Las amenazas comenzaron con llamados telefónicos, mensajes de voz en los celulares, correos electrónicos y cartas, pero con los días las intimidaciones se incrementaron «en frecuencia y en gravedad». Las intimidaciones fueron denunciadas por el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, Carlos Rozanski, ante el juzgado federal Nº1 de esa ciudad. Se trata de una seguidilla de «graves amenazas e intimidaciones» contra él ysus colaboradores, que describió como episodios brutales, con niveles de perversión y saña “irreproducibles”, que comenzaron en los primeros días de enero luego de que se conocieran los fundamentos de la sentencia que condenó a quince represores del centro clandestino de la dictadura cívico militar conocido como “La Cacha”.
Para el juez, los autores no solo buscan sabotear un juicio, “sino que creo que es algo más amplio que tiene que ver con el proceso de juicios (por los crímenes del genocidio) en general”. La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Laureano Durán, y Rozanski se mostró confiado en que se llegue a los autores.
«Los primeros días de enero y en coincidencia con la lectura de los fundamentos, comenzamos a recibir amenazas de muerte que continúan hasta el día de la fecha», explicó Rozanski. El magistrado explicó a contexto que la seguidilla estuvo constituida por “amenazas con mucha perversión” que, reflexionó, evidencian “una avanzada estructura logística con información sobre el entorno social y familiar de cada uno de los destinatarios». Los ataques también fueron dirigidos a personal del TOFN°1 de La Plata, y afectó a sus familias.
“Las amenazas fueron de una agresividad muy fuerte y tienen una finalidad que trasciende un juicio (el de La Cacha): no creo que sea solamente el sabotaje a un juicio, sino que creo que es algo más amplio que tiene que ver con el proceso de juicios (por crímenes de lesa humanidad) en general”, razonó el juez. En su análisis, el magistrado que desde hace 9 años encabeza el tribunal dedicado al juzgamiento de los crímenes de la dictadura en La Plata, considera las amenazas como parte de una “campaña” destinada a desestabilizar el proceso de juicios por delitos de lesa humanidad que se lleva adelante en el país.
El juicio por La Cacha culminó en octubre con 15 represores condenados, entre ellos el ex jefe policial de la dictadura, Miguel Etchecolatz, el ex ministro de Gobierno, Jaime Smart, y civiles y militares que operaban en el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, de quien dependía el centro clandestino. Al finalizar el debate, Rozanski aseguró que los procesos judiciales por el genocidio eran “irreversibles”.
Sin embargo, ayer destacó que aún persiste “un sector muy pequeño de la sociedad que no quiere que los juicios sigan”. Por eso, consideró que el proceso de amenazas e intimidaciones, además de buscar sembrar un estado de alarma y terror, “apunta a sabotear los juicios y atacar a los tribunales: mi sensación es que la idea es, también, la demonización de los tribunales que juzgan, condenan y logran que las personas cumplan las penas”.
Rozanski fue víctima de amenazas anteriormente, desde el juicio a Etchecolatz en 2006, hasta el del Circuito Camps, en 2011. Pero para el juez la diferencia es que a las intimidaciones que se suceden desde los primeros días del año no las considera intentos de sabotaje a un caso puntual, sino al proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Por eso, no descartó “los avances judiciales de algunos tribunales dispuestos a determinar las responsabilidades y complicidades de sectores de la población hasta ahora excluidos”, como son los civiles, hayan influido.
