Por Gabriela Calotti
La suspensión del servicio de trenes que la empresa Ferrobaires brindaba a ocho destinos bonaerenses, entre estos Tandil, Junín, Pehuajó, 25 de Mayo y Bahía Blanca, sin contar Mar del Plata y Pinamar –parados desde hace rato–, que decidió el Gobierno de María Eugenia Vidal a raíz de un choque días atrás en el recorrido Junín-Retiro que dejó varios heridos, pone en peligro la continuidad del ferrocarril en la provincia, los proyectos de ampliación que se venían trabajando, y enciende las alertas sobre una vuelta a los años noventa.
“Ramal que para, ramal que cierra” fue la frase que marcó la década de la presidencia de Carlos Menem durante la cual los pocos ramales ferroviarios que quedaron en pie fueron privatizados. Aquella década que dejó sin trenes a la vasta geografía argentina que contaba con servicios que iban hasta Neuquén en el sur y Salta en el norte, y con una red ferroviaria que recorría la provincia.
“Acá hay algo sospechoso como en la década del noventa, que la tenemos a la vuelta de la esquina”, afirmó a Contexto Oscar Farías, ex trabajador ferroviario oriundo de Junín.
En su opinión, la decisión de las autoridades bonaerenses de suspender el servicio de un tren tan esperado por los pueblos bonaerenses “desnuda la falta de un proyecto ferroviario para nuestra provincia y para Argentina”.
“Hoy la gobernadora debería estar anunciando que suspenden el servicio para lanzar un proyecto. Estamos cansados del discurso de lo que pasó. Queremos que nos explique qué proyecto tiene para los ferrocarriles”, sostuvo Farías, que entre 2013 y 2015 trabajó en infraestructura ferroviaria y en el relevamiento patrimonial.
Ferrobaires, creada en 1993 por el gobierno provincial, cumple, en teoría, ocho recorridos desde Retiro, Constitución y Once a través de las líneas San Martin, Sarmiento y Roca con destinos finales en las localidades de Junín y Alberdi, Bragado y Pehuajó, 25 de Mayo, Tandil, Bahía Blanca, y Mar del Plata y Pinamar que no funcionan desde hace tiempo.
A raíz del choque que se produjo el 30 de junio a la altura de la localidad de Rawson en el tren que iba de Junín a Retiro, el Ministerio de Infraestructuras y Servicios Públicos de la provincia “resolvió suspender todos los servicios ferroviarios prestados por la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (Ferrobaires), con el objetivo de preservar la seguridad de los usuarios y operarios del servicio», según un comunicado del Gobierno de Vidal.
“Todos los servicios están suspendidos hasta nuevo aviso”, se limitó a indicar una fuente de Ferrobaires consultada este lunes por Contexto.
Según Farías, “es dudosa la decisión de suspender todo un servicio en la provincia por un error involuntario humano en una sola línea”.
Con esa decisión, el Gobierno macrista bonaerense ignoró la función que Ferrobaires reivindica como prestadora de un “servicio social para acceder a lugares donde el ferrocarril constituye el único medio de transporte”, dice su página web.
En todo caso, la realidad de esta gestión no es esa, pues la suspensión del servicio de Ferrobaires en la provincia afecta a “mucha gente que viaja en la línea San Martín a Buenos Aires para ir al Garrahan (hospital de pediatría de referencia), al Hospital Durán, al Hospital Santa Lucía”, precisó Farías, antes de subrayar que ahora, en virtud de las tarifas de transportes, ir de Junín a Buenos Aires por ruta, que son 260 km, supone gastar mil pesos.
“Por eso, desde lo social es un daño moral-ético al bolsillo del ciudadano”, sostuvo Farías, que también expresó su preocupación por las fuentes laborales. Ferrobaires cuenta con 2.700 trabajadores.
Los cuatro gremios de la actividad, La Fraternidad, Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) y la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA) se declararon el fin de semana en “estado de alerta y sesión permanente” y rechazaron la decisión provincial, pues implica “un alto grado de incertidumbre en la familia ferroviaria por el riesgo de perder su fuente laboral”.
“Teniendo en cuenta la verdadera importancia que implica este modo de transporte para miles de usuarios, fundamentalmente para aquellos de menores recursos, se resuelve declarar el estado de alerta y sesión permanente”, indicaron los cuatro sindicatos en un comunicado.
Los sindicatos no descartaron tomar medidas “en defensa del sistema ferroviario, de los derechos de los trabajadores y del público en general”.
Los gremios advirtieron además sobre la militarización de Ferrobaires y cuestionaron la “insostenible gestión del militar Dotti”. A fines de febrero, Vidal designó al coronel de Caballería retirado del Ejército y licenciado en Organización y Estrategia, Horacio Fernando Ramón Dotti, como administrador general de Ferrobaires.
En unas primeras declaraciones tras su designación, el propio Dotti aseguró que venía a “cambiar cómo viaja la gente en la provincia». Mientras tanto, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y Vidal se pasan la pelota de Ferrobaires, que debería haber pasado a la órbita nacional.
