindible juzgar a los responsables de esa política represiva”.
“¿Cuál fue la razón de que el presidente macri dictara un decreto de esta naturaleza?”. Quizás sea “un intento de cambiar la doctrina militar, basada en la nueva idea geopolítica del Gobierno”, acusó Moreau.
Existen hechos relacionados en los que se propicia este tipo de reglamentación en detrimento del control civil de las Fuerzas Armadas, y uno es “el primer discurso de Macri ante los jefes, en donde dijo que debían recuperar protagonismo en la lucha contra el terrorismo”.
“¿Cuál es el protagonismo que las Fuerzas Armadas deben tener? ¿Luchar contra el terrorismo internacional? Eso sería gravísimo. ¿Y si no se refería al terrorismo internacional y sólo al terrorismo a secas? ¿A qué amenaza o terrorismo se refiere? Es sumamente preocupante y peligroso este tipo de declaraciones, ya que da al poder militar objetivos estratégicos que la propia Ley de Defensa Nacional prohíbe», denunció Moreau.
Además, explicó que “está indicando la voluntad presidencial de someterse a los deseos del Pentágono”, y por eso “creo que enfrentamos una puja difícil e importante. Debemos darle visibilidad a esto que está ocurriendo”, pero, aunque no les resulte sencillo retroceder en las políticas de memoria, verdad y justicia, “lo van a intentar”, recalcó el referente alfonsinista.
“Me duele que algunos de los que antes eran de mi partido (UCR) banalicen la cuestión del control civil sobre las Fuerzas Armadas”, dijo. Y recordó que la sociedad “está dando signos de reacción con todas las movilizaciones que se han realizado hasta ahora. Esto nos permite decir que, a pesar del diagnóstico negativo y los procesos de retracción, debemos ser positivos”.
«Un retroceso»
A su turno, el ex presidente del bloque del FpV en Diputados y ex titular de la cartera de Defensa hasta el 10 de diciembre pasado, Agustín Rossi, opinó que las modificaciones al decreto 436 de 1984 introducidas por Mauricio Macri son “contrarias al paradigma democrático y es un retroceso”.
“En estos 33 años hubo un intento permanente de garantizar el proceso de construcción civil de la democracia, y lo que hace el decreto de Macri es trasladar una parte de las responsabilidades civiles a las Fuerzas Armadas”, explicó Rossi.
“Antes de la normativa, el ministro de Defensa tenía más poder. Ahora son los jefes los que tienen más poder”, y esto es peligroso porque “las Fuerzas Armadas son una corporación que históricamente se manejó sin control civil y buscó naturalmente más libertad” de acción, apuntó Rossi.
“Es evidente que este Gobierno no privilegia la mediatización política, se siente cómodo negociando con las corporaciones, y está claro que hay un avance de las mismas sobre las herramientas políticas”, dijo Rossi. “Creo que Macri es un presidente débil, porque cuando alguna corporación como la mediática se corra y lo abandone, va a caer” por su propio peso, advirtió.
En otro sentido, “hay un acercamiento con Estados Unidos buscando acoplarse a las políticas del Pentágono y el Comando Sur para la región” latinoamericana, y “cuando estuvimos en el Gobierno nunca dejamos que Norteamérica entrara e influyera en nuestras Fuerzas Armadas”.
“La derogación del decreto de Alfonsín tiene una fuerte carga simbólica, y los Gobiernos anteriores siempre se cuidaron de modificarla, porque era pilar de la democracia”, pero “para Macri la dictadura no fue una dictadura, sino un Gobierno como cualquier otro. Para él y su gente, esos siete años fueron lo mismo que ahora pero sin tener que ir a votar”.
Las modificaciones que plantea el decreto son para preocuparse, pero también “para ocuparse”, y en este sentido “celebro la reacción de algunos partidos políticos y los organismos de derechos humanos, porque seguramente pensaron (desde el Gobierno) que la medida iba a pasar desapercibida entre la sociedad o que iba a haber una reacción más tibia”, concluyó Rossi.
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Panorama
El decreto 721/2016, dado a conocer la semana pasada mediante el Boletín Oficial, fue rechazado por diversos sectores políticos y organismos de derechos humanos, ya que recorta el control civil sobre el sector militar, permitiendo que este tenga amplias facultades sobre las decisiones vinculadas con la órbita castrense.
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