Por Miguel Croceri
En la historiografía de América del Sur, “triple alianza” designa a la guerra que desataron Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay entre 1865 y 1870, y que provocó la destrucción del que en ese momento era el país más industrializado de la región. Por eso, visiones críticas de las oligarquías que en aquella época gobernaban a los países agresores suelen designar aquel proceso bélico como la “guerra de la triple infamia”.
Lejos de aquellos significados, trasponer esas expresiones a la actualidad política argentina puede resultar útil para señalar el peso que tienen tres actores a quienes puede nombrarse por sus identidades personales –Mauricio Macri, Héctor Magnetto y Ricardo Lorenzetti–, aun cuando lo que importa políticamente no son los individuos mismos sino el poder que encarnan, la articulación de intereses que los vinculan, y el plan político que llevan adelante desde hace seis meses. Más allá incluso de discrepancias circunstanciales, peleas personales o contradicciones secundarias.
Señalar a Macri, Magnetto y Lorenzetti como la triple alianza que gobierna Argentina desde el 10 de diciembre de 2015 es una manera simplificada pero realista de interpretar cómo está configurado el sistema de decisiones y construcción de hegemonía que permite llevar adelante el actual proceso de restauración oligárquica.
(Aclaración: el término “oligarquía” no se utiliza aquí para aludir exactamente a una clase social –como puede ser, en términos históricos, la clásica oligarquía terrateniente argentina–, sino en una concepción amplia del término: oligarquía como gobierno de las élites, de las minorías privilegiadas. Gobierno a favor de los más ricos y poderosos, y por lo tanto contrario al bien común y a los derechos de las mayorías populares).
Algunos ejemplos concretos pueden llevar claridad para hacer más visible el modo en que los tres aliados interactúan.
Derogación de facto de leyes de medios y de telecomunicaciones
No por casualidad, un caso donde el maridaje de intereses entre Macri y Magnetto queda expuesto en toda su crudeza es la derogación de facto de contenidos esenciales de la leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual (abreviada normalmente como “Ley de Medios”) y de Telecomunicaciones (“Argentina Digital”).
La abolición de ambas normas mediante decretos del Poder Ejecutivo, que constituyen actos de violencia jurídica, fue perpetrada justamente para eliminar las cláusulas antimonopólicas que afectaban la posición dominante del Grupo Clarín en el mercado audiovisual.
Apenas consiguió vía libre, ese conglomerado empresarial consolidó su poderío al quedar literalmente en la nada los planes de adecuación a los límites que fijaba la Ley de Medios, y además se abrió paso a mayores negocios en otros ámbitos generados por la convergencia tecnológica. Así, Clarín adquirió de inmediato la empresa de comunicaciones móviles Nextel, y, a través de un socio, también adquirió la compañía Telecom.
Lorenzetti, por su parte, “firmó” todo: no hubo una intervención institucional de la Corte Suprema, y ni siquiera alguna expresión pública, como tampoco trascendió una sola reunión secreta de alto nivel a las que el titular del máximo tribunal es afecto. De cualquiera de esas maneras, o de otras que son lícitas y hasta obligatorias para la cabeza del Poder Judicial en circunstancias semejantes, se hubiera podido impedir el pisoteo del Gobierno macrista a la Constitución y las leyes. Así es el comportamiento que prostituye la naturaleza y la función del Judicial como uno de los poderes del Estado, al quedar hegemonizado por una corporación facciosa y antidemocrática.
(Respecto de reuniones del presidente de la Corte que son ocultadas a la opinión pública, un ejemplo fue la que mantuvo con Magnetto y otros jerarcas empresarios en abril de 2010, y que se conoció por una filtración periodística del bisemanario Perfil:
http://www.perfil.com/politica/Como-fue-el-encuentro-entre-los-principales-empresarios-y-la-Corte-20100501-0013.html)
Cabe agregar que con la honrosa excepción de determinados jueces –algunos de ellos de La Plata–, el conjunto de la judicatura miró para otro lado mientras se atacaba violentamente al estado de derecho a través de la derogación, por la sola voluntad de un presidente, de leyes sancionadas mediante los procedimientos previstos en el ordenamiento legal argentino.
