Por Fernando M. López
El próximo martes iba a reabrirse la paritaria estatal con una audiencia conciliatoria entre los gremios y el Gobierno de la macrista María Eugenia Vidal, pero en un sorpresivo fallo, dictado horas antes de que comenzara el fin de semana largo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata decidió frenar todo.
Alegando presuntas irregularidades, el tribunal de apelaciones suspendió la última resolución del juez Luis Federico Arias, quien el pasado 7 de junio intimó al Ejecutivo provincial a convocar a los sindicatos en un plazo de cinco días para reanudar las negociaciones salariales y acordar la designación de una “autoridad imparcial” que intervenga en el proceso.
En esa misma orden, el magistrado de primera instancia estableció que, en caso de incumplimiento, las reuniones paritarias se realizarían en el ámbito de su juzgado (Contencioso Administrativo N° 1) y fijó la primera audiencia para el 21 de junio en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Vidal no sólo no acató la resolución judicial, sino que presentó un recurso de queja a través de la Fiscalía de Estado, al que la Cámara hizo lugar el jueves último con los votos de los jueces Gustavo Spacarotel y Gustavo De Santis, mientras que Claudia Milanta se pronunció en disidencia.
Consultado por Contexto, Arias calificó como “alarmante” este fallo, porque se trata del mismo tribunal que había ratificado su medida cautelar en favor de los gremios. Ahora, sin embargo, se posiciona de manera contraria y avalando “irregularidades que no existen”.
“El fiscal de Estado denunció que yo no había tratado el recurso de apelación de la provincia, pero eso no es cierto. Está todo reflejado en el sistema informático del Poder Judicial, al cual la Cámara tiene acceso. Es muy extraño lo que ha sucedido, justo un día hábil antes de la audiencia… Este nuevo fallo de la Cámara es sumamente sospechoso”, remarcó el juez platense.
La intervención de Arias en el conflicto salarial comenzó en el mes de marzo, cuando Vidal decidió cerrar la paritaria sólo con el acuerdo de dos gremios, UPCN y FEGEPPBA, que aceptaron un magro aumento del 15% en dos cuotas y la promesa de volver a reunirse en el segundo semestre.
Los sindicatos que rechazaron la oferta exigiendo una recomposición del 40%, ATE y SOEME, realizaron entonces una presentación conjunta ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1. Arias, que hizo lugar al reclamo, dictó una cautelar ordenando la reapertura de las negociaciones.
Esa medida fue ratificada el 21 de abril por la Cámara de Apelación, con los votos de Milanta y Spacarotel, y la disidencia de De Santis.
Días después, al explicar su posición en el programa televisivo “Justicia en Primera Persona” (Imagen Platense), Spacarotel consideró que “mal podría agraviarse el Estado de continuar un diálogo paritario cuando debe garantizarlo por la Constitución. Es necesario que la paritaria prosiga hasta tanto la Justicia se expida en relación al proceso de la negociación colectiva”.
“Que los estatales hoy no tengan un incremento salarial en debida forma, que no puedan discutir las condiciones de trabajo, es realmente preocupante en cuanto los cometidos esenciales del Estado. El diálogo debe ser obligatorio, perentorio, y una solución que armonice los intereses de todas las partes es la que el Gobierno debe satisfacer”, agregó ante el periodista Martín Granovsky.
El mismo Spacarotel que defendía a los trabajadores fue ahora el que inclinó la balanza del lado de Vidal, lo que generó fuertes suspicacias en los pasillos judiciales, sobre todo en momentos en que el camarista impulsa la candidatura de su asesor letrado, Mariano López, como titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata.
Más allá de los rumores, lo cierto es que su voto fue fundamental en la estrategia dilatoria de la gobernadora, quien mucho antes de que se conociera el nuevo fallo de la Cámara había convocado a paritarias para el 14 de julio, desconociendo todas las resoluciones judiciales previas.
“La actitud tomada por el Gobierno provincial respecto a las negociaciones salariales con los gremios estatales es escandalosa y vergonzosa. No solamente ha condenado a vivir a los trabajadores con un salario de hambre, sino que lo ha hecho con trampa, violentando la Constitución y la Ley de Paritarias. Es un pésimo ejemplo para la sociedad que un Gobierno, sistemáticamente, haya desoído cuatro fallos judiciales que lo intimaban a reabrir la paritaria. Y además con un nivel de autoritarismo e impunidad pocas veces visto”, dijo en esa oportunidad el secretario general de ATE, Oscar de Isasi.
La ofensiva del macrismo contra los trabajadores no para. En medio del ajuste, los despidos masivos, la inflación y los tarifazos impagables que afectan a todo el país, en la provincia de Buenos Aires no sólo se imponen salarios a la baja, sino que se profundiza la precarización laboral.
Uno de los últimos decretos de Vidal congela las vacantes en la Administración pública y el pase a planta –tanto permanente como transitoria– de miles de estatales. Los gremios advierten que esta medida, sumada a la Ley de Emergencia Administrativa y un decreto anterior que da amplias facultades a funcionarios de primera línea para nombrar personal y actuar en cuestiones paritarias, sólo deja margen para “contratos ultrabasura”.
“El Gobierno provincial avanza en dos sentidos: habilitar a los grupos del sector privado a hacer todos los negocios sin ningún control del Estado y precarizar las relaciones laborales de manera extrema con la creación del contrato autónomo, que avanzan sobre los derechos laborales”, afirmaron desde ATE.
