Por Fernando M. López
Durante los primeros cinco meses del gobierno de Mauricio Macri, unos 5.000 comercios minoristas bajaron sus persianas por los tarifazos, el incremento de los precios mayoristas y la caída del consumo, pero los datos que ya se manejan sobre junio superan ampliamente esa cifra.
“Vamos a terminar este mes con el cierre de 20.000 comercios más y con la suspensión de actividades de 500 a 1.000 pymes industriales”, adelantó a Contexto el presidente de la Federación de Cámaras y Comercio de la República Argentina (Fedecámaras), Rubén Manusovich.
Según el informe que prepara la entidad acerca de la crisis del sector, el último Día del Padre fue “la antesala” para que estos comercios y empresas decidieran cerrar definitivamente.
“El consumo se sigue achicando, los tarifazos son muy dolorosos para el conjunto de la actividad y no se vislumbra una salida. El balance es bastante sombrío. Están atacando el mercado interno para herirlo de muerte”, señaló Manusovich al considerar que lo que se viene tendrá un fuerte impacto sobre la producción y el empleo.
Mientras tanto, en el Senado, el ex CEO de la Shell y actual ministro de Energía, Juan José Aranguren, justificaba la suba de las tarifas de gas y electricidad, dándose el gusto de decir que “estamos aprendiendo sobre la marcha”.
“Teniendo en cuenta los aumentos de hasta el 2.000% y las duras consecuencias para el conjunto de la población y las actividades productivas, es poco serio que el ministro hable de prueba y error, cuando lo que hace es, lisa y llanamente, una transferencia de ingresos de los bolsillos de los argentinos a las empresas privatizadas”, remarcó el titular de Fedecámaras.
En su exposición ante las comisiones de la Cámara Alta, Aranguren también dijo que “el objetivo del ajuste tarifario no es reducir el déficit fiscal al eliminar los subsidios, sino que haya energía en el país”, y luego volvió a la ya clásica excusa macrista de la herencia recibida: “Si manteníamos el esquema anterior, los cortes de luz y de gas iban a ser más frecuentes y el servicio iba a seguir deteriorándose”.
Su explicación se ciñó a los doce años de gobiernos kirchneristas, pero evitó hablar del origen del problema, durante la década del noventa, cuando el menemismo privatizó los servicios públicos y las empresas concesionarias empezaron a girar sus ganancias al exterior en vez de invertirlas.
Ahora, con Macri y Aranguren, esas mismas firmas se ven nuevamente favorecidas con fuertes aumentos tarifarios, que recaen sobre las espaldas de unos 15 millones de usuarios, sin necesidad de dar a conocer ningún plan de inversión. Desde el Gobierno de Cambiemos tampoco dicen cómo harán para garantizar la mejor calidad de servicio que prometen cada vez que salen a justificar las subas.
Días atrás, el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA), José Rigane, explicó que el “modelo energético de Aranguren está basado en la extranjerización para beneficiar a las multinacionales”.
“Todas sus decisiones políticas pasan por recuperar las ganancias y beneficios para los grupos petroleros multinacionales. Esto explica los tarifazos”, completó el dirigente.
En el caso del gas, es más que palpable: se calculan transferencias de unos 4.000 millones de dólares, de los cuales tres cuartas partes irán a parar a las arcas de petroleras como la Shell, donde Aranguren tiene acciones por un valor superior a los 16 millones de pesos.
A esto deben sumarse los aumentos acumulados del 30% en los combustibles –aunque para el ministro de Energía “no hay subas en las naftas, sino un reconocimiento del costo de la materia prima”–; la reciente compra directa de gas a una compañía chilena vinculada a la petrolera anglo-holandesa, con sobreprecios de hasta un 128%; y la importación de gasoil, que quedó casi exclusivamente en manos de Shell Western gracias a Julio Bragulat, el funcionario que puso Aranguren al frente de Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista.
Con tales antecedentes en tan sólo seis meses de gestión, a los macristas se les hace cada vez más difícil defender al CEOfuncionario. Hasta la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que suele cajonear toda investigación que involucre al presidente o miembros de su gabinete, debió reconocer que el de Aranguren “es el caso más complicado” que tiene en estudio.