Milagro Sala, presa política
El hecho probablemente más aberrante perpetrado por la triple alianza entre Macri, Magnetto y Lorenzetti sea la privación ilegal de la libertad de la dirigente social Milagro Sola, también parlamentaria electa del MERCOSUR que no pudo asumir su función precisamente por estar prisionera, y una de las figuras públicas más denigradas mediante la acción psicológica permanente de la cadena de medios del Grupo Clarín.
Para que puede llevarse adelante la persecución penal, el presidente de la nación otorga pleno aval político a la maniobra ejecutada por su aliado, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, dirigente radical y miembro de la alianza Cambiemos que gobierna tanto la nación como esa provincia norteña.
El encarcelamiento de Sala fue perpetrado por integrantes del Poder Judicial jujeño designados con esa finalidad por Morales, en un hecho jurídicamente atroz que viola la taxativa norma de la Constitución Nacional según la cual “ningún habitante de la Nación puede ser […] juzgado por comisiones especiales”, ni tampoco “puede ser penado sin juicio previo”. Además, para diseñar el esquema judicial con el cual se perseguiría a la víctima, la Legislatura de Jujuy aprobó el proyecto del gobernador para ampliar el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia, tras lo cual la alianza oficialista designó como jueces a tres diputados radicales (uno de ellos con mandato finalizado), mientras que un abogado también ligado a la UCR fue nombrado al frente del Ministerio Público Fiscal, y la hermana del vicegobernador fue puesta a dirigir la Defensoría General.
(Las maniobras de manoseo judicial, ocultadas por la cadena Clarín y la mayoría de los medios, eran explicadas el pasado 19 de enero por el diario Página/12:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-290647-2016-01-19.html)
En este caso, la conducción unipersonal de la Corte Suprema nacional, es decir, Lorenzetti, sí tuvo algo que decir. O sea que su participación fue por acción, no sólo por omisión. Ante un planteo de la organización Tupac Amaru respecto del cúmulo de arbitrariedades procesales cometidas contra Milagro Sala, el máximo tribunal de la nación respondió en un breve pronunciamiento formal que “la cuestión planteada no constituye ninguno de los casos que […] habilitan la jurisdicción ordinaria ni extraordinaria” de la Corte.
(Así lo informaba Perfil en su portal digital:
http://www.perfil.com/politica/La-Corte-Suprema-rechazo-el-pedido-de-la-Tupac-Amaru-para-que-intervenga-por-Milagro-Sala-20160328-0048.html)
Quién debe realizar las escuchas telefónicas legales
Otro hecho escandaloso para la legalidad vigente entre el Gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia –entre Macri y Lorenzetti, en la práctica– fue la derogación de facto de cláusulas de la ley de Inteligencia sancionada en marzo de 2015 por el Congreso de la Nación.
Una vez más mediante decretos del Poder Ejecutivo convalidados por la máxima autoridad judicial del país, se eliminó la atribución que la citada ley otorgaba a la Procuración General de la Nación para tener a su cargo las escuchas telefónicas (las legales, interceptación y captación de comunicaciones que ordenan jueces o fiscales como parte de la investigación de delitos). Esa tarea determinante en la vida de toda la sociedad –para bien o para mal, según cómo se la use– quedó en manos de la propia Corte, que a su vez la derivó en otros jueces.
(El diario Página/12 reseñaba en febrero de este año cómo sería la nueva estructura organizativa para las escuchas de carácter legal:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-292579-2016-02-16.html)
La maniobra legal para quitarle atribuciones a la procuradora general es la perfecta consecuencia del prolongado accionar de desgaste y ataque en su contra llevado a cabo por el conjunto de la derecha desde el mismo momento de su nombramiento, fundamentalmente a través de la cadena nacional de medios del Grupo Clarín. Ese conglomerado mediático, como vocero del conjunto de las corporaciones –es decir, la derecha, hablando en términos político-ideológicos–, ejecutó a lo largo de los años una afinada estrategia donde Gils Carbó era difamada y agraviada constantemente.
(Un compendio de la campaña de Clarín está contenido en un informe del programa 678 emitido en enero de 2015:
http://www.diarioregistrado.com/678/recrudece-el-ataque-de-clarin-a-gils-carbo-por-no-disciplinarse-12-01-15_v563145ab8134fe46107bf848)
El registro de trabajadores rurales, otra vez para Venegas
Un asunto en el que la “triple alianza”, en esta ocasión junto a la corporación sindical, se articuló para destruir un proceso de democratización del poder y de la sociedad se refiere a la vida de los trabajadores agrarios. Aquí, también por decisión de Lorenzetti y sus cortesanos, pero con la honorable excepción de la jueza Elena Highton de Nolasco, que votó en disidencia, en un fallo emitido por la Corte el 24 de noviembre de 2015 (dos días después de que Macri ganara el balotaje presidencial), el beneficiario fue Gerónimo Venegas, alias “Momo”, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).
(Una de las noticias que daba cuenta de la sentencia fue publicada por el diario Página/12:
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-286902-2015-11-25.html)
El gremialista, habitual invitado a predicar en contra del kirchnerismo y a favor de los empresarios del campo en TN y demás medios de Clarín, volvió a tomar el mando del registro de trabajadores agrarios: el Renatea, que significa Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, creado por la ley nacional del Régimen de Trabajo Agrario aprobada a fines de 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández. Ese organismo reemplazó al de nombre similar pero diferente, Renatre, que era el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores, al cual Venegas dirigió en alianza con cámaras patronales ruralistas hasta la sanción de dicha ley, y cuyo control ahora ha recuperado.
Pero el nombre es lo de menos… Lo importante es que el Renatea, como organismo estatal y no corporativo, llevó a cabo en cuatro años los mayores operativos de la historia contra la trata de personas con fines de explotación laboral en el campo, así como políticas de “blanqueo” –o sea, reconocimiento de derechos laborales– para unos 120 mil trabajadores.
También realizó un sinnúmero de acciones en defensa de los empleados rurales (a quienes frecuentemente se alude con la denominación “peones de campo”), como por ejemplo campañas de vacunación, o el impulso a centros de cuidado y recración infantil para hijos e hijas de trabajadores agrarios.
(Al respecto, puede leerse una nota del periódico digital Infocampo del 3 de diciembre de 2015:
http://infocampo.com.ar/nota/campo/75758/renatea-emitio-un-comunicado-enumerando-los-logros-desde-su-creacion)
Además, en una decisión que está en la genética del macrismo y de su matriz ideológica de derecha, la nueva conducción del Renatea tiene como política echar del organismo a personas que cumplían tareas fundamentales.
(Semanas atrás se temía por 1.200 despidos, según publicaba el 17 de mayo el portal de noticias Infogremiales:
Trabajadores del RENATEA advierten que se vienen 1.200 despidos digitados por Venegas
Tres que comparten el poder
Vale aclarar que esta descripción de hechos es una simplificación que deja de lado conscientemente la complejidad, diversidad, heterogeneidad, extensión, dinamismo y contradicciones que tiene cualquier articulación entre distintas fuerzas que conforman una alianza para ejercer, y aun disputar relativamente entre sí, ciertos espacios de poder.
Por ejemplo, esta tríada no tiene en cuenta los intereses de Estados Unidos, que mueve sus piezas en el tablero mundial, ni al resto del capital trasnacional y de los grupos económicos locales, como tampoco, en fin, a las distintas corporaciones y factores de presión que de forma permanente intentan dominar a la sociedad y reducir la democracia política a un conjunto de formalidades que no disputen poder real.
Sin embargo, señalar a esa triple alianza como el corazón del Gobierno actual de Argentina es una interpretación parcial pero verificable en los hechos.
Macri toma decisiones desde la autoridad ejecutiva estatal, Magnetto manipula a la opinión pública y Lorenzetti convalida jurídicamente. Los tres comparten el poder.
